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266 nuevos positivos y 21 fallecidos por coronavirus en la Comunitat Valenciana

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València, 24 mar.- La Comunitat Valenciana ha registrado 266 nuevos positivos por coronavirus y 21 fallecidos más desde la última actualización del lunes. En total, los positivos en la región se elevan a 2.167 (414 son sanitarios) y han fallecido 115 personas, 35 de ellas usuarios de residencias de mayores.

Así lo ha indicado este martes la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana. De los 266 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 18 se han detectado en la provincia de Castellón, 25 en Alicante y 223 en Valencia.

La cifra de nuevos positivos ofrecida hoy supone una reducción respecto a la de la jornada anterior, cuando se confirmaron casi 300 casos. Respecto a los fallecimientos, también se han reducido, ya que el lunes se confirmaron 25 decesos.

Así, actualmente el número de casos registrados en la Comunitat Valenciana se eleva a 2.167. De ellos, 229 de corresponden a Castellón, 629 a Alicante y 1.307 a Valencia, más dos casos no asignados. De ese total de positivos hay 917 personas ingresadas: 94 en Castellón (20 en la UCI), 290 en Alicante (47 en la UCI) y 533 en Valencia (94 en la UCI).

Ana Barceló ha precisado la distribución porcentual de los casos positivos en la región por franja de edad: el 8% de los casos corresponde a personas de 0-30 años; el 45% tienen entre 30 y 60 años; el 33% entre 60 y 80 años y el 14% de los positivos tiene más de 80 años. Respecto a los fallecimientos, el 91,4% corresponden a personas de más de 75 años.

También se han producido a fecha de hoy 37 altas (una más que la jornada anterior): 24 en la provincia de Valencia, 12 en la de Alicante y 1 en la de Castellón. Un total de 7.810 pruebas han dado negativas y se han atendido más de 40.000 llamadas relacionadas con el coronavirus.

Respecto a los 115 fallecimientos, la consellera Barceló ha explicado que 61 se han producido en la provincia de Alicante, 46 en la de Valencia y 8 en la provincia de Castellón.

En cuanto a la situación de las residencias, se han detectado 40 nuevos positivos: hay contagiados 144 residentes y 59 trabajadores. Hasta el momento han fallecido 35 residentes: 26 en la residencia de Alcoi, 2 en la de La Vila Joiosa, 1 en la de Morella y 6 en la de Torrent.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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