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Begoña Gómez, a juicio con jurado popular: los tres hechos que el juez Peinado lleva al banquillo
Publicado
hace 2 semanasen
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes, 21 de septiembre de 2026, la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La decisión supone que Gómez será juzgada ante un tribunal del jurado por unos hechos relacionados principalmente con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el papel desempeñado por su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el desarrollo de un software vinculado a su proyecto universitario.
El auto, de 67 páginas, también envía al banquillo a Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de un presunto delito de malversación, aunque únicamente en relación con el supuesto desvío de la plataforma informática.
La resolución llega pocos días antes de la jubilación del juez Peinado, prevista para el próximo domingo.
¿Por qué Begoña Gómez irá a juicio?
El magistrado considera que existen indicios suficientes para que un jurado valore tres grandes bloques de hechos:
- La creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense.
- El supuesto uso para actividades privadas de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
- El supuesto desvío hacia el ámbito privado del software desarrollado en el marco del proyecto universitario.
Estos hechos se encuentran vinculados a los dos delitos que finalmente se mantienen contra Gómez: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La apertura de juicio oral no supone una declaración de culpabilidad. Las acusaciones deberán ser acreditadas durante el procedimiento y Begoña Gómez mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
El juez lleva al jurado la creación de la cátedra de la Complutense
Uno de los principales bloques de la investigación es la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.
El juez Peinado pone el foco en una reunión que Begoña Gómez mantuvo en julio de 2020 en La Moncloa con el entonces rector de la universidad, Joaquín Goyache.
Según recoge el auto, después de aquella reunión Goyache contactó con el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio.
El magistrado recupera en su resolución la declaración judicial de Doadrio, quien explicó que el rector le comunicó que había que crear una cátedra para Begoña Gómez.
Para Peinado, la sucesión de acontecimientos —la reunión en La Moncloa, la posterior intervención del rector y la rapidez con la que se tramitaron los pasos necesarios— constituye un indicio que debe ser analizado durante el juicio.
La cátedra quedó creada en octubre de 2020, pocos meses después de aquella reunión.
El juez considera que estos hechos deben ser sometidos a la valoración del tribunal del jurado dentro de la acusación por tráfico de influencias.
El papel de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa
El segundo bloque está relacionado con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
Peinado mantiene contra Álvarez la acusación por un presunto delito de malversación, pero la limita a su supuesta participación en el asunto relacionado con el software.
El magistrado considera que existen elementos que justifican que su actuación sea examinada en el juicio.
La investigación ha analizado el papel de la asesora y el supuesto uso de recursos públicos en actividades vinculadas a los proyectos de Begoña Gómez.
Sin embargo, la acusación contra Álvarez queda ahora más limitada que en fases anteriores de la investigación.
El software desarrollado para la Complutense, otro de los puntos clave
El tercer bloque que llegará al jurado es el relacionado con el software desarrollado en el marco de la actividad universitaria de Begoña Gómez.
Peinado considera que debe analizarse el supuesto traslado de ese programa desde el ámbito de la universidad hacia una esfera privada.
Este es precisamente el ámbito en el que el juez mantiene la acusación contra Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de la presunta malversación.
El funcionamiento, desarrollo y destino de la plataforma informática será, por tanto, uno de los asuntos que deberán examinarse durante el juicio.
Qué delitos quedan finalmente contra Begoña Gómez
Después de las decisiones adoptadas durante los últimos meses por la Audiencia Provincial de Madrid, el procedimiento ha quedado considerablemente reducido respecto a las primeras fases de la investigación.
Begoña Gómez se sentará en el banquillo por:
- Tráfico de influencias.
- Malversación de caudales públicos.
Quedan fuera del juicio las acusaciones por corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal que habían aparecido en distintos momentos del procedimiento.
La Audiencia Provincial también apartó del juicio a Juan Carlos Barrabés, cuyo procedimiento continuará por separado.
Juan Carlos Barrabés queda fuera de este juicio
El empresario Juan Carlos Barrabés no será juzgado junto a Begoña Gómez en este procedimiento.
La Audiencia Provincial de Madrid determinó que su situación debía continuar por un procedimiento abreviado, en el que se investigan, entre otros aspectos, los contratos y el supuesto trato de favor relacionado con las cartas de recomendación firmadas por Gómez.
De esta manera, el procedimiento que llega ahora al jurado tiene un perímetro más reducido que el planteado inicialmente por el juez Peinado.
