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PP rechaza el carril bici de Reino de Valencia porque «colapsará la circulación» en esta vía y en su entorno

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VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) – El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha expresado este viernes su rechazo al carril bici en la avenida Reino de Valencia de la ciudad porque se trata de una infraestructura que «colapsará la circulación en esta vía y en los barrios limítrofes» y ocasionará «perjuicios a vecinos, comerciantes y hosteleros».

Así lo ha indicado, en un comunicado, el edil de este grupo municipal Alberto Mendoza, que ha señalado que presentará por segunda vez a la Comisión de Movilidad una moción «para que se revierta esta medida que tanto va a perjudicar el tráfico en la zona» y «se anule el proyecto de construcción» de este carril bici.

Mendoza ha criticado que el Ayuntamiento vaya a suprimir un carril de la calzada de Reino de Valencia sentido centro ciudad para habilitar el citado carril bici y ha advertido de que este trazado afectará también a las líneas 12, 19 y 40 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que se «verán ralentizadas». A este respecto, ha apuntado que «se parará el tráfico rodado cada vez que un autobús realice una parada».

El representante del grupo municipal ‘popular’ ha manifestado que «la mayoría de los proyectos de carril bici aprobados en los presupuestos participativos del año 2016, entre los que se encuentra el de Reino de Valencia, no fue solicitada por los vecinos» sino apuntada «a propuesta del Ayuntamiento». Así, ha afirmado que alguna de estas iniciativas obtuvo «apenas trece votos» y ha precisado que este es el caso del de la avenida de la Constitución.

En cuanto al de Reino de Valencia, «también propuesto por el Ayuntamiento», Alberto Mendoza ha explicado que «contó con 67 votos de los 58.024 residentes censados en distritos de l’Eixample, Quatre Carreres y Camins al Grau, los afectados por esta obra» y ha preciado que esa cifra «equivale al 0,1 por ciento de la población».

El concejal ha señalado que el grupo municipal del PP «ya denunció los falsos procesos participativos, donde proyectos de carril bici fueron encargados antes de que los vecinos los votaran» y ha agregado que así fue con «el carril bici en la calle Serrería».

Mendoza ha aseverado también que la Asociación Valencia en Bici «rechazó en su día la construcción de un carril bici en la avenida Reino de Valencia en la forma que se pretende realizar». «Abogaban por una ciclocalle que modificara apenas la planta viaria, con menor coste y con mejor encaje con autobuses, motocicletas y coches», ha expuesto.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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