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El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio

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Begoña Gómez
Begoña Gómez

El juez que está llevando a cabo la investigación sobre Begoña Gómez, en relación con posibles casos de corrupción empresarial y tráfico de influencias, ha convocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare como testigo el próximo 30 de julio a las 11:00 horas.

La declaración se realizará en La Moncloa, a donde se trasladará el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Además, el juez Peinado ha decidido incluir a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, como investigado en el caso.

Esta decisión se toma tras la solicitud realizada por la acusación popular de Vox el pasado viernes, luego de que la esposa del presidente, Begoña Gómez, optara por no declarar como investigada.

El magistrado considera «conveniente, útil y pertinente» la declaración del presidente del Gobierno, argumentando que existe una modalidad de tráfico de influencias conocida como «tráfico de influencias en cadena», cuyo propósito es investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad. En las últimas semanas, varios testigos han declarado al juez que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa. Joaquín Goyache, por su parte, ha explicado que estas reuniones fueron para discutir asuntos relacionados con la cátedra que Gómez estaba creando y ha reconocido que recibió un trato preferente por parte de ella.

Por otro lado, Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado a la cátedra de Gómez que recibió cartas de recomendación, declaró al juez que se reunió en varias ocasiones con Gómez y que también se encontró con Pedro Sánchez en La Moncloa en dos ocasiones, en presencia de su esposa. Después de su declaración, el juez decidió cambiar su estatus a investigado.

Begoña Gómez se niega a declarar en el caso de tráfico de influencias

Silencio Ante el Juez y Argumentos de la Defensa

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha optado por no responder ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez ha ejercido su derecho a guardar silencio durante la comparecencia, tal como han confirmado las acusaciones presentes en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado, estuvo acompañado por el abogado de Gómez, el fiscal del caso y las acusaciones populares. Aunque no se esperaba que Gómez respondiera a las acusaciones, sí se le había dado la oportunidad de declarar ante el juez o su defensa.

Estrategia de Defensa y Motivos del Silencio

La decisión de no declarar se alinea con los argumentos presentados por su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho. Este ha expresado su preocupación por la falta de concreción en la investigación y los supuestos excesos del juez. Camacho ha explicado que la recomendación de guardar silencio se basa en la percepción de que el procedimiento carece de fundamento. Según la defensa, la única cuestión permitida por la Audiencia Provincial de Madrid para investigar es el vínculo entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, relacionado con contratos y reuniones en la Moncloa.

Reacciones y Procedimientos Judiciales

Durante el procedimiento, Camacho informó que Gómez no iba a declarar, pero el juez Peinado le indicó que la decisión debía ser comunicada directamente por la propia Gómez. Los representantes de las acusaciones, como Javier Pérez-Roldán de Hazte Oír y Luis María Pardo de Iustitia Europa, lamentaron que no se hubiera comunicado la intención de no declarar, argumentando que esto podría haber ahorrado recursos en el dispositivo organizado en Plaza Castilla.

Citaciones y Declaraciones Pendientes

Gómez estaba citada para este viernes a las 10 horas, tras un aplazamiento de su primera convocatoria el pasado 5 de julio. El aplazamiento se debió a la falta de notificación de una querella contra ella presentada por Hazte Oír, que había sido admitida a trámite.

Además de la comparecencia de Gómez, también se esperaba que declararan el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio. El abogado de Gómez solicitó la suspensión de estas declaraciones, argumentando que la denuncia inicial de Manos Limpias no mencionaba a la Complutense.

Informe de la Universidad Complutense de Madrid

El informe de la Universidad Complutense de Madrid, presentado al juez el 1 de julio, solicita investigar si Gómez pudo incurrir en un delito de apropiación indebida. El documento detalla la falta de cooperación de Gómez y la dificultad para obtener respuestas sobre la titularidad de ciertos productos y contratos relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez dirigía.

La UCM había citado a Gómez el 4 de julio para discutir dos facturas relacionadas con la cátedra, pero ella alegó motivos personales para no asistir. Posteriormente, el 5 de julio, Gómez solicitó un aplazamiento en su interrogatorio, alegando no haber recibido toda la documentación pertinente.

Problemas de Colaboración y Requerimientos Pendientes

El informe de la UCM también destaca la falta de colaboración de Gómez en la investigación. La universidad señala que no ha recibido la documentación solicitada y que la actitud de Gómez ha impedido llegar a una conclusión clara. La universidad había convocado una reunión para aclarar la utilización de fondos públicos, pero Gómez pidió un aplazamiento debido al fallecimiento de su padre.

En la reunión celebrada el 2 de julio, Gómez solicitó que se aprobaran las últimas memorias de actuación y económicas de la cátedra, pero el vicerrector indicó que no era el momento adecuado para abordar esos temas. El requerimiento de información verbalizado en la reunión no ha sido respondido por Gómez hasta la fecha.

Este contexto ha generado tensiones y ha retrasado el avance de la investigación sobre la posible apropiación indebida en la UCM.

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Hacienda aplaza a 2027 la entrada en vigor de Verifactu para pymes y autónomos

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Hacienda mayores 65 años

La Agencia Tributaria ha confirmado el aplazamiento de la obligación de usar Verifactu, el sistema de verificación de facturas para empresas, pymes y autónomos, hasta 2027. La medida afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, cuya obligación comenzará en enero de 2027, y al resto de empresas y autónomos, que deberán cumplirla a partir de julio de 2027.

Qué es Verifactu y por qué se implementa

Verifactu es un software obligatorio de facturación que digitaliza y estandariza los procesos de emisión de facturas. Su objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos, facilitando además la vigilancia de Hacienda sobre las operaciones económicas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.

Según datos del Observatorio TeamSystem, solo un 8% de las pymes y autónomos ha implementado Verifactu hasta mediados de noviembre, mientras que un 15% está en proceso de hacerlo.

Motivo del aplazamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Rac1 que el aplazamiento forma parte de un real decreto ley para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y promover la digitalización de los procesos de facturación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que la medida es especialmente relevante para pymes y autónomos, quienes habían solicitado más tiempo para adaptarse al sistema.

Reacciones del sector

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, celebró la medida en la red social X: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.

Expertos como Gonzalo de Luis recuerdan que Verifactu no altera la fiscalidad vigente, sino que permite a Hacienda conocer todos los ingresos de los profesionales, reducir la morosidad, acelerar cobros y profesionalizar la gestión de los negocios.

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