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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha desvelado este martes que la Generalitat ha detectado más de 2.000 defraudadores y ha recuperado entorno a 10 millones de euros en lo que va de legislatura.

Así lo ha manifestado durante su conferencia ‘Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro’ en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

La también portavoz socialista en el Consistorio valenciano ha definido al conseller como uno de los «arquitectos» de la Generalitat, símbolo de «una forma de hacer política eficiente, competente, valiente y justa» que ha logrado «hitos casi milagrosos». Soler, emocionado por sus palabras, ha asegurado que Gómez «refleja muy bien la socialdemocracia del siglo XXI».

Durante su intervención, el titular de Hacienda y Modelo Económico ha reivindicado una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva la infrafinanciación valenciana, un problema «absolutamente inmoral», ha dicho, aunque ha aprovechado también para desgranar las medidas que la Generalitat está llevando a cabo para mejorar las cuentas y transformar el modelo productivo.

En este sentido, Soler ha destacado la que las campañas de inspección de las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio han aflorado más de 2.000 defraudadores y han recuperado 10 millones de euros.

En la persecución del fraude fiscal, ha agregado, «el Instituto Valenciano de Administración Tributaria creado pero dejado en el congelador por el anterior gobierno del PP es ya una realidad operativa», con su plantilla seleccionada por oposición.

Además, ha hecho un repaso de los cambios fiscales introducidos por el actual Consell, especialmente en el IRPF, donde se han rebajado los tipos impositivos de las rentas medias y bajas, aumentado ligeramente los de las altas; ha culminado la elaboración de la nueva Ley de Tasas y se ha aprobado una nueva Ley del Juego.

Desde el punto de vista del gasto, Soler ha resaltado «medidas de racionalización y control del sector público instrumental»: reducción del número de miembros en los consejos de administración, limitación y publicidad de retribuciones de los altos cargos y de la masa salarial de cada entidad, obligación de publicidad de las contrataciones de personal o puesta en orden de las plantillas.

En este punto, ha subrayado que «están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de una veintena de entidades, mientras el anterior Gobierno solo tenía una».

Asimismo, ha señalado que se está «racionalizando la estructura del sector público» para hacer desaparecer los «chiringuitos» opacos creados en el pasado y se está redactado el borrador del anteproyecto de Ley para la Reforma del Sector Público Empresarial y Fundacional.

Soler ha querido también poner de relieve la reducción de los gastos de las cajas fijas de las consellerias y las reformas en materia de contratación para favorecer un baremo que considera aspectos de responsabilidad social.

Además, se está trabajando en un inventario para tener «geolocalizados» los bienes patrimoniales inmobiliarios de la Generalitat y se está actuando para optimizar los fondos europeos, ha destacado.

«MOVILIZACIÓN SILENCIOSA» PARA CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO

En la misma línea, Vicent Soler ha asegurado que se está trabajando para transformar el modelo económico valenciano y ha defendido que «necesitamos una movilización social, silenciosa, desde el trabajo conjunto y bien hecho» para revertir la situación actual de precariedad, endeudamiento, dificultades y malestar. Esta responsabilidad, ha señalado, es compartida con la Agencia Valenciana de la Innovación.

En este camino, ha destacado los cambios en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que se ha «retornado» la capacidad de otorgar crédito al sector privado y se ha configurado como un «banco público» equiparable con entidades similares en otros países europeos.

Asimismo, ha destacado los trabajos emprendidos en las tecnologías de la información para incrementar la competencia digital y aumentar la eficiencia de la administración.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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