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La CIA concluye que el príncipe Mohamed Bin Salmán ordenó matar a Khashoggi

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Un alto funcionario estadounidense ha confirmado a la CNN que la evaluación de la CIA sobre el asesinato de Jamal Khashoggi concluye que Mohamed bin Salman ordenó el asesinato. La conclusión se basa en una combinación de la grabación proporcionada por los turcos y otras evidencias, así como material de la inteligencia estadounidense y también de la certeza de que una operación de esta magnitud no se produciría sin el conocimiento del príncipe heredero dado su control del gobierno.

Una portavoz de la Embajada de Arabia Saudita dijo en una declaración que “las afirmaciones en esta supuesta evaluación son falsas: «Tenemos y seguimos escuchando diversas teorías sin ver la base principal de estas especulaciones».

Khashoggi, que fue alguien cercano a la realeza saudí y se convirtió en crítico del gobierno del país, desapareció en octubre después de visitar el consulado saudí en Estambul para obtener los documentos para su próximo matrimonio.

La inteligencia de los Estados Unidos analizada por la CIA incluía una llamada telefónica que Khalid bin Salman, el hermano del príncipe, hizo a Khashoggi y que alentó al periodista a hacer el viaje al consulado para obtener los documentos, según el Post. Las fuentes dijeron al Post que Khalid hizo la llamada por orden de su hermano.

Khalid negó los informes del Post y dijo en Twitter que nunca había hablado por teléfono con Khashoggi.

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La justicia archiva la querella contra Paco Salazar por acoso sexual al no existir denuncias de las presuntas víctimas

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Paco Salazar
Paco Salazar

El juzgado inadmite la acción presentada por Hazte Oír al apreciar falta de legitimación y ausencia de indicios suficientes, tal y como solicitó la Fiscalía

La justicia ha decidido archivar la querella presentada contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, al no existir denuncias formales por parte de las supuestas víctimas. La resolución, dictada por la Sección de Violencia sobre la Mujer, inadmite la acción penal impulsada por la asociación Hazte Oír al considerar que carece de legitimación y que no hay una base indiciaria suficiente para abrir una investigación judicial.

El auto judicial se alinea con el criterio de la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo de la causa al entender que, en ausencia de denuncias directas de las personas presuntamente afectadas, no concurren los requisitos legales mínimos para iniciar un procedimiento penal por este tipo de delitos.

Falta de legitimación y ausencia de indicios

Según la resolución, Hazte Oír no está legitimada para ejercer la acción penal en este caso concreto, ya que no representa a ninguna de las supuestas víctimas ni actúa en su nombre. Además, el juzgado subraya que los hechos relatados en la querella no vienen acompañados de pruebas ni testimonios directos que permitan sostener, siquiera de forma indiciaria, la existencia de un delito.

La magistrada recuerda que los delitos contra la libertad sexual, salvo excepciones muy concretas, requieren la iniciativa procesal de la persona presuntamente perjudicada, especialmente cuando no se trata de hechos flagrantes ni acreditados por otros medios objetivos.

Sin investigación judicial abierta

Con esta decisión, la justicia descarta abrir diligencias contra el exdirigente socialista mientras no exista una denuncia expresa de alguna víctima o nuevos elementos probatorios que justifiquen la actuación de oficio. El archivo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que se limita a constatar que no se dan las condiciones legales para investigar los hechos en sede judicial.

Fuentes jurídicas recuerdan que el archivo no impide que, en el futuro, el caso pueda reabrirse si alguna persona afectada decide denunciar o si aparecen nuevos indicios relevantes.

Contexto del caso

La querella fue presentada tras la difusión pública de informaciones y testimonios indirectos sobre comportamientos presuntamente inapropiados. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas ha presentado hasta ahora denuncia ante la Policía, la Fiscalía o un juzgado.

Desde el entorno del investigado se ha insistido en su disposición a colaborar con la justicia y en su rechazo a las acusaciones, mientras que desde el ámbito jurídico se subraya la importancia de preservar tanto la presunción de inocencia como el derecho de las víctimas a denunciar cuando así lo decidan.

 

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