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La policía investigará la fiesta del «Galileo Galilei»

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La fiesta de estudiantes en el colegio mayor Galileo Galilei, que ha dado lugar al brote «mayor de la Comunitat Valenciana hasta el momento», en palabras de la consellera de Sanitat, y al cierre de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València, puede acabar teniendo consecuencias penales para sus organizadores.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha ordenado hoy que se abra una investigación que determine quién organizó la fiesta y si se pidió dinero para poder acceder a la azotea del colegio mayor. Asimismo, se sancionará a quienes transgredieron las disposiciones que regulan las medidas de prevención de la pandemia de coronavirus.

El brote masivo que causó la fiesta en el colegio mayor continúa teniendo muchas derivaciones. Una de ellas es la suspensión de la prácticas de todas las titulaciones que forman parte de la rama de Ciencias de la Salud. Según publica hoy la Conselleria de Sanidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), «tras la detección de casos de Covid-19, en personas relacionadas con la residencia Galileo Galilei de València en los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020, y el cribado masivo realizado a todos sus residentes, se ha constatado que al menos de los 106 casos positivos detectados tras el cribado, 25 personas están relacionadas con carreras del ámbito de las Ciencias de la Salud de diferentes universidades del área metropolitana de la ciudad de València».

En el documento se justifica que «dadas estas cifras, el elevado número de contactos estrechos por caso, la alta incidencia de asintomáticos en la población joven y la alta vulnerabilidad de las personas a las que atienden durante su formación clínica, no se aconseja, en estos momentos y hasta la finalización del estudio de contactos estrechos de los casos conformados, la realización de prácticas por parte del alumnado de Ciencias de la Salud».

De ahí la orden de «suspender las prácticas de las disciplinas de Ciencias de la Salud, que se realizan en cualquier centro sanitario ubicado en la provincia de Valencia, por el alumnado de los grados en Ciencias de la Salud de las universidades públicas y privadas». La medida estará en vigor hasta el 16 de octubre.

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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