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La Catedral de Valencia, lista para la desescalada: desde el lunes acogerá un máximo de 300 personas, una por banco

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La Catedral de Valencia ha finalizado su adaptación para iniciar el próximo lunes, 11 de mayo, la primera fase de la desescalada en la que podrá acoger hasta un máximo de 300 personas, a razón de una por banco, en sus celebraciones, según han indicado fuentes del Cabildo catedralicio.

Así, en las últimas semanas toda la Catedral ha sido desinfectada, incluyendo todas las capillas, bancos y demás mobiliario.

En el caso de los bancos, han sido colocados ya unos indicativos que expresan que podrá sentarse una persona por banco, en disposición de zigzag para garantizar la distancia de seguridad.

La única puerta habilitada para la entrada y salida al templo durante esta fase será la conocida como puerta de los Hierros, recayente a la Plaza de la Reina.

Los horarios de misas a partir del lunes serán días laborables, 8, 8.45, 9, 11, 19 y 20 horas, y en el caso de los domingos, 8, 8.45, 9.45, 11, 12, 13, 19 y 21 horas.

Para las confesiones se habilitarán tres capillas, las de la Purísima, San Vicente y San José, en las que se han habilitado lugares penitenciales con mamparas de metacrilato.

La primera fase de la desescalada que comienza el lunes 11 de mayo, se prolongará hasta el inicio de la segunda fase, “que probablemente comience el lunes 25 de mayo” si se mantiene el calendario previsto durante el estado de alarma.

Así será este año la Fiesta de la Virgen de los Desamparados

La Catedral inicia hoy las celebraciones de la Virgen de los Desamparados

Por otra parte, la Catedral inicia hoy las celebraciones de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, cuya solemnidad litúrgica es mañana, sábado, aunque la celebración principal como es tradición en Valencia se traslada al segundo domingo de mayo, es decir, el próximo día 10.

En el caso de la Seo, esta tarde a las 18 horas el Cabildo celebrará las primeras vísperas, aunque debido a la normativa vigente por el estado de alarma, no podrá hacerlo como es tradición en la Basílica de la Virgen, sino en la propia Catedral a puerta cerrada.

Mañana, sábado, la misa solemne en honor a la Virgen de los Desamparados tendrá lugar en la Catedral, a puerta cerrada, a las 9,30 horas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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