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El juez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio
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Guerra en Irán: cómo puede afectar a España
Publicado
hace 2 añosen
El juez que está llevando a cabo la investigación sobre Begoña Gómez, en relación con posibles casos de corrupción empresarial y tráfico de influencias, ha convocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare como testigo el próximo 30 de julio a las 11:00 horas.
La declaración se realizará en La Moncloa, a donde se trasladará el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Además, el juez Peinado ha decidido incluir a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, como investigado en el caso.
El magistrado considera «conveniente, útil y pertinente» la declaración del presidente del Gobierno, argumentando que existe una modalidad de tráfico de influencias conocida como «tráfico de influencias en cadena», cuyo propósito es investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad. En las últimas semanas, varios testigos han declarado al juez que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa. Joaquín Goyache, por su parte, ha explicado que estas reuniones fueron para discutir asuntos relacionados con la cátedra que Gómez estaba creando y ha reconocido que recibió un trato preferente por parte de ella.
Por otro lado, Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado a la cátedra de Gómez que recibió cartas de recomendación, declaró al juez que se reunió en varias ocasiones con Gómez y que también se encontró con Pedro Sánchez en La Moncloa en dos ocasiones, en presencia de su esposa. Después de su declaración, el juez decidió cambiar su estatus a investigado.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha optado por no responder ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez ha ejercido su derecho a guardar silencio durante la comparecencia, tal como han confirmado las acusaciones presentes en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado, estuvo acompañado por el abogado de Gómez, el fiscal del caso y las acusaciones populares. Aunque no se esperaba que Gómez respondiera a las acusaciones, sí se le había dado la oportunidad de declarar ante el juez o su defensa.
La decisión de no declarar se alinea con los argumentos presentados por su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho. Este ha expresado su preocupación por la falta de concreción en la investigación y los supuestos excesos del juez. Camacho ha explicado que la recomendación de guardar silencio se basa en la percepción de que el procedimiento carece de fundamento. Según la defensa, la única cuestión permitida por la Audiencia Provincial de Madrid para investigar es el vínculo entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, relacionado con contratos y reuniones en la Moncloa.
Durante el procedimiento, Camacho informó que Gómez no iba a declarar, pero el juez Peinado le indicó que la decisión debía ser comunicada directamente por la propia Gómez. Los representantes de las acusaciones, como Javier Pérez-Roldán de Hazte Oír y Luis María Pardo de Iustitia Europa, lamentaron que no se hubiera comunicado la intención de no declarar, argumentando que esto podría haber ahorrado recursos en el dispositivo organizado en Plaza Castilla.
Gómez estaba citada para este viernes a las 10 horas, tras un aplazamiento de su primera convocatoria el pasado 5 de julio. El aplazamiento se debió a la falta de notificación de una querella contra ella presentada por Hazte Oír, que había sido admitida a trámite.
Además de la comparecencia de Gómez, también se esperaba que declararan el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio. El abogado de Gómez solicitó la suspensión de estas declaraciones, argumentando que la denuncia inicial de Manos Limpias no mencionaba a la Complutense.
El informe de la Universidad Complutense de Madrid, presentado al juez el 1 de julio, solicita investigar si Gómez pudo incurrir en un delito de apropiación indebida. El documento detalla la falta de cooperación de Gómez y la dificultad para obtener respuestas sobre la titularidad de ciertos productos y contratos relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez dirigía.
La UCM había citado a Gómez el 4 de julio para discutir dos facturas relacionadas con la cátedra, pero ella alegó motivos personales para no asistir. Posteriormente, el 5 de julio, Gómez solicitó un aplazamiento en su interrogatorio, alegando no haber recibido toda la documentación pertinente.
El informe de la UCM también destaca la falta de colaboración de Gómez en la investigación. La universidad señala que no ha recibido la documentación solicitada y que la actitud de Gómez ha impedido llegar a una conclusión clara. La universidad había convocado una reunión para aclarar la utilización de fondos públicos, pero Gómez pidió un aplazamiento debido al fallecimiento de su padre.
