Tras una negociación que se ha alargado hasta esta madrugada, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo programático para la formación de un nuevo gobierno de coalición, que incluye, entre otras medidas relevantes, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y el refuerzo del sistema público de salud para reducir listas de espera.

Fue tras la reunión de Sánchez y su actual vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, cuando se cerró un pacto que encalló en el principal escollo de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que Sumar veía como condición prioritaria para sellar un gobierno de coalición con los socialistas.

PSOE y Sumar han informado en un comunicado de este acuerdo, que se ha logrado después de que quedara prácticamente ultimado en una reunión que celebraron el lunes Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Serán ellos quienes ratifiquen este acuerdo en un acto público a las 12:30 horas y en el que ambos tomarán la palabra después de que hayan protagonizado el cierre de los detalles de este pacto.

Un pacto que ambas formaciones subrayan que servirá para una legislatura de cuatro años y permitirá a España “seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades”.

El pleno empleo, objetivo para la próxima legislatura

Añaden que el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura será una prioridad y entre otras medidas relevantes, incluye “ambiciosos avances” en materia laboral como la reducción de jornada sin reducción salarial, la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil y el refuerzo del sistema público de salud.

También el aumento del parque público de vivienda con el objetivo de que alcance el 20 % del parque total, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático, la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de 0 a 3 años, con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura.

Asimismo, recoge una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público.