El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha anunciado que el Consell estudiará la puesta en marcha de medidas, dentro de sus competencias como Gobierno autonómico, para defender los derechos de los propietarios de las viviendas frente a la ocupación ilegal.

En este sentido, se estudia una acción conjunta entre la Vicepresidencia segunda y las Consellerias de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y Justicia e Interior.

Barrera ha explicado que «desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido», que son los propietarios legítimos de las viviendas, y ha calificado de «sorprendente e increíble» que hoy en día, con la legislación estatal vigente, «no se defienda a quien cumple la ley, sino que se defienda al delincuente, con la ley en la mano, y esto se tiene que acabar».

Ha afirmado que todas las víctimas tienen que saber que tienen «un marco competencial, un Gobierno que entiende sus quejas y que, en la medida de lo posible, va a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social».

El vicepresidente segundo ha realizado estas declaraciones durante su visita, acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, al barrio de la Magdalena en Massamagrell, para conocer la situación de inseguridad ciudadana de sus vecinos tras varios episodios de ocupación ilegal de viviendas.

A continuación, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la localidad, Pilar Peris, en la que también han participado la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y diferentes representantes municipales, judiciales y policiales para analizar cómo afrontar el problema.

Según Barrera, el objetivo de la visita es denunciar la ocupación ilegal, no solo en la Comunitat Valenciana sino en toda España porque va en contra no solo de la ley sino del sentido común el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad.

Ha señalado que lo deseable es que si alguien detecta que una propiedad privada ha sido ocupada pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes; porque quien ocupa una vivienda que no es suya está cometiendo un acto ilegal.

Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha asegurado que la Conselleria de Justicia e Interior va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal, y ha añadido que la prioridad es que todas las víctimas de la ocupación ilegal «tengan la protección con la que no contaban».

Hay 36 Oficinas de Delitos, una por cada partido judicial y son totalmente gratuitas. Además, también se cuenta con atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para solventar esta situación, añade la Conselleria.