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Las empresas en ERTE podrán empezar a despedir a partir de octubre

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Debido a la pandemia del COVID-19, más de 500.000 empresas españolas se acogieron a un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE). Para ello, el Gobierno imponía entre los requisitos de poder acogerse a esta medida el mantener el empleo de los trabajadores durante 6 meses. Un condicionante que el Ejecutivo suavizaba para poder acordar con la patronal.

Con el requisito inicial de no poder despedir mínimo hasta 6 meses después que finalizase el Estado de Alarma, que fue en junio de 2020, por lo que no se debían producir despidos hasta final de 2020. No obstante, en la última prórroga, estos 6 meses empezaban a contar en el instante en que la empresa reincoporase a un trabajador en ERTE.

Muchos se empezaron a reincorporar en abril y mayo, por lo que de cumplirse este condicionante, las empresas podrían empezar los despidos el próximo mes de octubre sin que sean penalizadas por ello a devolver las subvenciones.

Un aspecto que se está negociando con los Sindicatos pero que de momento tiene vigencia el veto a los despidos objetivos por coronavirus hasta el 31 de diciembre. De hecho, de producirse despidos en este 2020 será más caro ya que según la propuesta del Gobierno deberán indemnizar con 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días.

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Hacienda refuerza el control de pagos digitales, influencers y pisos turísticos en 2026

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan de control tributario más intenso centrado en el comercio digital, las criptomonedas, la neobanca, los influencers y el sector inmobiliario, incluyendo los alquileres turísticos. La medida busca combatir la economía sumergida, mejorar la recaudación y garantizar el cumplimiento fiscal en todos los ámbitos.

Principales objetivos de Hacienda en 2026

Según el Plan de Control Tributario publicado en el BOE, los focos principales de vigilancia serán:

  1. Pagos digitales y neobancos

    • Se utilizarán nuevas declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta y cuentas financieras.

    • Se controlará la neobanca para evitar ocultaciones de rentas o patrimonios en el exterior.

  2. Comercio electrónico y plataformas digitales

    • Se verificará la tributación de entidades establecidas en España o en la UE para evitar elusión de IVA.

    • Se analizarán las ventas de bienes y servicios en plataformas digitales.

  3. Influencers y creadores de contenido

    • Se controlará la correcta tributación y la residencia fiscal de quienes obtienen ingresos por redes sociales.

  4. Criptomonedas

    • Se reforzará el control sobre contribuyentes que operen con monedas virtuales, usando herramientas de trazabilidad blockchain para detectar rentas no declaradas.

  5. Alquileres turísticos e inmuebles

    • Se intensificará la supervisión de arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales.

    • Se vigilará la correcta declaración de ingresos y el uso adecuado del régimen de comisiones.

    • Se prestará especial atención a las socimis y a las operaciones de no residentes en España.

  6. Multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida

    • Se controlarán grupos societarios con cifras de negocio inusualmente bajas y signos externos de riqueza no declarados.

    • Se mantendrá la revisión de TPV y pagos con tarjeta para detectar actividad no registrada.

Contexto y novedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas actuaciones permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal y modernizar la gestión tributaria en un contexto donde el comercio digital, las criptomonedas y los nuevos modelos de negocio se expanden rápidamente.

Entre las novedades, este año se incluyen:

  • Control intensivo de plataformas de alquiler turístico.

  • Fiscalización de transacciones digitales transfronterizas.

  • Supervisión de operaciones con sociedades instrumentales y patrimonios ocultos.

Con estas medidas, Hacienda busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con la normativa, asegurando la transparencia fiscal en sectores de alta complejidad y riesgo de fraude.

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