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Begoña Gómez, a juicio con jurado popular: los tres hechos que el juez Peinado lleva al banquillo

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Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes, 21 de septiembre de 2026, la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La decisión supone que Gómez será juzgada ante un tribunal del jurado por unos hechos relacionados principalmente con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el papel desempeñado por su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el desarrollo de un software vinculado a su proyecto universitario.

El auto, de 67 páginas, también envía al banquillo a Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de un presunto delito de malversación, aunque únicamente en relación con el supuesto desvío de la plataforma informática.

La resolución llega pocos días antes de la jubilación del juez Peinado, prevista para el próximo domingo.

¿Por qué Begoña Gómez irá a juicio?

El magistrado considera que existen indicios suficientes para que un jurado valore tres grandes bloques de hechos:

  • La creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense.
  • El supuesto uso para actividades privadas de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
  • El supuesto desvío hacia el ámbito privado del software desarrollado en el marco del proyecto universitario.

Estos hechos se encuentran vinculados a los dos delitos que finalmente se mantienen contra Gómez: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La apertura de juicio oral no supone una declaración de culpabilidad. Las acusaciones deberán ser acreditadas durante el procedimiento y Begoña Gómez mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

El juez lleva al jurado la creación de la cátedra de la Complutense

Uno de los principales bloques de la investigación es la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

El juez Peinado pone el foco en una reunión que Begoña Gómez mantuvo en julio de 2020 en La Moncloa con el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache.

Según recoge el auto, después de aquella reunión Goyache contactó con el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio.

El magistrado recupera en su resolución la declaración judicial de Doadrio, quien explicó que el rector le comunicó que había que crear una cátedra para Begoña Gómez.

Para Peinado, la sucesión de acontecimientos —la reunión en La Moncloa, la posterior intervención del rector y la rapidez con la que se tramitaron los pasos necesarios— constituye un indicio que debe ser analizado durante el juicio.

La cátedra quedó creada en octubre de 2020, pocos meses después de aquella reunión.

El juez considera que estos hechos deben ser sometidos a la valoración del tribunal del jurado dentro de la acusación por tráfico de influencias.

El papel de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa

El segundo bloque está relacionado con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Peinado mantiene contra Álvarez la acusación por un presunto delito de malversación, pero la limita a su supuesta participación en el asunto relacionado con el software.

El magistrado considera que existen elementos que justifican que su actuación sea examinada en el juicio.

La investigación ha analizado el papel de la asesora y el supuesto uso de recursos públicos en actividades vinculadas a los proyectos de Begoña Gómez.

Sin embargo, la acusación contra Álvarez queda ahora más limitada que en fases anteriores de la investigación.

El software desarrollado para la Complutense, otro de los puntos clave

El tercer bloque que llegará al jurado es el relacionado con el software desarrollado en el marco de la actividad universitaria de Begoña Gómez.

Peinado considera que debe analizarse el supuesto traslado de ese programa desde el ámbito de la universidad hacia una esfera privada.

Este es precisamente el ámbito en el que el juez mantiene la acusación contra Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de la presunta malversación.

El funcionamiento, desarrollo y destino de la plataforma informática será, por tanto, uno de los asuntos que deberán examinarse durante el juicio.

Qué delitos quedan finalmente contra Begoña Gómez

Después de las decisiones adoptadas durante los últimos meses por la Audiencia Provincial de Madrid, el procedimiento ha quedado considerablemente reducido respecto a las primeras fases de la investigación.

Begoña Gómez se sentará en el banquillo por:

  • Tráfico de influencias.
  • Malversación de caudales públicos.

Quedan fuera del juicio las acusaciones por corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal que habían aparecido en distintos momentos del procedimiento.

La Audiencia Provincial también apartó del juicio a Juan Carlos Barrabés, cuyo procedimiento continuará por separado.

Juan Carlos Barrabés queda fuera de este juicio

El empresario Juan Carlos Barrabés no será juzgado junto a Begoña Gómez en este procedimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid determinó que su situación debía continuar por un procedimiento abreviado, en el que se investigan, entre otros aspectos, los contratos y el supuesto trato de favor relacionado con las cartas de recomendación firmadas por Gómez.

De esta manera, el procedimiento que llega ahora al jurado tiene un perímetro más reducido que el planteado inicialmente por el juez Peinado.

La Audiencia ya había recortado la causa

La apertura de juicio oral de este lunes llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid modificara sustancialmente el alcance de la causa durante el verano.

El tribunal dejó fuera determinados delitos y limitó las responsabilidades que podían atribuirse a Begoña Gómez y Cristina Álvarez.

Además, la Audiencia dejó sin efecto el primer auto de apertura de juicio oral que Peinado había dictado el 20 de junio.

El instructor ha tenido que repetir así la fase intermedia del procedimiento y dictar ahora un nuevo auto ajustado al perímetro establecido por la Audiencia Provincial.

La acusación de tráfico de influencias

Uno de los elementos centrales que Peinado mantiene contra Begoña Gómez es el presunto delito de tráfico de influencias.

El juez sitúa como uno de los principales indicios la secuencia relacionada con la creación de la cátedra de la Complutense.

