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Alfredo Pérez Rubalcaba, en estado de extrema gravedad, según el último parte médico

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Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se encuentra en estado de máxima gravedad, según el último parte médico del Centro.

Rubalcaba  ingresó este miércoles por la tarde en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) en estado grave tras sufrir un ictus.

Rubalcaba de 67 años, retirado de la política, ha tenido que recibir los primeros auxilios en su casa de Majadahonda, pero dado el carácter de gravedad, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.

La red social Twitter se ha inundado de mensajes de apoyo y preocupación por parte de todos los líderes políticos:

Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, 28 de julio de 1951) es un químico, profesor y político español miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Conocido principalmente por haber sido vicepresidente del Gobierno de España durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y ministro durante la de Felipe González. Además fue, desde febrero de 2012 hasta julio de 2014, líder de la oposición y secretario general de su partido, por el que fue candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011.

Es doctor en Química Orgánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido ministro de Educación y Ciencia (1992-1993) y ministro de la Presidencia (1993-1996) en los Gobiernos de Felipe González. En la V Legislatura fue diputado por circunscripción electoral de Toledo (desde 1993), pasando a serlo por Madrid tras las elecciones de 1996 y 2000, por Cantabria en 2004 y por Cádiz en 2008. En abril de 2006 fue nombrado ministro del Interior. El 21 de octubre de 2010 tomó posesión como vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de España, conservando además sus responsabilidades en el Ministerio del Interior. Anunció su renuncia a las mismas el 8 de julio de 2011 para presentarse como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011. En junio de 2014 anunció que dejaría su escaño en el Congreso y la vida política en septiembre de 2014 para volver a la universidad a impartir clases de Química Orgánica. Finalmente, la renuncia a su escaño se hizo efectiva el 2 de septiembre de 2014.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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