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La Comunidad se adhiere a la red ‘Menores ni una gota’ contra el consumo de alcohol

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ANA CÁNOVAS

La Comunidad refuerza su trabajo contra el consumo de alcohol en menores y se une a la red ‘Menores ni una gota’. «El Gobierno regional se convierte en una de las entidades comprometidas con esta iniciativa, pasando a formar parte de una red que cuenta ya con más de 200 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas», ha explicado la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, tras firmar junto al director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), Bosco Torremocha, la adhesión de la Comunidad a esta red.

También, Martínez-Cachá ha destacado estas actuaciones de prevención y sensibilización en un tema «tan importante». «Es necesario generar una conciencia social sobre la prevención del consumo de alcohol en menores de edad para que, entre todos, seamos capaces de evitar que los más jóvenes se inicien al consumo de una forma prematura», ha remarcado.

Este programa contempla actividades de información y prevención dirigidas tanto a los propios menores, como a sus familias. Mediante estas iniciativas se pretende dotar a las familias de herramientas con las que enfrentarse a un posible consumo precoz por parte de sus hijos.

De este modo, el próximo 22 de enero la psicóloga Rocío Ramos-Paul, conocida por su intervención en el programa de televisión Supernanny, impartirá una charla informativa dirigida a padres y educadores en la que tratará de aportar pautas que les ayuden a enfrentarse a un posible consumo precoz de alcohol entre los menores.

La información compartida en esta actividad estará apoyada por la guía gratuita ‘Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol’, elaborada por Rocío Ramos-Paúl y que contiene 101 argumentos para que padres y educadores puedan abordar, desde una perspectiva educativa y preventiva, la problemática del consumo de alcohol en menores de entre 12 y 18 años. Esta guía puede descargarse de forma gratuita en la web www.menoresniunagota.es

Además, se desarrollarán diferentes acciones para buscar la implicación de otros colectivos, como la hostelería y la distribución. De este modo, y bajo el lema ‘Yo no vendo alcohol a menores’, la campaña promueve actividades dirigidas al sector de la hostelería para ayudarles a evitar la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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