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Las empresas en ERTE podrán empezar a despedir a partir de octubre

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Debido a la pandemia del COVID-19, más de 500.000 empresas españolas se acogieron a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Para ello, el Gobierno imponía entre los requisitos de poder acogerse a esta medida el mantener el empleo de los trabajadores durante 6 meses. Un condicionante que el Ejecutivo suavizaba para poder acordar con la patronal.

Con el requisito inicial de no poder despedir mínimo hasta 6 meses después que finalizase el Estado de Alarma, que fue en junio de 2020, por lo que no se debían producir despidos hasta final de 2020. No obstante, en la última prórroga, estos 6 meses empezaban a contar en el instante en que la empresa reincoporase a un trabajador en ERTE.

Muchos se empezaron a reincorporar en abril y mayo, por lo que de cumplirse este condicionante, las empresas podrían empezar los despidos el próximo mes de octubre sin que sean penalizadas por ello a devolver las subvenciones.

Un aspecto que se está negociando con los Sindicatos pero que de momento tiene vigencia el veto a los despidos objetivos por coronavirus hasta el 31 de diciembre. De hecho, de producirse despidos en este 2020 será más caro ya que según la propuesta del Gobierno deberán indemnizar con 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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