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326 colegios de la Comunitat han votado si implantan la jornada escolar continua

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha autorizado a un total de 326 centros escolares valencianos para realizar la última fase del proceso de posible cambio horario, el de las votaciones de las familias, que se ha producido este martes 4 de abril. De ellos, 97 pertenecen a las comarcas de Alicante, 162 a las de València y 67 a las comarcas de Castellón.

Cabe recordar que fueron 384 centros los que solicitaron la modificación de la jornada escolar para el curso 2017-2018. De ellos, 108 centros son de las comarcas de Alicante, 204 de las de València y 72 de las comarcas de Castellón.

Fases del proceso de solicitud de modificación de jornada escolar

Estas autorizaciones emitidas por Educación permiten a los centros iniciar el proceso de consulta a las familias, que se ha llevado a cabo este martes 4 de abril.

Ya el miércoles, al día siguiente de la celebración de la consulta a las familias, los centros remitirán los resultados del escrutinio a la Dirección General de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados, el director general de Política Educativa dictará, antes del inicio del periodo de admisión de los alumnos, si procede, la autorización definitiva para que cada uno de los centros educativos aplique el plan específico de organización de la jornada escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Cabe recordar que, actualmente, en el curso 2016-2017, hay 307 centros que aplican la jornada continua. De ellos, 261 pertenecen a las comarcas de Alicante, 14 a las de Castellón y 32 a las comarcas de València.

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Los propietarios de vivienda podrán beneficiarse de una deducción fiscal de hasta 3.000 euros en 2026

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placas solares apagón eléctrico

El año fiscal 2026 comienza con buenas noticias para los propietarios de vivienda en España. Un Real Decreto-ley aprobado a finales de 2025 prorroga una serie de medidas económicas y sociales que incluyen importantes incentivos fiscales para quienes realicen obras de mejora de la eficiencia energética en sus inmuebles, permitiendo acceder a una deducción de hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta.

La medida, respaldada por la Agencia Tributaria, busca impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario y reducir el consumo energético de los hogares, en línea con los objetivos de sostenibilidad marcados a nivel europeo.

¿En qué consiste la deducción de 3.000 euros?

La deducción más relevante para los propietarios particulares es la que permite desgravar el 40% del importe invertido en obras de eficiencia energética, con una base máxima anual de 7.500 euros, lo que se traduce en un ahorro fiscal directo de hasta 3.000 euros por vivienda.

Esta deducción se aplica tanto a viviendas habituales como a inmuebles destinados al alquiler, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Requisitos para acceder a la deducción fiscal en 2026

Para beneficiarse de este incentivo, las obras realizadas deben cumplir criterios técnicos muy concretos, entre ellos:

  • Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o

  • Mejorar la calificación energética del inmueble hasta las letras A o B

El cumplimiento de estos objetivos debe estar debidamente acreditado, ya que la Agencia Tributaria exige documentación técnica para validar la deducción.

El papel clave del certificado energético

Uno de los requisitos imprescindibles es disponer de dos Certificados de Eficiencia Energética:

  1. Un certificado previo al inicio de las obras

  2. Un certificado posterior que acredite la mejora obtenida

Este segundo documento deberá haberse emitido antes del 1 de enero de 2027 para que la inversión pueda imputarse correctamente al ejercicio fiscal de 2026. Sin estos certificados, no se reconoce el derecho a la deducción, independientemente del importe invertido.

Atención a la forma de pago: el efectivo no vale

Desde la Agencia Tributaria recuerdan un aspecto que suele generar problemas en muchas declaraciones: los pagos en efectivo no dan derecho a deducción.

Para que la inversión sea válida, los trabajos deben abonarse mediante:

  • Transferencia bancaria

  • Tarjeta de crédito o débito

  • Cheque nominativo

  • Ingreso en cuenta

Esta exigencia busca combatir la economía sumergida y garantizar la trazabilidad de las operaciones en el sector de las reformas.

Deducción del 60% para edificios residenciales

Además de la deducción individual del 40%, la normativa contempla otra deducción del 60% para actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales completos, también con un límite máximo anual de 3.000 euros por contribuyente.

Esta modalidad está especialmente pensada para comunidades de propietarios que acometan mejoras integrales en fachadas, cubiertas o sistemas comunes de climatización.

Reformas más habituales para alcanzar el ahorro máximo

Las actuaciones que suelen permitir acceder a la deducción máxima incluyen:

  • Sustitución de ventanas por cerramientos de alta eficiencia

  • Mejora del aislamiento térmico en fachadas y cubiertas

  • Instalación de sistemas de aerotermia

  • Renovación de sistemas de calefacción y refrigeración

Además del ahorro fiscal, estas reformas reducen de forma notable el consumo energético y la factura de luz y gas.

Una medida fiscal con impacto social y ambiental

El Gobierno enmarca esta deducción dentro de una estrategia más amplia para reducir la dependencia energética de los hogares, mejorar el confort de las viviendas y avanzar hacia un modelo residencial más sostenible, apoyado en fondos europeos.

Para muchos propietarios, la deducción de hasta 3.000 euros en 2026 supone un incentivo clave para acometer reformas que, de otro modo, se aplazarían.

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