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Caixabank plantea un ERE para 8.291 empleados y el cierre de 1.534 oficinas

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EFE

Madrid, 20 abr (EFE/OP).- La crisis derivada de la pandemia del coronavirus, unido a las fusiones y los intentos de la banca por mejorar su rentabilidad en un entorno de tipos históricamente bajos, ha llevado a las entidades financieras a plantear despidos colectivos que previsiblemente afectarán a más de 18.000 empleados.

La mayor parte saldrá de CaixaBank, que ha expuesto este martes a los sindicatos su plan para reducir 8.291 empleos, el 18,7 % de su plantilla en España, además del cierre de 1.534 oficinas tras la fusión con Bankia, aunque ha mostrado su compromiso de poner en marcha un plan de recolocación que permita encontrar trabajo a todas las personas que salgan del banco.

Además de esta entidad, el BBVA acaba de empezar a negociar con los representantes de los trabajadores un despido colectivo que algunos analistas calculan que podría afectar al menos al 10 % de sus trabajadores en España, lo que supondría el recorte de unos 3.000 puestos.

De confirmarse esta cifra, solo CaixaBank y el BBVA estarían suprimiendo casi 11.300 puestos de trabajo este año de su red y sus servicios centrales en España, a los que habría que sumar unas 1.500 salidas tras la fusión de Unicaja Banco y Liberbank.

Es decir, los recortes de plantilla irían ya por los 12.800 y alcanzarían los 18.175 trabajadores si se tienen en cuenta los más de 3.500 empleados que se verán afectados por el ERE acordado a finales del pasado año por el Banco Santander y los sindicatos, y los 1.875 del ajuste previsto por el Banco Sabadell.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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