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La Comunidad se adhiere a la red ‘Menores ni una gota’ contra el consumo de alcohol

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ANA CÁNOVAS

La Comunidad refuerza su trabajo contra el consumo de alcohol en menores y se une a la red ‘Menores ni una gota’. «El Gobierno regional se convierte en una de las entidades comprometidas con esta iniciativa, pasando a formar parte de una red que cuenta ya con más de 200 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas», ha explicado la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, tras firmar junto al director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), Bosco Torremocha, la adhesión de la Comunidad a esta red.

También, Martínez-Cachá ha destacado estas actuaciones de prevención y sensibilización en un tema «tan importante». «Es necesario generar una conciencia social sobre la prevención del consumo de alcohol en menores de edad para que, entre todos, seamos capaces de evitar que los más jóvenes se inicien al consumo de una forma prematura», ha remarcado.

Este programa contempla actividades de información y prevención dirigidas tanto a los propios menores, como a sus familias. Mediante estas iniciativas se pretende dotar a las familias de herramientas con las que enfrentarse a un posible consumo precoz por parte de sus hijos.

De este modo, el próximo 22 de enero la psicóloga Rocío Ramos-Paul, conocida por su intervención en el programa de televisión Supernanny, impartirá una charla informativa dirigida a padres y educadores en la que tratará de aportar pautas que les ayuden a enfrentarse a un posible consumo precoz de alcohol entre los menores.

La información compartida en esta actividad estará apoyada por la guía gratuita ‘Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol’, elaborada por Rocío Ramos-Paúl y que contiene 101 argumentos para que padres y educadores puedan abordar, desde una perspectiva educativa y preventiva, la problemática del consumo de alcohol en menores de entre 12 y 18 años. Esta guía puede descargarse de forma gratuita en la web www.menoresniunagota.es

Además, se desarrollarán diferentes acciones para buscar la implicación de otros colectivos, como la hostelería y la distribución. De este modo, y bajo el lema ‘Yo no vendo alcohol a menores’, la campaña promueve actividades dirigidas al sector de la hostelería para ayudarles a evitar la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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