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Valencia

La nueva ley de À Punt impedirá externalizar la producción de informativos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- La futura ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impedirá contratar o ceder a terceros la producción de los informativos de À Punt, y obligará a que en la contratación de servicios externos los trabajadores tengan unas condiciones laborales similares a las que tienen los del ente público.

Así lo recogen dos enmiendas del PP y Vox que han sido aprobadas este lunes, con el apoyo de Compromís, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, donde se han debatido y votado las propuestas de los grupos parlamentarios a esta norma, impulsada por el PP y Vox, que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el pleno.

En la sesión, han salido adelante las 38 enmiendas que los partidos que sustentan al Consell han presentado a su propio proyecto de ley, mientras que se han rechazado las más de 150 del grupo socialista y las 50 de Compromís.

La nueva ley de À Punt

De las enmiendas aprobadas, cuatro han contado con el apoyo de Compromís. En concreto, la que incluye que la Corporación Audiovisual «no podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades».

También otra que señala que «en la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación se deberá garantizar que el personal que participe en dicho servicio contratado tenga unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla esas funciones» en À Punt.

Compromís también ha votado a favor de que la ley garantice «el acceso a toda la información elaborada, propuesta o aprobada» por la corporación a los miembros del Consejo de Administración, la comisión correspondiente de Les Corts y el Consell.

Además, ha apoyado incluir que se garantice «una financiación suficiente y viable» para que este ente público pueda cumplir los objetivos de servicio público recogidos en la ley y mantener la estabilidad y continuidad de su plantilla.

El PSPV dispuesto a pactar con PP sin Vox       

El PSPV había avanzado que no iba a apoyar ninguna enmienda del PP y Vox porque no pacta nada con Vox, aunque la diputada Mercedes Caballero se había mostrado dispuesta a negociar con el PP «siempre que deje a Vox fuera el pacto».

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas de la oposición, que entre otras cuestiones, planteaban mantener la ley existente con algunas modificaciones por considerar que es una buena norma.

En concreto, el PSPV planteaba incluirla la radiotelevisión en la próxima remodelación del Estatut de Autonomía para que «ningún gobierno pueda nunca cerrar la tele, como se cerró Canal 9»; mantener las oposiciones actuales o unir los dos entes actuales en uno solo por absorción.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha dicho que en sus enmiendas han recogido y hecho suyo el sentir de las entidades y asociaciones afectadas por esta ley, que a su juicio, no es necesaria, pues bastaba con modificar la ley actual.

Para el diputado del PP José Juan Zaplana lo que han hecho el PSPV y Compromís ha sido presentar «una enmienda a la totalidad por fascículos», frente a «la reflexión» que han hecho su partido y Vox tras la fase de participación ciudadana del proyecto de ley, para darle «más solvencia» y hacerla «permanente en el tiempo».

Joaquín Alés (Vox) ha declarado que esperan que la nueva ley abra «una nueva etapa en À Punt, con una regulación que va a dejar de lado los lastres ideológicos y los condicionantes que tenían a la dirección financiera con las manos completamente atadas».

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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