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TRAGEDIA EN CULLERA| Fallece una anciana de 73 años en un incendio

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VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) –

Una mujer de 73 años ha fallecido este domingo y otra de 81 ha resultado herida como consecuencia de un incendio declarado, por causas no precisadas, en una vivienda de Cullera (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 17.00 horas, el CICU ha recibido un aviso mediante el que se alertaba de un incendio en una vivienda de la Avenida Joan Fuster de Cullera. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Como consecuencia del incendio, ha fallecido una mujer de 73 años y otra de 81 años ha sido asistida por los servicios sanitarios por inhalación de humo y, posteriormente trasladada, al Centro de Salud de Cullera y de allí al Hospital de La Ribera.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha declarado en un sexto piso de un edificio de nueve alturas en esa calle, lo que ha obligado a desalojar a las viviendas inferiores a la planta afectada y a confinar a los habitantes de los domicilios superiores.

Los bomberos se han visto obligados a romper la puerta de la casa afectada para poder entrar al interior, en la que únicamente ha sufrido daños el comedor. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Cullera, Gandia y el jefe de guardia, que han dado por concluido el servicio a las 17.52 horas.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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