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Caixabank plantea un ERE para 8.291 empleados y el cierre de 1.534 oficinas

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EFE

Madrid, 20 abr (EFE/OP).- La crisis derivada de la pandemia del coronavirus, unido a las fusiones y los intentos de la banca por mejorar su rentabilidad en un entorno de tipos históricamente bajos, ha llevado a las entidades financieras a plantear despidos colectivos que previsiblemente afectarán a más de 18.000 empleados.

La mayor parte saldrá de CaixaBank, que ha expuesto este martes a los sindicatos su plan para reducir 8.291 empleos, el 18,7 % de su plantilla en España, además del cierre de 1.534 oficinas tras la fusión con Bankia, aunque ha mostrado su compromiso de poner en marcha un plan de recolocación que permita encontrar trabajo a todas las personas que salgan del banco.

Además de esta entidad, el BBVA acaba de empezar a negociar con los representantes de los trabajadores un despido colectivo que algunos analistas calculan que podría afectar al menos al 10 % de sus trabajadores en España, lo que supondría el recorte de unos 3.000 puestos.

De confirmarse esta cifra, solo CaixaBank y el BBVA estarían suprimiendo casi 11.300 puestos de trabajo este año de su red y sus servicios centrales en España, a los que habría que sumar unas 1.500 salidas tras la fusión de Unicaja Banco y Liberbank.

Es decir, los recortes de plantilla irían ya por los 12.800 y alcanzarían los 18.175 trabajadores si se tienen en cuenta los más de 3.500 empleados que se verán afectados por el ERE acordado a finales del pasado año por el Banco Santander y los sindicatos, y los 1.875 del ajuste previsto por el Banco Sabadell.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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