Debido a la pandemia del COVID-19, más de 500.000 empresas españolas se acogieron a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Para ello, el Gobierno imponía entre los requisitos de poder acogerse a esta medida el mantener el empleo de los trabajadores durante 6 meses. Un condicionante que el Ejecutivo suavizaba para poder acordar con la patronal.

Con el requisito inicial de no poder despedir mínimo hasta 6 meses después que finalizase el Estado de Alarma, que fue en junio de 2020, por lo que no se debían producir despidos hasta final de 2020. No obstante, en la última prórroga, estos 6 meses empezaban a contar en el instante en que la empresa reincoporase a un trabajador en ERTE.

Muchos se empezaron a reincorporar en abril y mayo, por lo que de cumplirse este condicionante, las empresas podrían empezar los despidos el próximo mes de octubre sin que sean penalizadas por ello a devolver las subvenciones.

Un aspecto que se está negociando con los Sindicatos pero que de momento tiene vigencia el veto a los despidos objetivos por coronavirus hasta el 31 de diciembre. De hecho, de producirse despidos en este 2020 será más caro ya que según la propuesta del Gobierno deberán indemnizar con 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días.