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Ribó insta al cierre del ocio nocturno y hace un llamamiento a los valencianos ante los rebrotes

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este viernes su llamamiento a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención y actúe con «responsabilidad y prudencia», ante la amenaza de contagios y rebrotes de COVID-19. «Estamos todavía en situación de peligro; hemos de recordar que no hemos salido de la pandemia, sino que seguimos en una situación todavía permite rebrotes que pueden ser alarmantes», ha señalado el primer edil.

Ribó ha asegurado que, de no extremar las medidas de higiene, seguridad y distancia social preceptivas «podemos encontrarnos, en sólo 15 días o en una semana, con unos crecimientos de contagios como los que ya han ocurrido en otros países, lo que sería una situación de nuevo muy peligrosa».

A preguntas de los periodistas instantes antes de la reunión del Pleno Municipal extraordinario celebrado hoy, el alcalde ha explicado que «tenemos claro que los lugares de ocio nocturno son uno de los ámbitos donde más claramente se están produciendo brotes, no solo en València sino en todas partes de España». Por ello, y reconociendo que se trata de «un elemento de preocupación», ha explicado que desde el Consistorio se han mantenido conversaciones informales con las autoridades autonómicas sobre la «posibilidad seria de actuar en el ámbito del ocio nocturno». No obstante, Ribó ha matizado que «hay que separar los conceptos ocio nocturno y cultura, dado que no estamos hablando de teatros, cines ni música».

El alcalde ha recordado que tanto la Policía Local como los servicios de Limpieza del Espacio Público ya están trabajando de forma específica para reforzar la vigilancia y la desinfección, respectivamente, en los barrios que actualmente presentan datos de presencia de SARS-CoV-19 (como La Saïdia, Benimaclet, Jesús-Patraix o Benicalap…), pero ha subrayado que la gestión sobre la actividad de los establecimientos de ocio nocturno no es una competencia municipal. «Se pueden estudiar medidas como la modificación de licencias o la restricción de franjas horarias de la actividad, aunque es un asunto complejo». «Pero vamos a estudiarlo, igual que vamos a agilizar las sanciones a quienes no hagan uso de las mascarilla de manera adecuada».

Por lo que respecta a la acción del Ayuntamiento, los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Capillo han subrayado las acciones que se están llevando a cabo, dentro de las competencias municipales, para atajar la propagación del virus. Ambos han explicado que la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se ha ocupado del asunto, «ante los datos preocupantes que se van conociendo». «Nos estamos jugando mucho como ciudad, no solo la estabilidad económica, sino la salud de todas las personas a las que queremos», ha advertido Sandra Gómez, quien ha anunciado la campaña de información que va a impulsar la Concejalía de Sanidad, bajo el lema «Tu mascarilla es nuestra mejor vacuna»

Por su parte, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha apelado a la responsabilidad individual de la ciudadanía: «Nos estamos jugando mucho; ésta es una batalla que hemos de ganar entre todas y todos; y si una parte de la población es insensible a las medidas de autoprotección y de protección de las personas próximas, no servirá de mucho todo lo que hagamos desde los gobiernos», ha afirmado el vicealcalde. Campillo ha anunciado la decisión de la Junta de ser informada, cada viernes, por parte de la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, sobre los resultados del estudio de presencia de coronavirus en las aguas residuales de la ciudad, por barrios, que se lleva a cabo desde esta delegación.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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