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Los valencianos podrán retirar medicamentos sin depender de la fecha de la receta

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VALÈNCIA, 31 Oct.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha introducido novedades en el sistema de dispensación de medicamentos, donde la receta que se genera al realizar una prescripción no tiene caducidad dentro del periodo de vigencia del tratamiento.

De esta forma, según ha informado la Generalitat, los usuarios y usuarias podrán retirar envases sin estar pendientes de las fechas del calendario sino que simplemente acudirán a retirarlos cuando los necesiten.

Según la Generalitat, el nuevo sistema de receta electrónica «aumentará la eficiencia del servicio, favorecerá la autonomía del paciente y mejorará la experiencia de los usuarios y usuarias con la prescripción de medicamentos».

El tratamiento tendrá la duración que determine el prescriptor y durante este tiempo el paciente podrá retirar la medicación de la farmacia. De esta manera, ya no estará obligado por la planificación calendarizada con fecha de caducidad ni tendrá la penalización por la cancelación del tratamiento en caso de no retirar más de tres recetas consecutivas.

Estos cambios van a dotar de «mayor autonomía» a los pacientes, favorecer su propia gestión y la «corresponsabilidad» en materia de farmacia. También descongestionará los servicios de atención primaria al no tener que volver los usuarios a solicitar una nueva receta. De esta manera, «se favorece y facilita el acceso a los medicamentos de la ciudadanía».

La APP+salut de la Conselleria de Sanidad también recogerá esta actualización y permitirá tener almacenadas las recetas y retirar medicamentos cuando los necesite el paciente. En la aplicación desaparece la opción «calendario» que recordaba la fecha en la que se tenía que acudir a la farmacia obligatoriamente a retirar los medicamentos y se sustituye por la de «dispensaciones».

En la nueva actualización se podrá consultar tanto la fecha de la última dispensación como la disponibilidad para poder retirar un medicamento en la oficina de farmacia. Con estas mejoras, se espera aumentar aún más la funcionalidad de la aplicación y que llegue a más usuarios. En el mes de septiembre de 2019 consiguió superar ya el medio millón de descargas.

FUENTE: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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