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Abren diligencias contra el exministro Salvador Illa por la distribución de mascarillas defectuosas a los sanitarios

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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha acogido con satisfacción la noticia de que el juzgado de Instrucción número 14 de Madrid haya abierto diligencias previas contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, por la querella presentada por el sindicato tras el escándalo de las mascarillas defectuosas durante los primeros momentos de la pandemia.

El auto del juez señala que se deben incoar Diligencias Previas por el presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra Salvador Illa Roca, para lo que exige que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta del carácter de aforado del querellado.

Además, en caso de resultar este órgano el competente para su conocimiento, deberá informar sobre la pertinencia de la admisión a trámite de la presente querella.

Esta decisión se produce después de que en abril de 2020 CESM presentara una querella por la gestión de las mascarillas no homologadas que se distribuyeron entre los profesionales sanitarios y que no impidieron contagios entre los mismos en sus puestos de trabajo. En un primer pronunciamiento el Tribunal Supremo consideró prematuro actuar contra el entonces ministro porque no podía demostrarse que se le pudiera atribuir la responsabilidad de la distribución de las mascarillas saltándose los trámites de homologación que correspondía al Instituto de Salud Carlos III. Por este motivo el Alto Tribunal ordenó que se derivase al juzgado de Instrucción, se investigase y si se confirmaba que Illa tenía implicación y seguía aforado, que la causa volviera al Supremo.

Por el momento, la Confederación se mantiene a la espera del informe que elabore el fiscal, que será trasladado también al sindicato para que posteriormente pueda presentar alegaciones antes de que sea el juez quien adopte la decisión sobre esta causa.

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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