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PP pide parar la peatonalización de Plaza del Ayuntamiento: «Primero hay que salvar a comercios y familias»

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Críticas al nuevo monolito de la Plaza del Ayuntamiento

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha exigido al gobierno municipal que «paralice las obras que no sean productivas como las de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento», porque «no es momento de poner maceteros y bolardos». El alcalde Joan Ribó confirmó este viernes que los trabajos de peatonalización de la plaza empiezan en breve. 

«Primero hay que salvar a comercios, autónomos, pymes y familias para que puedan sobrevivir y sobreponerse al duro golpe del Covid-19″, ha reivindicado Catalá, quien en un comunicado ha indicado al alcalde, Joan Ribó, que este proyecto es una obra provisional y por tanto no es prioritaria como sí lo es salvar a las personas que sufren esta crisis sanitaria».

La portavoz del PP ha pedido a Ribó «cordura y sentido común»: «No puede aprovechar que la gente está confinada para peatonalizar la Plaza del Ayuntamiento sin el consenso de comerciantes y vecinos». Por ello, el Grupo Popular exigirá en una moción en el Ayuntamiento la paralización inmediata de estas obras «por improductivas».

El PP ha incidido en que «con los más de 317.000 euros que cuestan esas obras se pueden salvar a un centenar de autónomos y esa debe ser la prioridad del máximo alcalde de esta ciudad, no la de imponer proyectos improductivos y que no cuenten con el consenso de los vecinos».

Además, el PP ha hecho hincapié en que el presupuesto de estas obras «sale de la EMT, que en estos momentos tiene a medio millar de conductores en vilo porque se van a enfrentar a un ERTE».

«Pedimos al PSPV que no se cómplice de este atropello y que nos apoye para reconducir la situación. La prioridad son los vecinos y los comerciantes. De poco servirá un Plaza del Ayuntamiento peatonalizada a medias y una calle Colón transformada si no hay comercios abiertos ni gente que compre. Los socialistas no pueden amilanarse otra vez a los caprichos de Compromís, debe pensar por el bien de toda la ciudad», ha zanjado.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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