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Valencia

Las ITV valencianas podrán pasar la revisión sin cita y habrá pago electrónico

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cambios ITV Comunitat Valenciana
Imagen del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana. ARchivo/EFE/ Kai Försterling

València, 21 may (OFFICIAL PRESS-EFE).-Nuevos cambios en las ITV de la Comunitat Valenciana. La sociedad pública de las ITV Sitval habilitará una línea sin cita previa en algunas estaciones de inspección de la Comunitat Valenciana para acabar con el colapso, y pondrá en funcionamiento a finales de este mes una nueva web con pasarela de pago en el momento de la cita para evitar la reventa.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha anunciado estos avances tras reunirse en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu), Fernando Moner.

El plan de choque de la Conselleria para intentar solventar el colapso en las inspecciones técnicas de vehículos consiste en dedicar una línea específica al transporte profesional, que posteriormente se habilitará también para usuarios particulares. Por el momento no se ha concretado qué estaciones darán este servicio.

Asimismo, a finales de este mes de mayo se activará la nueva plataforma web de reserva y pago de las citas previas, y además se reforzará la atención telefónica para la recepción de llamadas de solicitud de cita previa.

En junio se procederá a contratar a 90 empleados fijos y 250 nuevos inspectores, estos con carácter temporal para atender el incremento de matriculaciones que se produce entre junio y septiembre y coincidiendo con las vacaciones de la plantilla de Sitval.

La consellera comprende las quejas

Montes ha afirmado comprender a los consumidores que sufren el colapso de las citas previas para pasar las revisiones y los procedimientos de denuncia que deseen iniciar en este sentido, si bien ha asegurado que se ha hecho todo lo posible por solucionar la situación «caótica» del servicio y hay que tener en cuenta que al ser una empresa pública debe seguir los procesos establecidos para el sector público.

También ha señalado que hay conductores que piden cita con antelación suficiente y que en algunas estaciones como la de Alicante se van liberando citas casi a diario y están atendiendo sin cita previa.

Se ha registrado un descenso del 20 % en los datos anuales de revisiones de ITV, seguramente por haberse desplazado a comunidades limítrofes para evitar la situación de colapso.

Respecto a la reventa de citas, ha explicado que Sitval ha detectado que la actual web, «prácticamente de andar por casa», la tiran abajo «cada dos por tres», y en concreto la semana pasada sufrió un ataque informático por el que hubo más de 2 millones de entradas que no corresponden al uso doméstico.

El pirateo informático permite que haya organizaciones que puedan crear un sistema de reserva con matrículas, pero Sitval está intentando detectar fraudes como este y además la puesta en marcha de la nueva plataforma web impedirá que se puedan producir estos problemas.

Para dificultar que se pueda hacer reventa de citas, se va a poner en marcha la obligación del pago previo en el momento de la reserva de la cita, aportando la matrícula y la titularidad del vehículo, y se podrá pagar por todos los medios habituales.

La consellera ha culpado al gobierno del Botànic del «caos» que el Consell actual «ha tenido que arreglar».

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado tras la Junta de Síndics que la próxima semana se debatirá en el pleno la propuesta de su grupo de crear una comisión de investigación sobre la privatización de las ITV, y ha acusado al Consell actual de que este servicio sea «un caos» para justificar su «reprivatización».

Asimismo, el síndic del grupo socialista, José Muñoz, ha anunciado que van a pedir una comisión de estudio sobre la situación actual de las ITV, para saber «qué está pasando ante la falta de citas», pues el servicio funcionaba «con normalidad» con el Botànic y ahora está marcado por las «anomalías».

Avacu no recomienda denunciar

Moner ha recomendado recopilar la documentación y acudir a una asociación de consumidores antes que recurrir a procesos judiciales, para que esta valore la casuística.

Ha señalado que Sitval «ha solventado» la conflictividad mercantil y laboral, y ahora entre los usuarios, con medidas como un sistema informático sencillo que evite «toda esa situación de fraude» y de colapso.

«Si al final los consumidores tenemos una página web clara, navegable y muy ágil, no vamos a tener que ir a nadie a que por 20 euros nos dé una cita -las citas son gratuitas-, ni meternos en una página que puede ser una estafa», ha manifestado Moner, que ha pedido paciencia ante las soluciones que estarán en marcha «en cuestión de semanas o de pocos meses».

Cita previa para pasar la ITV Valencia

 

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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