Síguenos

Valencia

Una concentración se alzará este jueves en València frente al «saqueo» de las pensiones públicas

Publicado

en

(EUROPA PRESS)-La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP) ha llamado a concentrarse este jueves, 22 de febrero, en las plazas y organismos oficiales de todo el territorio español -en València la movilización será en la plaza del Ayuntamiento a las 11.30 horas- para advertir al Gobierno central que no va a permitir el «robo» y «saqueo» a los pensionistas.

La entidad lamenta critica en un comunicado que las reformas 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP) actúan como una «losa» que supone, según economistas y expertos, «una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones». Según denuncia, estas reformas «han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social e impiden unas pensiones dignas».

En este sentido, ha criticado que el Gobierno del PP plantea para 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que «condenan a la miseria a los pensionistas». «La miserable subida del 0,25% es insuficiente frente a una inflación incontrolada que conduce a pensiones asistenciales» y supone una «auténtica burla que alcanza su culmen cuando hemos visto a quienes se les conceden pensiones de 3.000 euros mensuales que ni los más altos profesionales logran».

En su opinión, «es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene como objetivo favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE) y con ellos a bancos y gestores de dichos planes».

Desde la CEDSPP aseguran que «las pensiones son una cuestión de voluntad política, no son un problema de gastos, sino de ingresos». De hecho, «España solo aporta el 10,5% de su PIB en pensiones, mientras países como Italia o Alemania llegan al 14,5%», han apuntado.

Por este motivo, exigen medidas políticas que garanticen las pensiones como derecho constitucional, que se deroguen aquellas reformas «lesivas», que se suprima la pérdida de poder adquisitivo a través de los PGE y que se reembolse lo sustraído de la hucha de las pensiones.

Asimismo, la Coordinadora reclama retomar la jubilación a los 65 años, sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años.

Según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), en la actualidad «se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas y corporaciones del IBEX 35, empresas cuyos Consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas».

Así, «se burlan» de los pensionistas aplicando un aumento de 2 euros al mes a una pensión media cuando simultáneamente «roban 310 euros al año sólo con la subida del IPC. En este sentido, la entidad explica que la congelación del año 2011 supuso una pérdida del 2,9%, la de 2012 el 1,9%, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en 2016 fue del 1,35% y la de 2017 un 1,8% de pérdida. «Es decir, que en los últimos años la pérdida del valor de las pensiones sólo por el IPC supera el 7%», concluye el comunicado.

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

Publicado

en

Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo