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Caixabank plantea un ERE para 8.291 empleados y el cierre de 1.534 oficinas

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EFE

Madrid, 20 abr (EFE/OP).- La crisis derivada de la pandemia del coronavirus, unido a las fusiones y los intentos de la banca por mejorar su rentabilidad en un entorno de tipos históricamente bajos, ha llevado a las entidades financieras a plantear despidos colectivos que previsiblemente afectarán a más de 18.000 empleados.

La mayor parte saldrá de CaixaBank, que ha expuesto este martes a los sindicatos su plan para reducir 8.291 empleos, el 18,7 % de su plantilla en España, además del cierre de 1.534 oficinas tras la fusión con Bankia, aunque ha mostrado su compromiso de poner en marcha un plan de recolocación que permita encontrar trabajo a todas las personas que salgan del banco.

Además de esta entidad, el BBVA acaba de empezar a negociar con los representantes de los trabajadores un despido colectivo que algunos analistas calculan que podría afectar al menos al 10 % de sus trabajadores en España, lo que supondría el recorte de unos 3.000 puestos.

De confirmarse esta cifra, solo CaixaBank y el BBVA estarían suprimiendo casi 11.300 puestos de trabajo este año de su red y sus servicios centrales en España, a los que habría que sumar unas 1.500 salidas tras la fusión de Unicaja Banco y Liberbank.

Es decir, los recortes de plantilla irían ya por los 12.800 y alcanzarían los 18.175 trabajadores si se tienen en cuenta los más de 3.500 empleados que se verán afectados por el ERE acordado a finales del pasado año por el Banco Santander y los sindicatos, y los 1.875 del ajuste previsto por el Banco Sabadell.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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