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Ayuso rechaza la semana laboral de cuatro días: «¿Por qué no tres, o mejor dos?»

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Ayuso semana 4 días

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a revalidar el cargo en las elecciones del próximo día 28, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes la semana laboral de cuatro días, una propuesta que, a su juicio, va dirigida a acabar con «la cultura del trabajo y el esfuerzo».

Ayuso rechaza la semana laboral de cuatro días: «¿Por qué no tres, o mejor dos?»

En un desayuno informativo organizado por El Debate, Ayuso ha censurado cómo va a afrontar un empresario o un autónomo «el inmenso catálogo de la izquierda» de «bajas para todo» y, además, «trabajar cuatro días» a la semana: «¿Pero por qué no tres, o mejor dos?», ha expresado.»Podemos acabar por no ir a trabajar y que nos paguen todo», ha afirmado la presidenta regional.

El centro municipal Las Naves de València ha iniciado este lunes la evaluación del proyecto piloto de la jornada semanal de cuatro días que se ha desarrollado durante cuatro semanas en la ciudad, entre el 10 de abril y el 7 de mayo, en cuanto a las consecuencias en la productividad, en el ocio, la movilidad, la economía y la salud de las personas.

València aplicó una prueba piloto impulsada por el Ayuntamiento las semanas del 10 de abril (Lunes de Pascua), 17 de abril (San Vicente Ferrer), 24 de abril (por el 22 de enero, San Vicente Mártir) y 1 de mayo (Día del Trabajo), para probar en la ciudad el impacto de la aplicación y las consecuencias de trabajar 32 horas semanales.

Medidas dirigidas para enfrentar al trabajador con el empresario

Este martes, Ayuso se ha mostrado a favor de «tener días de descanso» para tener tiempo «con nosotros mismos» y «conciliar», pero se ha preguntado cómo se puede hacer de España un país «competitivo».

A su juicio, estas medidas están dirigidas a «enfrentar al trabajador con el empresario», al tiempo que ha apuntado que, según las profesiones, «no todo se coteja por tiempos».

También ha rechazado la dirigente popular la postura de Más Madrid de «trabajar menos para repartir el trabajo», y ha mencionado que España es de los países «más laxos» junto con Francia.

Ayuso ha señalado que cada empresa tiene que decidir si se puede o no trabajar cuatro días a la semana o «días alternos» de teletrabajo porque «cada negocio es diferente».

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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