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Expertos advierten que los petardos pueden causar traumas sonoros agudos

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Recomendaciones pirotecnia fallas

El equipo médico del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Casa de Salud de València ha advertido este viernes del riesgo de sufrir traumas sonoros agudos por la explosión de un petardo cerca del oído si no se guardan las debidas distancias.

Al respecto, la doctora Comeche ha explicado que hay que alertar a la población de los posibles riesgos que conlleva el presenciar un espectáculo pirotécnico de las características de una mascletà si no se toman determinadas precauciones como distanciarse «prudentemente».

Ha señalado que «se corre habitualmente más riesgo por la explosión de cualquier petardo inesperado andando por la calle o alrededor de los casales donde están constantemente tirando petardos, que en una mascletà dadas las medidas de seguridad actuales».

Las lesiones, según la facultativa, que puede provocar la explosión de un petardo en el oído humano pueden generarse por dos motivos. Por un lado debido al trauma sonoro o intensidad del ruido producido por un fenómeno vibratorio violento de duración muy corta pero de elevada intensidad y, por otro, como consecuencia de la onda expansiva del ruido o barotrauma auricular que se añade al trauma sonoro en una explosión y que puede llegar a romper el tímpano e incluso dañar al oído interno.

Las primeras manifestaciones de estos síntomas son un dolor agudo, sensación de taponamiento, sangrado, pérdida de audición y pitidos en el oído.

Para la doctora, si el ruido es muy intenso afecta al oído interno y dependiendo de la intensidad puede provocar una pérdida de audición irreversible o traumas acústicos en la frecuencia a 4.000 Hz que precisamente «muchos valencianos padecen sin saberlo».

Las lesiones del oído por la explosión de un petardo deben englobarse entre los barotraumas, ya que las causas de las lesiones radican más en la onda expansiva que es similar a cuando se rompen los cristales en un edificio que al ruido en sí mismo, provocando lesiones en el oído medio.

Son «especialmente alarmantes» en el caso de niños pequeños a lo que la doctora recomienda no asistir a las mascletaes porque sus oídos se pueden dañar de forma «irreversible». También pueden verse especialmente afectadas las personas constipadas, ya que el proceso catarral aumenta el riesgo de lesiones.

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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