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Casado reta al Gobierno a intervenir la Comunitat Valenciana por incumplir el objetivo de deuda

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MADRID, 16 Dic. – El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su formación va a pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que explique la ‘intervención’ de la Junta de Andalucía y ha subrayado que si tuviera «un mínimo de coherencia» el Ejecutivo tendría que tomar la misma medida con la Comunitat Valenciana y otras comunidades gobernadas por el PSOE.

En concreto, el Ministerio de Hacienda, que ha comunicado a la Junta de Andalucía que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclama al Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno que presente un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública.

Para Casado, con esta decisión, el Gobierno incurre en «otra gran contradicción» porque «la consejera Montero», cargo que ejerció la política andaluza entre septiembre de 2013 y junio de 2018, «se ve enmendanda por la ministra Montero». «Esto parece una broma de Gila, pero no lo es», ha abundado en una rueda de prensa en el Congreso.

El líder del PP ha señalado que es «muy preocupante» el «agravio comparativo» con otras comunidades. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitarlo», ha anunciado, especificando después su intención de solicitar la comparecencia de Montero.

TAPAR SU DESASTROSA GESTIÓN
«Vamos a solicitar la comparecencia de Montero para que dé cuenta de por qué esta tomando esta medida como ministra y qué es lo opina de su gestión como consejera y, ya si nos explica su papel en los ERE sería estupendo», ha apuntado, acusando a la titular de Hacienda de ‘intervenir’ la Junta para «intentar tapar» la «desastrosa, corrupta y clientar gestión» de los gobiernos socialistas andaluces.

A su juicio, el bipartito andaluz de PP y Ciudadanos no tiene «por qué pagar» los «incumplimientos» del Ejecutivo de Susana Díaz y Montero, máxime cuando «está tomando iniciativas para paliarlos y ya está creando empleo y atrayendo inversión internacional».

Además, ha recalcado que si el Gobierno tuviera «un mínimo de coherencia» tendría que hacer lo mismo con la Comunitat Valenciana y todas las gobernadas por el PSOE. «Pero ya hemos visto que no la tiene porque con las entregas a cuenta tuvo que esperar a la campaña electoral y sigue adeudando todas las entregas ya recaudadas por IVA, sobre todo en las que gobierna el PP», ha denunciado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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