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Valencia

Una concentración se alzará este jueves en València frente al «saqueo» de las pensiones públicas

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(EUROPA PRESS)-La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP) ha llamado a concentrarse este jueves, 22 de febrero, en las plazas y organismos oficiales de todo el territorio español -en València la movilización será en la plaza del Ayuntamiento a las 11.30 horas- para advertir al Gobierno central que no va a permitir el «robo» y «saqueo» a los pensionistas.

La entidad lamenta critica en un comunicado que las reformas 27/2011 (PSOE) y del 23/2013 (PP) actúan como una «losa» que supone, según economistas y expertos, «una pérdida a medio plazo de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones». Según denuncia, estas reformas «han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocan cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social e impiden unas pensiones dignas».

En este sentido, ha criticado que el Gobierno del PP plantea para 2018 unos Presupuestos Generales del Estado que «condenan a la miseria a los pensionistas». «La miserable subida del 0,25% es insuficiente frente a una inflación incontrolada que conduce a pensiones asistenciales» y supone una «auténtica burla que alcanza su culmen cuando hemos visto a quienes se les conceden pensiones de 3.000 euros mensuales que ni los más altos profesionales logran».

En su opinión, «es evidente que este deterioro del Sistema Público de Pensiones tiene como objetivo favorecer los Planes Privados de Pensiones (PPP) y los Planes Privados de Empresa (PPE) y con ellos a bancos y gestores de dichos planes».

Desde la CEDSPP aseguran que «las pensiones son una cuestión de voluntad política, no son un problema de gastos, sino de ingresos». De hecho, «España solo aporta el 10,5% de su PIB en pensiones, mientras países como Italia o Alemania llegan al 14,5%», han apuntado.

Por este motivo, exigen medidas políticas que garanticen las pensiones como derecho constitucional, que se deroguen aquellas reformas «lesivas», que se suprima la pérdida de poder adquisitivo a través de los PGE y que se reembolse lo sustraído de la hucha de las pensiones.

Asimismo, la Coordinadora reclama retomar la jubilación a los 65 años, sin penalización a los 40 años cotizados, así como retomar el subsidio a los mayores de 52 años.

Según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), en la actualidad «se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas y corporaciones del IBEX 35, empresas cuyos Consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objetivo de favorecer a estas empresas».

Así, «se burlan» de los pensionistas aplicando un aumento de 2 euros al mes a una pensión media cuando simultáneamente «roban 310 euros al año sólo con la subida del IPC. En este sentido, la entidad explica que la congelación del año 2011 supuso una pérdida del 2,9%, la de 2012 el 1,9%, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en 2016 fue del 1,35% y la de 2017 un 1,8% de pérdida. «Es decir, que en los últimos años la pérdida del valor de las pensiones sólo por el IPC supera el 7%», concluye el comunicado.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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