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Ximo Puig anuncia 97 millones de euros de ayuda a los autónomos por el coronavirus

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha un primer paquete de medidas por importe de 97 millones de euros de apoyo a los autónomos y a la solvencia de las empresas ante la crisis del coronavirus. Estas actuaciones, en las que ya trabajan las conselleries de Hacienda y Economía, se llevarán a cabo con la coordinación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la participación de los agentes sociales.

Puig ha comparecido tras la reunión mantenida en el Palau con el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para analizar con detalle el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus y estudiar la aplicación de medidas complementarias para la Comunitat Valenciana por parte del Consell. Al encuentro ha asistido también el director del IVF, Manuel Illueca.

Puig, que ha resaltado la acogida favorable de los representantes empresariales y de los sindicatos valencianos al real decreto-ley aprobado este martes por el Ejecutivo estatal, ha subrayado que la Generalitat impulsará todos los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de estas medidas avanzadas por el presidente, Pedro Sánchez, que además se verán reforzadas con otras adicionales en las que ya trabaja el Gobierno valenciano.

A este respecto, la Generalitat, a través del IVF, articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno de España, tal y como anunció este martes el presidente del Ejecutivo central.

Los créditos participativos del IVF computarán como capital de las empresas. El banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.

Es una medida complementaria para facilitar que las empresas valencianas accedan al programa de financiación anunciado este martes por el Gobierno, ya que, tal y como ha subrayado el president de la Generalitat, «el objetivo es que no se destruya empleo», sino que se proporcione liquidez a las empresas y se facilite, por parte del IVF, «el instrumento más potente que tiene la Generalitat», que el empresariado valenciano con problemas por la crisis del coronavirus se pueda acoger a estos créditos.

Además, el president ha señalado también que la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, habilitará un línea por importe de 57 millones de euros, «para actuar a favor de los autónomos, en coordinación con el IVF y con los agentes económicos y sociales». Se trata, ha enfatizado Ximo Puig, de que «nadie quede al margen», de que «ningún autónomo se tenga que dejar su actividad».

Mesa de trabajo por los autónomos

Puig ha avanzado a este respecto que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para aprobar las actuaciones en favor de los autónomos y que este mismo jueves se constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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