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Ribó siembra la duda sobre el PSPV: «No está trabajando mucho»

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El alcalde de València en funciones y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, se ha mostrado «preocupado» por el desarrollo de las negociaciones que se llevan a cabo en «diversos municipios» de la provincia dirigidas a lograr «acuerdos progresistas» porque, según ha dicho «el Partido Socialista no está trabajando mucho» en ese sentido y que su actitud «no está siendo la que, en principio tendría que ser». «A mi esto me preocupa», ha señalado el primer edil en funciones, que ha apuntado que en esas circunstancias hay localidades valencianas como «Sueca, Sagunto, Quatretonda o Paiporta».

Asimismo, ha resaltado que manifiesta esta preocupación para «estimular que llegue a buen puesto» cualquier negociación en favor de ejecutivos municipales progresistas y ha declarado que ha pedido a la dirección de su partido, Compromís, «que nos preocupemos todos un poco de ese tema porque es serio».

Por su parte, la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de València y concejala electa, Sandra Gómez, se ha desmarcado de las críticas. «Desconozco qué ocurre en otros municipios», ha afirmado Gómez, que ha subrayado que su «obligación» y su «preocupación» son «la ciudad de València». No obstante, ha señalado, sin mencionar a ninguna, que «la historia» de alguna localidad «ha demostrado que hay siempre decisiones difíciles de comprender por parte de todos los partidos».

«Desconozco la idiosincrasia de cada municipio concreto», ha asegurado Gómez, que ha agregado que desconoce también «qué ocurre en el resto de la Comunitat» respecto a pactos locales. «Reitero que mi obligación es València y que mi preocupación es la ciudad de València», ha agregado. También ha descartado que los problemas que puedan darse en otras localidades para constituir gobiernos de progreso puedan influir en las negociaciones entre Compromís y PSPV para conformar el nuevo ejecutivo de este tipo que integrarán la próxima legislatura en València.

«Siempre he defendido que València es un territorio autónomo que tiene que trabajar en sus propias líneas de gobierno», ha declarado en este sentido Sandra Gómez. De la misma manera, ha indicado que la negociación realizada entre Compromís, PSPV y Unides Podem para la formación del gobierno autonómico tampoco ha condicionado la que hay en marcha en la ciudad.

«Al igual que hemos defendido que lo que pase en la Generalitat, con la importancia incuestionable que tiene, no debía afectar a la ciudad de València, lo que pase en otros municipios tiene que quedar en la dirección nacional», ha insistido la edil electa del PSPV.

Sandra Gómez ha considerado que «conformar gobierno» en la capital valenciana y para ello «hacer un acuerdo y un programa con los objetivos que se tienen que conseguir en cuatro años requiere el cien por cien» de los «esfuerzos» y de la «dedicación» de los miembros de Compromís y PSPV en la ciudad.

 

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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