Begoña Gómez declarará en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el próximo 5 de julio a las 10:00 horas.
Así lo ha determinado Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, en el marco de las diligencias previas 1146/2024.
El juez a cargo del caso abierto tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de levantar el secreto de la causa. Esta determinación se fundamenta en la circunstancia de que los detalles del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que forma parte de la instrucción, han sido publicados en varios medios de comunicación.
Según adelantó El País y confirmaron fuentes de Europa Press, dicho informe concluye que no existen indicios de delito en la actividad profesional de Gómez, desestimando así las acusaciones de tráfico de influencias relacionadas con el rescate de la aerolínea Air Europa y los concursos convocados por Red.es en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Las informaciones en prensa
El juez ha considerado que la divulgación del informe en la prensa ha alterado las circunstancias que motivaron la declaración de secreto de las actuaciones. Por lo tanto, ha resuelto levantar dicho secreto y ha notificado esta decisión tanto a la Fiscalía como a las partes personadas en el proceso, entre las cuales se encuentran el sindicato de funcionarios Manos Limpias, el partido político Vox y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Además, el juez ha tomado otras medidas en el marco de la investigación. Ha citado a seis testigos para declarar los días 6 y 7 de junio y ha solicitado a la Policía Nacional una copia del documento nacional de identidad de Begoña Gómez. Asimismo, en otra providencia, ha requerido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que cuantifique las visitas personales recibidas por parte del representante del Ministerio Fiscal, consideradas como frecuentes e inusuales.
El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez «visto el estado de las actuaciones»
El juez que está investigando la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, ha solicitado a la Policía Nacional una copia autenticada y legible del DNI de la señora Gómez, «dado el estado actual de las actuaciones».
En una providencia obtenida por Europa Press, el juez instructor Juan Carlos Peinado se dirige expresamente a Gómez como «investigada», aunque aún no ha sido formalmente citada como tal en el proceso.
Las visitas del fiscal
Por otro lado, el juez también ha pedido al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que evalúe «las visitas personales frecuentes e inusuales» realizadas en la sede judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal. Esta solicitud se realiza debido a lo inusual de la actitud procesal de la Fiscalía, especialmente en relación con la interposición automática de recursos de apelación y la insistencia en ser informados de forma inmediata sobre las resoluciones dictadas y las que puedan ser emitidas en el futuro.
En respuesta a esta solicitud del juez, fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan que si la Fiscalía muestra interés en el caso, es porque el magistrado «no ha notificado nada a la Fiscalía». Afirman que el juez inició las diligencias sin notificarles, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó al respecto.
Además, estas fuentes destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite comunicados de prensa sobre el caso, pero no informa a la Fiscalía, que es parte en el proceso. Esto ha llevado a situaciones en las que la Fiscalía tuvo que pedir información después de enterarse de los avances del caso a través de los medios de comunicación.
En resumen, la Fiscalía considera que es fundamental ser notificada oficialmente sobre los procedimientos judiciales en los que está involucrada, ya que esto le permite cumplir con su deber de representar los intereses del Estado en el proceso.
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