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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha desvelado este martes que la Generalitat ha detectado más de 2.000 defraudadores y ha recuperado entorno a 10 millones de euros en lo que va de legislatura.

Así lo ha manifestado durante su conferencia ‘Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro’ en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

La también portavoz socialista en el Consistorio valenciano ha definido al conseller como uno de los «arquitectos» de la Generalitat, símbolo de «una forma de hacer política eficiente, competente, valiente y justa» que ha logrado «hitos casi milagrosos». Soler, emocionado por sus palabras, ha asegurado que Gómez «refleja muy bien la socialdemocracia del siglo XXI».

Durante su intervención, el titular de Hacienda y Modelo Económico ha reivindicado una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva la infrafinanciación valenciana, un problema «absolutamente inmoral», ha dicho, aunque ha aprovechado también para desgranar las medidas que la Generalitat está llevando a cabo para mejorar las cuentas y transformar el modelo productivo.

En este sentido, Soler ha destacado la que las campañas de inspección de las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio han aflorado más de 2.000 defraudadores y han recuperado 10 millones de euros.

En la persecución del fraude fiscal, ha agregado, «el Instituto Valenciano de Administración Tributaria creado pero dejado en el congelador por el anterior gobierno del PP es ya una realidad operativa», con su plantilla seleccionada por oposición.

Además, ha hecho un repaso de los cambios fiscales introducidos por el actual Consell, especialmente en el IRPF, donde se han rebajado los tipos impositivos de las rentas medias y bajas, aumentado ligeramente los de las altas; ha culminado la elaboración de la nueva Ley de Tasas y se ha aprobado una nueva Ley del Juego.

Desde el punto de vista del gasto, Soler ha resaltado «medidas de racionalización y control del sector público instrumental»: reducción del número de miembros en los consejos de administración, limitación y publicidad de retribuciones de los altos cargos y de la masa salarial de cada entidad, obligación de publicidad de las contrataciones de personal o puesta en orden de las plantillas.

En este punto, ha subrayado que «están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de una veintena de entidades, mientras el anterior Gobierno solo tenía una».

Asimismo, ha señalado que se está «racionalizando la estructura del sector público» para hacer desaparecer los «chiringuitos» opacos creados en el pasado y se está redactado el borrador del anteproyecto de Ley para la Reforma del Sector Público Empresarial y Fundacional.

Soler ha querido también poner de relieve la reducción de los gastos de las cajas fijas de las consellerias y las reformas en materia de contratación para favorecer un baremo que considera aspectos de responsabilidad social.

Además, se está trabajando en un inventario para tener «geolocalizados» los bienes patrimoniales inmobiliarios de la Generalitat y se está actuando para optimizar los fondos europeos, ha destacado.

«MOVILIZACIÓN SILENCIOSA» PARA CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO

En la misma línea, Vicent Soler ha asegurado que se está trabajando para transformar el modelo económico valenciano y ha defendido que «necesitamos una movilización social, silenciosa, desde el trabajo conjunto y bien hecho» para revertir la situación actual de precariedad, endeudamiento, dificultades y malestar. Esta responsabilidad, ha señalado, es compartida con la Agencia Valenciana de la Innovación.

En este camino, ha destacado los cambios en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que se ha «retornado» la capacidad de otorgar crédito al sector privado y se ha configurado como un «banco público» equiparable con entidades similares en otros países europeos.

Asimismo, ha destacado los trabajos emprendidos en las tecnologías de la información para incrementar la competencia digital y aumentar la eficiencia de la administración.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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