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Casado reta al Gobierno a intervenir la Comunitat Valenciana por incumplir el objetivo de deuda

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MADRID, 16 Dic. – El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su formación va a pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que explique la ‘intervención’ de la Junta de Andalucía y ha subrayado que si tuviera «un mínimo de coherencia» el Ejecutivo tendría que tomar la misma medida con la Comunitat Valenciana y otras comunidades gobernadas por el PSOE.

En concreto, el Ministerio de Hacienda, que ha comunicado a la Junta de Andalucía que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclama al Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno que presente un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública.

Para Casado, con esta decisión, el Gobierno incurre en «otra gran contradicción» porque «la consejera Montero», cargo que ejerció la política andaluza entre septiembre de 2013 y junio de 2018, «se ve enmendanda por la ministra Montero». «Esto parece una broma de Gila, pero no lo es», ha abundado en una rueda de prensa en el Congreso.

El líder del PP ha señalado que es «muy preocupante» el «agravio comparativo» con otras comunidades. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitarlo», ha anunciado, especificando después su intención de solicitar la comparecencia de Montero.

TAPAR SU DESASTROSA GESTIÓN
«Vamos a solicitar la comparecencia de Montero para que dé cuenta de por qué esta tomando esta medida como ministra y qué es lo opina de su gestión como consejera y, ya si nos explica su papel en los ERE sería estupendo», ha apuntado, acusando a la titular de Hacienda de ‘intervenir’ la Junta para «intentar tapar» la «desastrosa, corrupta y clientar gestión» de los gobiernos socialistas andaluces.

A su juicio, el bipartito andaluz de PP y Ciudadanos no tiene «por qué pagar» los «incumplimientos» del Ejecutivo de Susana Díaz y Montero, máxime cuando «está tomando iniciativas para paliarlos y ya está creando empleo y atrayendo inversión internacional».

Además, ha recalcado que si el Gobierno tuviera «un mínimo de coherencia» tendría que hacer lo mismo con la Comunitat Valenciana y todas las gobernadas por el PSOE. «Pero ya hemos visto que no la tiene porque con las entregas a cuenta tuvo que esperar a la campaña electoral y sigue adeudando todas las entregas ya recaudadas por IVA, sobre todo en las que gobierna el PP», ha denunciado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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