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Las empresas en ERTE podrán empezar a despedir a partir de octubre

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Debido a la pandemia del COVID-19, más de 500.000 empresas españolas se acogieron a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Para ello, el Gobierno imponía entre los requisitos de poder acogerse a esta medida el mantener el empleo de los trabajadores durante 6 meses. Un condicionante que el Ejecutivo suavizaba para poder acordar con la patronal.

Con el requisito inicial de no poder despedir mínimo hasta 6 meses después que finalizase el Estado de Alarma, que fue en junio de 2020, por lo que no se debían producir despidos hasta final de 2020. No obstante, en la última prórroga, estos 6 meses empezaban a contar en el instante en que la empresa reincoporase a un trabajador en ERTE.

Muchos se empezaron a reincorporar en abril y mayo, por lo que de cumplirse este condicionante, las empresas podrían empezar los despidos el próximo mes de octubre sin que sean penalizadas por ello a devolver las subvenciones.

Un aspecto que se está negociando con los Sindicatos pero que de momento tiene vigencia el veto a los despidos objetivos por coronavirus hasta el 31 de diciembre. De hecho, de producirse despidos en este 2020 será más caro ya que según la propuesta del Gobierno deberán indemnizar con 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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