La Audiencia ya había recortado la causa
La apertura de juicio oral de este lunes llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid modificara sustancialmente el alcance de la causa durante el verano.
El tribunal dejó fuera determinados delitos y limitó las responsabilidades que podían atribuirse a Begoña Gómez y Cristina Álvarez.
Además, la Audiencia dejó sin efecto el primer auto de apertura de juicio oral que Peinado había dictado el 20 de junio.
El instructor ha tenido que repetir así la fase intermedia del procedimiento y dictar ahora un nuevo auto ajustado al perímetro establecido por la Audiencia Provincial.
La acusación de tráfico de influencias
Uno de los elementos centrales que Peinado mantiene contra Begoña Gómez es el presunto delito de tráfico de influencias.
El juez sitúa como uno de los principales indicios la secuencia relacionada con la creación de la cátedra de la Complutense.
La reunión de julio de 2020 en La Moncloa, la posterior comunicación entre responsables de la universidad y la rápida tramitación para crear la cátedra son, según el magistrado, elementos que deberán ser examinados por el jurado.
No obstante, se trata de indicios recogidos en una resolución judicial y de una acusación que deberá ser probada en juicio, no de hechos declarados probados.
¿Qué significa que Begoña Gómez vaya a un jurado popular?
La decisión de Peinado supone que el procedimiento pasa a la fase de juicio oral ante un tribunal del jurado.
Será la Audiencia Provincial de Madrid la que continúe con la tramitación necesaria para fijar las condiciones de la vista y la composición del jurado.
Durante el juicio se practicarán las pruebas admitidas y las partes podrán exponer sus argumentos antes de que el jurado delibere sobre los hechos sometidos a su consideración.
La apertura de juicio oral no equivale a una condena.
Un nuevo escenario para el caso Begoña Gómez
El auto dictado este lunes marca un nuevo capítulo de una investigación que comenzó en 2024 y que ha sufrido diferentes modificaciones judiciales.
La causa llega ahora a juicio con un alcance más limitado que el planteado inicialmente por el instructor.
Para Begoña Gómez, el procedimiento queda centrado en dos presuntos delitos y en tres grandes bloques de hechos: la creación y funcionamiento de la cátedra de la Complutense, el papel de su asesora de Moncloa y el software desarrollado dentro del proyecto universitario.
Será durante el juicio cuando las acusaciones y las defensas puedan presentar y discutir las pruebas ante el tribunal del jurado.
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VÍDEO| Maricarmen culpabilizó a Pedro Sánchez antes de morir: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay»
Publicado
hace 34 minutosen
8 octubre, 2026
La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, ha provocado una nueva batalla política por la vivienda.
Ministros y dirigentes de la izquierda han despedido a Maricarmen reivindicándola como símbolo de la lucha contra los desahucios, mientras desde distintos sectores se reclama responsabilidad a las administraciones por no haber encontrado una solución antes de que se ejecutara el lanzamiento.
Pero existe un documento especialmente relevante para entender qué pensaba la propia Maricarmen sobre los políticos responsables de su situación.
La víspera de su desahucio, Maricarmen concedió una entrevista a Televisión Española en la que señaló directamente a Pedro Sánchez.
«A Pedro Sánchez»
En la entrevista emitida por TVE, la periodista le preguntó a Maricarmen:
«¿A quién responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?»
La respuesta fue inmediata:
«A Pedro Sánchez».
Y la mujer de 87 años añadió:
«No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera, o no quiere enterarse».
La declaración se produjo el 22 de septiembre de 2026, un día antes de que se ejecutara el desahucio de su vivienda en Madrid.
TVE ha recuperado ahora esas imágenes tras su fallecimiento y ha difundido la entrevista bajo el título Las críticas de Maricarmen a los políticos en TVE antes de su desahucio.
El vídeo resulta especialmente significativo porque permite escuchar directamente a Maricarmen y no a través de las interpretaciones posteriores de partidos políticos o colectivos.
Maricarmen también señaló a Ayuso y Almeida
La declaración contra Sánchez no fue la única que realizó en aquella entrevista.
Después de señalar al presidente del Gobierno, Maricarmen también responsabilizó de su situación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Sobre Ayuso afirmó que consideraba que el cargo «le viene un poco grande».
Sobre Almeida, aseguró que estaba «cargándose Madrid».
Por tanto, la entrevista completa no permite afirmar que Maricarmen responsabilizara únicamente al Gobierno central. Su crítica se dirigió a los principales responsables políticos de las distintas administraciones, además de a la empresa propietaria de la vivienda.
