VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) –
La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 de València, que investiga presuntas irregularidades en la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en julio de 2006, que cite a declarar a directivos de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), entre ellos, a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, por el papel de esa empresa pública –de la que en 2011 era consejera delegada, además de consellera de Infraestructuras en el Gobierno de Francisco Camps– con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF).
Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado por el fiscal Jesús Carrasco, pide al juzgado que tome declaración al entonces directivo de Vaersa Enrique Simó; a la ex secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña y a Bonig, consejera delegada de esa entidad desde el 25 de julio de 2011, «que es quien finalmente interviene por la misma liberando de la obligación de pago de la deuda de 519.011,65 euros a la Fundación».
Además de estas declaraciones, Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de fecha 22 de mayo, ha pedido al juzgado que cite como investigado a Felipe Espinosa, que fue director general de Vaersa «al objeto de determinar su implicación en los hechos, en relación con las decisiones adoptadas por el mismo acerca de la facturación de las deudas contraídas» por la FVEMF con esa entidad pública, de acuerdo con el testimonio que en su día remitió otro juzgado de València, el 15, y que dio origen a este procedimiento.
Según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a las diligencias por las contrataciones con motivo de la visita del Papa, se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15 –por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato–, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados tanto Felipe Espinosa como Simó, aunque en este último caso, la petición de Fiscalía señala únicamente que interesa que se le tome declaración.
MÁS MESES PARA INVESTIGAR
En el escrito de la Fiscalía, en el que solicita que además de estas diligencias se acuerde una nueva prórroga de la investigación de esta causa por otro periodo no inferior a 18 meses, también pide que se tome declaración a personas relacionadas con la gestión económica y contable de la FVEMF, en concreto, aquellas que tuvieron que ver con las labores preparatorias y/o auxiliares de contratación.
Se trata del contable y/o tesorero de la entidad; el expresidente y vicepresidente de la Diputación que intervinieron en el patronato de la Fundación, Fernando Giner y Juan José Medina (PP); al interventor de la corporación provincial; el exedil ‘popular’ en València Miquel Domínguez; al que fuera jefe de seguridad del evento y que ocupó cargos en Delegación de Gobierno y en la Policía Local, José Vicente Herrera, y el presidente de la Fundación Agroalimentaria, Fernando Hernández.
Igualmente, Fiscalía pide la declaración de legales representantes de mercantiles que contrataron con la entidad, como los de Cronosport Bajo Aragón; a de los empresas Cuco SL y Trasgos S.L. –firma esta última con la que en esas fechas el PP de València contrató actos de campaña–; a José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción –hermano del exministro del Interior y que figura como procesado en la causa por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de la F1– y que se identifique a otras personas de otras cuatro mercantiles con las que también se formalizaron contratos.
Por último, pide que se reciba declaración al censor jurado de cuentas que realizó un informe de auditoría contable; y a tres personas relacionadas con el proceso de liquidación y disolución de la FVEMF: Eusebio Monzó, que fue secretario de Hacienda en la fecha de los hechos y posteriormente edil del PP en el Ayuntamiento de València; al director o responsable del Protectorado en el registro de Fundaciones de la Dirección General de Justicia y a una abogada de la Generalitat.
La causa por las contrataciones de la visita del Papa se abrió en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad y que tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Se investiga si las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del Papa se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.
RESTO DE INVESTIGADOS
El juzgado acordó citar en su día como investigados al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos (sus comparecencias están previstas para el 5 de junio); al también exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y al obispo auxiliar de València Esteban Escudero. Estos dos últimos ya han declarado.
Recientemente declaró Cotino, que aportó al Juzgado un informe de un abogado del Estado en excedencia que concluye que la FVEMF no era pública ni quedaba sujeta a las exigencias de la normativa de contratación pública vigente.
El documento, por tanto, obtiene una conclusión contraria a la alcanzada tanto por el perito judicial como al agente de la UDEF que se pronunciaron sobre la naturaleza jurídica de la entidad — que determinaron su carácter público desde el mismo momento de su constitución–, y sobre los que el perito de Cotino considera que los argumentos esgrimidos carecen de la «más mínima consistencia jurídica».
