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Nacho Vidal grabó el ritual de veneno de sapo con el móvil de José Luis Abad

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El actor de cine porno Nacho Vidal y los otros dos detenidos por el supuesto delito de homicidio imprudente contra el conocido fotógrafo valenciano José Luis Abad han quedado en libertad provisional tras haber comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva (Valencia), tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Este juzgado recibió el pasado viernes a los tres detenidos, dos hombres y un mujer, de edades comprendidas entre los 37 y 50 años y de nacionalidad española y decretó para ellos la libertad provisional, de modo que todos ellos han quedado investigados en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia ocurrido en julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera al ofrecer veneno de sapo a una persona que murió durante un ritual.

Nacho Vidal (Mataró, Barcelona, 1973) tiene una vivienda en esta localidad valenciana, donde pasó su infancia con su familia. La denominada operación «Yurta» se inició tras el fallecimiento de Abad durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de los vapores del veneno de un sapo de la especie ‘bufo alvarius’.

Nacho Vidal grabó el ritual de José Luis Abad

Después de once meses de investigación se ha podido constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual.

También se ha podido demostrar que se trataba de una actividad con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, con la que además se enmascaraba un ritual ancestral aparentemente inofensivo.

Con este reclamo se captaba personas fuertemente sugestionadas, en un estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, para lo cual se ofrecían métodos alternativos a la medicina.

Además, este jueves se ha sabido que Nacho Vidal y los otros acusados grabaron un vídeo con el teléfono móvil de la víctima. Unas imágenes que, en este momento, son la principal prueba que incrimina al actor porno. De este vídeo se han extraído varias capturas de pantalla que ya figuran en el sumario y demostrarían el delito que presuntamente cometieron.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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