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¿Sabes cuánto cuestan las elecciones del 10N a los valencianos?

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VALÈNCIA, 4 Nov. – Los electores de la Comunitat Valenciana, 3.667.565 personas, votarán el próximo domingo, con motivo de las elecciones generales, en 6.043 mesas electorales distribuidas en 2.220 colegios electorales. Para ello, se repartirán 16.233 urnas en las tres provincias de esta autonomía.

Así lo ha indicado este lunes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, tras la visita que ha realizado al almacén electoral de la provincia de Valencia con el fin de conocer el dispositivo material que se utilizará en los comicios del 10 de noviembre.

Fulgencio ha llevado a cabo esta visita junto a la secretaria general de la Delegación del Gobierno, Alicia Guillem, y la responsable del almacén electoral, Lourdes Forcada. Ha explicado que el de la provincia de Valencia es uno de los tres almacenes que tiene la Delegación del Gobierno, junto a los ubicados en la de Alicante y en la de Castellón.

En el caso de las instalaciones de Valencia, el delegado ha resaltado que prestarán servicio para las elecciones generales del próximo domingo y para las municipales del 17 de noviembre en La Granja de la Costera (Valencia). Las subdelegadas del Gobierno en Alicante y de Castellón, Araceli Poblador y Soledad Ten, respectivamente, han visitado también los almacenes electorales de estas dos provincias.

Los 3.667.565 electores de la Comunitat Valenciana dispondrán el 10 de noviembre de 48.485.464 papeletas con las candidaturas a las Cortes Generales –44.869.034 papeletas para el Congreso y 3.616.430 papeletas para el Senado–, ha agregado Juan Carlos Fulgencio.

Asimismo, ha precisado que para esta jornada electoral se instalarán además de las 16.233 urnas, 6.043 cabinas de votación. Para facilitar la tarea de los miembros de las mesas de transmisión de datos a las subdelegaciones, se ha designado a 2.983 representantes de la administración –«funcionarios o empleados municipales que controlan y supervisan el funcionamiento de las mesas electorales», ha explicado– que dispondrán de 2.308 tablets. »

Todas las pruebas que hemos hechos estos días han dado un resultado óptimo y, por tanto, no esperamos ningún tipo de problema», ha comentado el delegado del Gobierno respecto a estos dispositivos.

Las 3.667.565 personas que están llamadas a las urnas en la Comunitat Valenciana este 10 de noviembre son 10.456 más que en los comicios generales del pasado mes de abril. Del total, 3.555.911 son residentes en España y 111.654 son residentes en el extranjero, ha resaltado Fulgencio.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha señalado que el coste máximo del dispositivo electoral para el 10 de noviembre en esta autonomía alcanza, por lo que corresponde a su departamento, los 4.329.563,2 euros.

Respecto a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que garantizarán la normalidad y seguridad a lo largo de esta jornada electoral, ha indicado que se contará a cargo de la Delegación del Gobierno con más de 9.400 efectivos. De este total, 4.641 son miembros de la Guardia Civil; 3.340, de la Policía Nacional, y más de 1.400 agentes de las distintas policías locales y de la Unidad Adscrita.

Juan Carlos Fulgencio ha apuntado que a ellos se sumarán los agentes que por convenios especiales prestan determinados ayuntamientos como el de València –en este caso ha detallado que se contará con 531 agentes– y que las corporaciones locales asumen como coste propio.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha recordado que la Delegación del Gobierno, junto con Cruz Roja, dispone de un servicio gratuito de ambulancias para trasladar a los colegios electorales a aquellas personas que lo necesiten por motivos de edad o enfermedad.
Este servicio se puede solicitar a través de Cruz Roja –teléfono 96 522 47 93 o email eleccionescv@cruzroja.es– o en el correspondiente centro hospitalario hasta el 7 de noviembre.

MATERIAL ACCESIBLE
Fulgencio ha agregado que para la cita electoral del próximo domingo se han distribuido, en los colegios electorales que lo han solicitado, 88 kits/maletines de material accesible para electores ciegos o con discapacidad visual grave. En concreto, han sido 57 en Valencia, 25 en Alicante y 6 en Castellón.

Asimismo, ha avanzado que el número de solicitudes de voto por correo en la Comunitat Valenciana para estas elecciones ha alcanzado las 88.580 –31.228 Alicante, 9.400 Castellón, 47.952 Valencia–. En los comicios generales y autonómicos de abril de 2019, las solicitudes de voto por correo fueron 195.052 –50.025 Alicante, 14.995 Castellón y 130.032 Valencia–.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha recordado que en los comicios electorales del 10N los electores de esta autonomía elegirán 32 diputados del Congreso –12 por la circunscripción electoral provincial de Alicante, 5 por Castellón y 15 por Valencia– y 12 senadores –4 por cada circunscripción electoral–.

EQUIPOS DE RESPUESTA
Preguntado por las medidas de seguridad de la jornada electoral del próximo domingo y por si circunstancias políticas como las de Cataluña podrían influir en la normalidad de la jornada en la Comunitat Valenciana, Fulgencio ha respondido que «las fuerzas desplazadas a Cataluña no son las que prestan servicios en los colegios electorales» sino «unidades de intervención», por lo que ha destacado que «no forman parte del dispositivo electoral» y que este «no se verá mermado».

No obstante, ha indicado que se han establecido «equipos de respuesta por si hubiera incidentes» aunque ha apuntado que «no es normal» que estos se produzcan. «Llevamos muchísimos años de democracia y las jornadas electorales son tranquilas», ha aseverado el delegado del Gobierno.

Respecto a los «grupos operativos de respuesta» ha agregado que se forman «con personal que no presta servicio en las mesas» electorales y que el día de los comicios «no presta servicio de seguridad ciudadana o en comisaría», tras lo que ha insistido en que el servicio de atención ciudadana no se ve afectado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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