Precisamente por eso, la declaración contra Sánchez adquiere ahora una especial relevancia en el debate político que se ha abierto después de su muerte.
La izquierda convierte ahora a Maricarmen en símbolo
Tras conocerse su fallecimiento, numerosos representantes de la izquierda han reivindicado públicamente su figura.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lamentó «profundamente» su muerte y trasladó sus condolencias a quienes la acompañaron durante su lucha.
También se han pronunciado otros miembros del Gobierno y representantes de PSOE, Sumar y Podemos, que han presentado a Maricarmen como un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda.
El propio Pedro Sánchez trasladó sus condolencias por la muerte de la mujer de 87 años y aseguró: «Sentimos esta pérdida como propia».
El contraste con las declaraciones que la propia Maricarmen había realizado apenas dos semanas antes es evidente: cuando todavía estaba viva y podía explicar personalmente su situación, señaló al presidente del Gobierno como primera respuesta cuando le preguntaron a quién responsabilizaba de lo ocurrido.
El Gobierno tenía mecanismos para suspender determinados desahucios
El debate político no se limita a las declaraciones de Maricarmen.
Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado diferentes medidas para proteger a personas vulnerables frente a determinados procedimientos de desahucio.
Y el pasado 6 de octubre, apenas un día antes de conocerse la muerte de Maricarmen, el Gobierno aprobó un nuevo real decreto-ley que establece hasta el 31 de diciembre de 2030 un régimen de suspensión de determinados procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con diferentes requisitos y excepciones.
El propio texto aprobado por el Ejecutivo defiende que las medidas pretenden reforzar la protección de las personas vulnerables y evitar que se produzcan lanzamientos sin alternativa habitacional.
Esto introduce una cuestión política difícil de esquivar: el Gobierno central ha dispuesto durante años de instrumentos legales para suspender determinados desahucios y ahora vuelve a ampliar esas herramientas, aunque cada procedimiento concreto depende de sus circunstancias y de las decisiones de las distintas administraciones y órganos judiciales.
El caso de Maricarmen llegó hasta Naciones Unidas
El caso tampoco pasó desapercibido para organismos internacionales.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había reclamado medidas provisionales en relación con la situación de Maricarmen y pidió que se adoptaran medidas para evitar posibles daños irreparables mientras examinaba el caso.
El Defensor del Pueblo también reclamó a las administraciones medidas urgentes para evitar situaciones similares y advirtió de que el caso ponía de manifiesto deficiencias que deberían ser subsanadas.
A pesar de todo ello, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre.
Maricarmen salió de su vivienda en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
Después del desahucio llegó una solución que ya no pudo disfrutar
Tras el lanzamiento se produjo una negociación con la propiedad del inmueble.
Finalmente se alcanzó un acuerdo que contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años, con una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.
La solución, sin embargo, llegó demasiado tarde. Maricarmen permaneció hospitalizada y nunca pudo regresar a la vivienda en la que había vivido durante 71 años.
Su abogada, Beatriz Duro, ha defendido después de su muerte que el deterioro de su salud durante el proceso fue evidente y afirmó que, si el lanzamiento se hubiera suspendido, «hoy no estaríamos en esta situación». La letrada también criticó la falta de alternativas proporcionadas por las administraciones.
Esta valoración corresponde a su abogada y no supone una conclusión médica que establezca que el desahucio causó la muerte de Maricarmen.
La contradicción que deja su última batalla
El caso de Maricarmen ha terminado convirtiéndose en una batalla política en la que las distintas partes señalan responsabilidades en direcciones diferentes.
La izquierda la reivindica ahora como símbolo de la lucha por la vivienda y reclama más protección frente a los desahucios.
Pero las imágenes de TVE muestran también a una Maricarmen viva, hablando en primera persona y respondiendo a una pregunta muy concreta sobre quién consideraba responsable de su situación.
Y su primera respuesta fue inequívoca:
«A Pedro Sánchez».
Después señaló también a Ayuso, Almeida y a la empresa propietaria del inmueble.
Por eso, más allá de las interpretaciones partidistas posteriores a su muerte, hay una parte de la historia que está registrada en vídeo y que permite escuchar directamente a la mujer que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda.
Maricarmen no dejó solo un mensaje político después de morir. También dejó su propia versión de quién consideraba responsable de lo que le estaba sucediendo.
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