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Las ayudas a las productoras de la familia de Ximo Puig salpican a cuatro Consellerias

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La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Eva Ortiz, ha señalado este martes que las ayudas a las productoras de la familia del President de la Generalitat, Ximo Puig, ya implican a cuatro Consellerias: Justicia, Turismo, Educación y Presidencia, a dos comunidades autónomas y ya cuenta con el primer alto cargo del Consell a punto de declarar en el juzgado.

Eva Ortiz se ha referido de esta manera a la reciente citación del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano por la concesión de ayudas “poco claras” a los hermanos del President.

La secretaria general del PPCV ha recordado que se trata de unas ayudas “que están en el punto de mira por haber recibido ofertas que ahora se investigan y en las que estaban de forma directa o indirecta los hermanos de Puig. “Están en todas las salsas”, ha añadido. Así, ha manifestado que en este caso “se deben muchas explicaciones, y el primero que debe hablar, ante el silencio de Puig, es el director de Política Lingüística, mano derecha del conseller Marzà, que en breve entrará en el juzgado para explicar algo que Puig se niega a explicar”.

Eva Ortiz ha indicado que además de las cuatro consellerias, hay también dos comunidades autónomas implicadas, ya que las empresas ligadas a la familia Puig recibieron ayudas tanto de la Comunitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña. Además, hay cinco organismos públicos que han denunciado o investigan dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia o la cadena pública À Punt, que tuvo que paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios, la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

En este contexto, Eva Ortiz ha señalado que los empresarios de las productoras de televisión excluidas de un concurso de À Punt por pactar precios e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística al parecer intentaron recibir ayudas de las consellerias de Justicia y Turismo a través de una asociación de vecinos. “Esta es una historia de intrigas, empresas paralelas, pactos en la sombra y dinero público ensuciado con artimañas que comprometen la gestión de Puig”, ha advertido.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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