En la reunión celebrada el 2 de julio, Gómez solicitó que se aprobaran las últimas memorias de actuación y económicas de la cátedra, pero el vicerrector indicó que no era el momento adecuado para abordar esos temas. El requerimiento de información verbalizado en la reunión no ha sido respondido por Gómez hasta la fecha.
Este contexto ha generado tensiones y ha retrasado el avance de la investigación sobre la posible apropiación indebida en la UCM.
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Publicado
hace 5 horasen
3 marzo, 2026
Sigue la última hora sobre la guerra en Oriente Próximo:
La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tensionado los mercados energéticos y financieros internacionales. El foco está en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor de un tercio del comercio global de gas natural licuado.
Cualquier alteración en esta ruta clave impacta de forma directa en Europa y, por extensión, en España. Estos son los cinco efectos que pueden influir en el día a día de hogares y empresas.
El primer reflejo del conflicto se ha visto en el petróleo. El barril de Brent —referencia en Europa— ha superado con fuerza los 70 dólares y llegó a aproximarse a los 80 tras repuntes superiores al 8%, con previsiones que apuntan a posibles escaladas adicionales si la crisis se agrava.
Irán concentra cerca del 10% de las reservas mundiales y es uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un recorte de suministro o un bloqueo parcial en Ormuz tensionaría aún más el mercado.
En España, las estaciones de servicio ya anticipan subidas en el precio del combustible, con incrementos más acusados en el gasóleo que en la gasolina. Esto repercute directamente en el transporte, la logística y el coste final de muchos productos.
El gas natural también se ha encarecido en los mercados europeos, especialmente tras los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. Desde la guerra en Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia del gas ruso y aumentó las importaciones de gas natural licuado desde otras regiones, incluidas las del Golfo.
Aunque España cuenta con un suministro diversificado (Argelia, Estados Unidos y varios países africanos), el mercado energético es global. Si el gas sube en Europa, el precio mayorista de la electricidad puede verse arrastrado al alza, lo que terminaría notándose en la factura de hogares e industrias.
La incertidumbre geopolítica también ha golpeado a la renta variable. El IBEX 35 ha registrado descensos relevantes, penalizado por su elevada exposición al sector bancario y al turismo.
Entidades como Banco Santander, BBVA o CaixaBank han sufrido retrocesos, mientras que aerolíneas como IAG —matriz de Iberia y British Airways— han acusado el doble impacto del encarecimiento del combustible y la cancelación de rutas.
En el lado opuesto, compañías energéticas como Repsol se han visto beneficiadas por el repunte del crudo, y firmas tecnológicas y de defensa como Indra han reaccionado al alza ante el previsible aumento del gasto militar.
Si la inflación repunta por el encarecimiento energético, el Banco Central Europeo podría frenar futuras bajadas de tipos o retrasar su hoja de ruta monetaria, lo que afectaría a hipotecas y financiación empresarial.
El transporte marítimo afronta un escenario complejo. Grandes navieras han optado por modificar rutas o suspender escalas en la zona. Evitar el Estrecho de Ormuz implica rodear África para conectar Asia y Europa, lo que supone más días de tránsito, mayor consumo de combustible y primas adicionales de seguros por riesgo bélico.
Este sobrecoste logístico termina trasladándose al precio final de bienes tecnológicos, textiles e industriales importados.
En el ámbito aéreo, varias compañías han cancelado o reprogramado vuelos hacia Oriente Medio. El encarecimiento del queroseno y los desvíos para evitar zonas de riesgo pueden derivar en billetes más caros si la situación se prolonga.
El efecto no se limita a la energía. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes —como amoníaco y azufre— atraviesa el Estrecho de Ormuz. Además, la región produce una parte relevante del polietileno, esencial para envases y embalajes.
La agricultura española depende de estos insumos, cuyos precios están ligados al gas y al petróleo. Si el barril supera los 100 dólares y la interrupción comercial se mantiene, el encarecimiento podría trasladarse a frutas, verduras y productos básicos, alimentando un nuevo ciclo inflacionista.
En el plano político, el Ejecutivo ha negado que Estados Unidos esté utilizando las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones contra Irán.
El presidente Pedro Sánchez ha llamado a la desescalada diplomática, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han insistido en que cualquier uso de instalaciones españolas se rige por el derecho internacional y la soberanía nacional.
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