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Puig moviliza a todas las fuerzas de seguridad para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad ante la COVID

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Más de 4.000 sanciones por incumplir las normas sanitarias en Valencia

El president de la Generalitat Ximo Puig ha anunciado que este fin de semana «se va a poner en marcha un programa específico de movilización de todas las fuerzas de seguridad y policiales para conseguir que haya un cumplimiento efectivo de las normas», tanto en el ámbito del ocio nocturno como en el conjunto de actuaciones decretadas respecto al uso de la mascarilla o al establecimiento de límites en los aforos.

Puig, que ha insistido en que «no hay riesgo cero», ha explicado que con esta medida se trata de «generar la máxima seguridad». «Somos conscientes de las enormes dificultades y, por eso, cada empresa, cada establecimiento y cada ayuntamiento está obligado a tener la máxima dedicación, como la propia Generalitat, para que esa Comunitat Valenciana segura, ese Mediterráneo vivo y seguro, sean una realidad».

Además, el jefe del Consell ha explicado en su reunión con cónsules de 26 países «el extraordinario esfuerzo» y las medidas tomadas durante las últimas semanas en la Comunitat Valenciana ante la pandemia de coronavirus y les ha trasladado «la clara realidad» de que es un destino turístico «seguro y digno de confianza».

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que ha estado acompañado en el encuentro de este jueves por el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, y el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, ha recordado también que la Comunitat Valenciana cuenta en estos momentos con una incidencia acumulada «bastante inferior a la media de España».

Además, el jefe del Consell ha informado de que en lugares concretos como la Costa Blanca, este índice se sitúa en torno a los 10 casos por 100.000 habitantes mientras que en países como el Reino Unido, Austria, Bélgica o Francia la horquilla oscila entre los 14 y los 20 casos por 100.000 habitantes.

A este encuentro han asistido representantes de once países europeos, entre los que se encuentra Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Suecia, Rusia, Polonia, Mónaco, Suecia y Hungría, así como de otros países como Chile, Panamá, Turquía, Corea, Brasil, Estonia o Colombia.

Uso obligatorio de mascarillas y aplicaciones para controlar aforos
Durante 2019 la Comunitat Valenciana recibió un total de 29,3 millones de turistas, de los cuales más de 9,5 millones eran internacionales. Así, el turismo representa el 14,6% del PIB, lo que supone un 15,1% del empleo.

En la reunión, en la que los cónsules han podido conocer todas las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de las y los turistas que se desplazan hasta la Comunitat Valenciana, el president ha incidido en que, tras la finalización del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, «la Generalitat ha desarrollado decididamente sus responsabilidades promoviendo el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares públicos y zonas comunes de los alojamientos turísticos».

«Se ha desarrollado -ha continuado Puig-, una amplia y estricta normativa para todo tipo de instalaciones turísticas; se han preparado alojamientos específicos en caso de que se puedan producir contingencias; se han desarrollado aplicaciones para el control de aforos tanto en las playas como en lugares de ocio diurno y nocturno; se ha dispuesto señalética para la comunicación permanente».

Todo ello ha supuesto, según el president, «la inversión de más de 10 millones de euros para reforzar la prevención ante la COVID-19 en nuestras playas. «Además, -ha continuado-, se han contratado 1.000 asistentes para garantizar la seguridad y orientar a nuestros visitantes, a los que se suman los que han incorporado los ayuntamientos».

Guías específicas, hoteles-refugio y planes de prevención en aeropuertos
Durante los últimos días se ha sumado a los protocolos de actuación en establecimientos turísticos y servicios de alojamiento, una guía específica elaborada por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que establece un procedimiento de actuación para garantizar la seguridad de aquellas personas que puedan presentar síntomas, así como de sus acompañantes y el resto de personas alojadas.

De igual manera, se han puesto en marcha hoteles-refugio para turistas que deban realizar un aislamiento domiciliario por presentar síntomas y no puedan regresar a sus hogares. La Comunitat Valenciana contará con 100 plazas disponibles de estos establecimientos turísticos especiales, que no tendrán un coste adicional para los turistas.

Además, a las medidas tomadas para garantizar la seguridad en las playas por parte de la Generalitat y ayuntamientos, se suman las establecidas en los distintos protocolos aprobados por el ICTE y el Gobierno de España y los planes específicos de prevención de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana.

Todas estas medidas se han trasladado a través de acciones formativas a aquellos profesionales y agentes turísticos que forman parte de la cadena de atención al visitante, así como a los propios residentes y consumidores a través de una campaña informativa.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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