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BioNTech espera tener vacuna para todos los menores desde el próximo otoño

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Sede de la compañía biofarmacéutica BionTech en Mainz, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Berlín, 29 abr (EFE).- La vacuna contra la covid-19 del laboratorio alemán BioNTech desarrollada conjuntamente con la farmacéutica estadounidense Pfizer estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo otoño, adelantó este jueves el semanario «Der Spiegel».

Dentro de unas pocas semanas se podrá administrar a los menores a partir de doce años, «mucho antes de lo esperado», según BioNTech, cuyo cofundador y presidente, Ugur Sahin, declaró: «creemos que ahora puede ir muy deprisa».

«Las pruebas hasta ahora sobre tolerabilidad y eficacia son alentadoras», agregó Sahin, quien dijo a la publicación alemana que la disponibilidad de la vacuna para niños ha sido una prioridad para el laboratorio, que espera poder solicitar una autorización para administrarla a todos los de más de seis meses desde el próximo septiembre.

Sahin añadió que la empresa ya ha solicitado la autorización condicional en Estados Unidos sobre la base de los resultados obtenidos entre muestras de menores de entre 12 y 15 años y añadió que «en Europa estamos en las últimas fases antes de la solicitud».

El responsable de BioNTech precisó que el miércoles de la semana próxima se hará la solicitud correspondiente a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para la vacuna destinada a los menores de más de 12 años.

Como el proceso de aprobación dura normalmente unas semanas el laboratorio cuenta con que se pueda administrar ya la vacuna a ese segmento de población desde comienzos de junio.

Para los menores de doce años Sahin explicó a «Spiegel» que actualmente se está realizando un segundo estudio clínico «que ya está muy avanzado».

«Si todo va bien podríamos, tan pronto como se hayan valorado los datos, solicitar la autorización para una vacuna para todos los menores de cada segmento de edad en varios países», agregó Sahin, quien adelanta que los resultados ya disponibles permiten pensar en que el preparado será «efectivo al cien por cien».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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