La reunión de julio de 2020 en La Moncloa, la posterior comunicación entre responsables de la universidad y la rápida tramitación para crear la cátedra son, según el magistrado, elementos que deberán ser examinados por el jurado.

No obstante, se trata de indicios recogidos en una resolución judicial y de una acusación que deberá ser probada en juicio, no de hechos declarados probados.

¿Qué significa que Begoña Gómez vaya a un jurado popular?

La decisión de Peinado supone que el procedimiento pasa a la fase de juicio oral ante un tribunal del jurado.

Será la Audiencia Provincial de Madrid la que continúe con la tramitación necesaria para fijar las condiciones de la vista y la composición del jurado.

Durante el juicio se practicarán las pruebas admitidas y las partes podrán exponer sus argumentos antes de que el jurado delibere sobre los hechos sometidos a su consideración.

La apertura de juicio oral no equivale a una condena.

Un nuevo escenario para el caso Begoña Gómez

El auto dictado este lunes marca un nuevo capítulo de una investigación que comenzó en 2024 y que ha sufrido diferentes modificaciones judiciales.

La causa llega ahora a juicio con un alcance más limitado que el planteado inicialmente por el instructor.

Para Begoña Gómez, el procedimiento queda centrado en dos presuntos delitos y en tres grandes bloques de hechos: la creación y funcionamiento de la cátedra de la Complutense, el papel de su asesora de Moncloa y el software desarrollado dentro del proyecto universitario.

Será durante el juicio cuando las acusaciones y las defensas puedan presentar y discutir las pruebas ante el tribunal del jurado.

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La UCO detiene a seis personas por el caso Koldo: entre ellas, la pareja de Ábalos y Cristian Corvillo

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La Audiencia Nacional ordena los arrestos en una nueva pieza secreta de la investigación que dirige el juez Ismael Moreno, con actuaciones en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves a seis personas en el marco de una nueva operación del caso Koldo. Entre los arrestados se encuentran Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado por el PP como antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Las detenciones han sido ordenadas por la Audiencia Nacional para tomar declaración a los implicados en una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo, que instruye el magistrado Ismael Moreno. El operativo se ha desarrollado en cuatro ciudades: Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

La nueva actuación policial se produce después de que el juez recibiera un informe de la UCO y acordara la apertura de esta pieza separada. Por el momento, el contenido del documento y los hechos concretos que se investigan permanecen bajo secreto judicial.

Andrea de la Torre, detenida tras el registro de la casa de Ábalos en Valencia

Uno de los principales escenarios del operativo ha sido el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Los agentes de la UCO se han personado en la vivienda del exministro, donde se encontraba Andrea de la Torre, su pareja.

La mujer ha sido detenida después de ser interrogada por los investigadores en presencia de un abogado. La actuación se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez Ismael Moreno dentro de esta nueva línea de investigación.

El registro de la vivienda valenciana forma parte del despliegue policial que también ha incluido actuaciones en otros puntos de España. La Guardia Civil ha acudido, además, a la sede de Adif para requerir documentación relacionada con las pesquisas. Desde la empresa pública han trasladado su colaboración con los investigadores y que han facilitado la información solicitada.

Cristian Corvillo, otro de los detenidos en la operación

Entre las seis personas afectadas por las detenciones figura también Cristian Corvillo, arrestado en Córdoba. Su nombre ha adquirido relevancia por su relación anterior con el entorno político de Pedro Sánchez y por sus vínculos empresariales con personas investigadas en el caso Koldo.

El PP lo ha señalado como antiguo chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Sin embargo, el Gobierno ha negado que Corvillo fuera conductor del actual presidente, tanto del partido como del Ejecutivo.

Corvillo ya compareció el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz como testigo en la investigación del denominado caso hidrocarburos. Durante su declaración reconoció haberse reunido con José Luis Ábalos para tratar asuntos relacionados con el PSOE y explicó que en algunos de esos encuentros también estuvo presente Koldo García.

Asimismo, admitió que tanto él como su hermano Rubén habían mantenido una vinculación empresarial con Víctor de Aldama, aunque aseguró que los negocios que intentaron desarrollar no llegaron a materializarse.

Su nombre también ha aparecido en las pesquisas relacionadas con la operación inmobiliaria de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), una vivienda que los investigadores relacionaron con el entorno del exministro.

Una nueva pieza secreta sobre presuntas irregularidades en obra pública

La operación de este jueves se enmarca en una nueva fase del caso Koldo, una investigación que comenzó con los presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia y que posteriormente se amplió a otras posibles irregularidades.

La nueva pieza separada está relacionada con la rama que investiga presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares de obra pública. El juez Ismael Moreno decidió abrirla después de recibir un nuevo informe elaborado por la UCO.

La investigación permanece bajo secreto, por lo que todavía no se conocen todos los detalles de los hechos que han motivado las seis detenciones ni el papel que podría atribuirse a cada una de las personas afectadas.

Con los registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla y el requerimiento de información a Adif, la Guardia Civil continúa ampliando las diligencias sobre una de las principales causas judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública.

La operación supone un nuevo episodio del caso Koldo y vuelve a situar en el foco al entorno del exministro José Luis Ábalos, mientras la Audiencia Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre posibles amaños en contratos públicos.

 

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