València, 29 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Albal, un municipio de 16.500 habitantes del área metropolitana de Valencia, ha anunciado su compromiso de perseguir a los consumidores sexuales, para los que ha endurecido las multas, con sanciones de hasta 800 euros, para poner freno a las actividades relacionadas con la explotación sexual y la prostitución en el municipio.

Con el objetivo de concienciar a las personas, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión del delito de trata de personas en todo el mundo, Albal se ha sumado a este año a la conmemoración del 30 de julio como Día Mundial contra la trata de personas.

La fecha coincide con la reciente detención del presunto asesino de Florina Gorgos, la joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una acequia de Silla con signos de estrangulamiento, el pasado 30 de enero, 22 días después de desaparecer en el término municipal de Albal. Suponía la segunda muerte de una mujer prostituida en esta localidad de l’Horta Sud, tras el asesinato de Ivana.

Tras la muerte de Florina, el alcalde, Ramón Marí, pasó a pleno la aprobación de adhesión a la Red de Municipios contra la trata de mujeres y niñas, que fue respaldada por unanimidad. A su vez, trasladó esta decisión a sus homólogos de los pueblos afectados por la prostitución callejera que se da en la Pista de Silla, la autovía de salida de Valencia por el sur que atraviesa los términos municipales de Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla y Benetússer.

Esta iniciativa se trasladó también al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y “acabar con los puteros”, según puso de manifiesto Ramón Marí en el minuto de silencio convocado en la puerta del Ayuntamiento tras la muerte de Florina, en un acto en el que se solicitó al Estado la creación de una ley abolicionista contra la trata de mujeres, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y recuperación integral, que persiga a las redes criminales y a los consumidores.

Mediante una moción aprobado en el un pleno extraordinario celebrado este mes de julio, se ha modificado la ordenanza municipal para introducir multas de hasta 800 euros a los consumidores sexuales y para prohibir la publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Trata de personas, Albal ha lanzado una campaña para visibilizar que la trata supone tener a personas sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y mendicidad.

Las redes sociales municipales y los MUPIS locales lanzarán mensajes contra estas violaciones de los derechos humanos.

Para Ramón Marí, “los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza a la democracia y por este motivo vamos a contribuir, desde Albal, en erradicar la prostitución y la trata de personas”.