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La joven asesinada en Alboraya murió estrangulada

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VALÈNCIA, 11 Jun. – La Guardia Civil investiga el estrangulamiento como principal causa de la muerte de una mujer este lunes en Alboraia (Valencia) supuestamente por parte de su pareja, que posteriormente se suicidó lanzándose por el balcón de la vivienda, según han confirmado fuentes de la investigación.

El delegado de Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado este martes, tras guardar un minuto de silencio en condena por este presunto caso de violencia de género, que se generó «confusión» sobre las causas de la muerte porque se encontró un cuchillo manchado de sangre, aunque en «un principio la víctima no presentaba heridas».

Por este motivo, fuentes de la investigación han señalado que, si la mujer presentara alguna herida de arma blanca, no es compatible con la causa de la muerte.

Al respecto Fulgencio ha señalado que hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte de Beatriz. La Guardia Civil instruye diligencias por este caso por un delito de homicidio doloso por violencia de género, que está siendo tramitado ante el juzgado de instrucción número 2 de Moncada.

SIN DENUNCIAS PREVIAS
Además, ha confirmado que en este caso no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, que mantenía una relación desde hace cuatro años, por lo que «no había ningún tipo de vigilancia ni seguimiento».

El delegado ha realizado un llamamiento a todas las mujeres que sean víctimas de la violencia de género para que denuncien su situación y, si no son capaces, que lo haga su entorno en cuanto detecte una situación de peligro.

Se trataría de la víctima de género número 999 o 1.000 en función de si se confirma primero que la muerte de Beatriz o de la mujer Ayamonte (Huelva), que también está siendo investigada como un crimen machista.

En cualquier caso, ha apuntado que «todas las víctimas nos tienen que hacer volver la vista atrás para poder mirar hacia delante» y que «no es una cuestión de alcanzar una determinada cifra en esta triste estadística» porque luego «llegará tristemente la 1.001 y la 1.002».

Fulgencio ha subrayado que hay que «atajar las causas culturales» de estos asesinatos machistas porque «solo a través de un sistema educativo alejado de esa dominación masculina y de la imposición del patriarcado vamos a poder resolver».

Así, ha abogado por «llegar a un consenso para modificar nuestros valores culturales» y «cómo interpretar muchas cosas que en el día a día aparecen normales como la publicidad y que llevan a una concepción machista y puramente patriarcal de dominación». «La sociedad tenemos que estar muy vigilantes en estos casos para evitar» asesinatos de mujeres, ha reclamado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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