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Las ayudas a las productoras de la familia de Ximo Puig salpican a cuatro Consellerias

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La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Eva Ortiz, ha señalado este martes que las ayudas a las productoras de la familia del President de la Generalitat, Ximo Puig, ya implican a cuatro Consellerias: Justicia, Turismo, Educación y Presidencia, a dos comunidades autónomas y ya cuenta con el primer alto cargo del Consell a punto de declarar en el juzgado.

Eva Ortiz se ha referido de esta manera a la reciente citación del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano por la concesión de ayudas “poco claras” a los hermanos del President.

La secretaria general del PPCV ha recordado que se trata de unas ayudas “que están en el punto de mira por haber recibido ofertas que ahora se investigan y en las que estaban de forma directa o indirecta los hermanos de Puig. “Están en todas las salsas”, ha añadido. Así, ha manifestado que en este caso “se deben muchas explicaciones, y el primero que debe hablar, ante el silencio de Puig, es el director de Política Lingüística, mano derecha del conseller Marzà, que en breve entrará en el juzgado para explicar algo que Puig se niega a explicar”.

Eva Ortiz ha indicado que además de las cuatro consellerias, hay también dos comunidades autónomas implicadas, ya que las empresas ligadas a la familia Puig recibieron ayudas tanto de la Comunitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña. Además, hay cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia o la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

En este contexto, Eva Ortiz ha señalado que los empresarios de las productoras de televisión excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística al parecer intentaron recibir ayudas de las consellerias de Justicia y Turismo a través de una asociación de vecinos. “Esta es una historia de intrigas, empresas paralelas, pactos en la sombra y dinero público ensuciado con artimañas que comprometen la gestión de Puig”, ha advertido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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