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La policía investigará la fiesta del «Galileo Galilei»

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La fiesta de estudiantes en el colegio mayor Galileo Galilei, que ha dado lugar al brote «mayor de la Comunitat Valenciana hasta el momento», en palabras de la consellera de Sanitat, y al cierre de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València, puede acabar teniendo consecuencias penales para sus organizadores.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha ordenado hoy que se abra una investigación que determine quién organizó la fiesta y si se pidió dinero para poder acceder a la azotea del colegio mayor. Asimismo, se sancionará a quienes transgredieron las disposiciones que regulan las medidas de prevención de la pandemia de coronavirus.

El brote masivo que causó la fiesta en el colegio mayor continúa teniendo muchas derivaciones. Una de ellas es la suspensión de la prácticas de todas las titulaciones que forman parte de la rama de Ciencias de la Salud. Según publica hoy la Conselleria de Sanidad en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), «tras la detección de casos de Covid-19, en personas relacionadas con la residencia Galileo Galilei de València en los pasados días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020, y el cribado masivo realizado a todos sus residentes, se ha constatado que al menos de los 106 casos positivos detectados tras el cribado, 25 personas están relacionadas con carreras del ámbito de las Ciencias de la Salud de diferentes universidades del área metropolitana de la ciudad de València».

En el documento se justifica que «dadas estas cifras, el elevado número de contactos estrechos por caso, la alta incidencia de asintomáticos en la población joven y la alta vulnerabilidad de las personas a las que atienden durante su formación clínica, no se aconseja, en estos momentos y hasta la finalización del estudio de contactos estrechos de los casos conformados, la realización de prácticas por parte del alumnado de Ciencias de la Salud».

De ahí la orden de «suspender las prácticas de las disciplinas de Ciencias de la Salud, que se realizan en cualquier centro sanitario ubicado en la provincia de Valencia, por el alumnado de los grados en Ciencias de la Salud de las universidades públicas y privadas». La medida estará en vigor hasta el 16 de octubre.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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