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Sanidad rectifica ahora la cifra total de fallecidos y dice que hay 1.918 muertos menos

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La cifra de muertos por coronavirus notificada este lunes por el Ministerio de Sanidad es de 50 y en total suman 26.834, con lo que ha modificado la serie histórica, puesto que ayer el número defunciones fue de 28.752, es decir, una diferencia de 1.918.

Son los datos comunicados por el departamento de Salvador Illa, que, además, en la estadística de fallecidos especifica, «con fecha de defunción en los últimos 7 días», un total de 50. Son las comunidades de Galicia y La Rioja las que suman más, con nueve muertos cada una.

A estas dos comunidades les sigue Baleares con 7 muertos; Comunidad Valenciana con 6; Castilla y León con 5; Madrid y Cataluña con tres cada una; Castilla-La Mancha con 2; y Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, cada una con uno.

El resto de comunidades no ha notificado ninguna muerte.

Sanidad especifica, en cuanto a las cifras totales de muertos, de ingresos en UCI y de hospitalizados que «se está realizando una validación individualiza de los casos, por lo que puede haber discrepancias respeto a la notificación agregada de días previos».

En España, hasta el momento se han notificado un total de 235.400 casos confirmados de COVID-19 por PCR y en este caso, el número total, en comparación con el publicado ayer (235.772) también ha sido rectificado y es inferior en 372 casos, si bien el departamento de Illa informa de 132 nuevos diagnosticados.

En la Comunidad de Madrid hay 67.932, de los cuales 18 son nuevos.

Por otra parte, el número de personas que han requerido hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días es de 256; y el total, 122.439. Las comunidades con más hospitalizados son Madrid con 94 nuevos, Castilla y León con 25 y la Comunidad Valenciana con 23.

Los casos totales que han ingresado en la UCI en los últimos 7 días son 11: tres en Madrid, otros tantos en Andalucía, dos en Castilla-La Mancha, uno en Aragón, al igual que en Canarias y en la Comunidad Valenciana.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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