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Ayuso rechaza la semana laboral de cuatro días: «¿Por qué no tres, o mejor dos?»

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Ayuso semana 4 días

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a revalidar el cargo en las elecciones del próximo día 28, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes la semana laboral de cuatro días, una propuesta que, a su juicio, va dirigida a acabar con «la cultura del trabajo y el esfuerzo».

Ayuso rechaza la semana laboral de cuatro días: «¿Por qué no tres, o mejor dos?»

En un desayuno informativo organizado por El Debate, Ayuso ha censurado cómo va a afrontar un empresario o un autónomo «el inmenso catálogo de la izquierda» de «bajas para todo» y, además, «trabajar cuatro días» a la semana: «¿Pero por qué no tres, o mejor dos?», ha expresado.»Podemos acabar por no ir a trabajar y que nos paguen todo», ha afirmado la presidenta regional.

El centro municipal Las Naves de València ha iniciado este lunes la evaluación del proyecto piloto de la jornada semanal de cuatro días que se ha desarrollado durante cuatro semanas en la ciudad, entre el 10 de abril y el 7 de mayo, en cuanto a las consecuencias en la productividad, en el ocio, la movilidad, la economía y la salud de las personas.

València aplicó una prueba piloto impulsada por el Ayuntamiento las semanas del 10 de abril (Lunes de Pascua), 17 de abril (San Vicente Ferrer), 24 de abril (por el 22 de enero, San Vicente Mártir) y 1 de mayo (Día del Trabajo), para probar en la ciudad el impacto de la aplicación y las consecuencias de trabajar 32 horas semanales.

Medidas dirigidas para enfrentar al trabajador con el empresario

Este martes, Ayuso se ha mostrado a favor de «tener días de descanso» para tener tiempo «con nosotros mismos» y «conciliar», pero se ha preguntado cómo se puede hacer de España un país «competitivo».

A su juicio, estas medidas están dirigidas a «enfrentar al trabajador con el empresario», al tiempo que ha apuntado que, según las profesiones, «no todo se coteja por tiempos».

También ha rechazado la dirigente popular la postura de Más Madrid de «trabajar menos para repartir el trabajo», y ha mencionado que España es de los países «más laxos» junto con Francia.

Ayuso ha señalado que cada empresa tiene que decidir si se puede o no trabajar cuatro días a la semana o «días alternos» de teletrabajo porque «cada negocio es diferente».

 

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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