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El Supremo mantiene en prisión a José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga en el caso mascarillas

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Koldo García y el exministro José Luis Ábalos. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión provisional al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, tras considerar que persiste un alto riesgo de fuga ante la proximidad del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La decisión se produce después de que ambos presentaran recursos solicitando su libertad provisional, los cuales fueron desestimados por la Sala de lo Penal del Supremo. Según los autos, la situación procesal y las circunstancias personales de los imputados justifican que permanezcan en prisión sin fianza, tal y como se determinó inicialmente el 27 de noviembre de 2025 por el magistrado instructor Leopoldo Puente, responsable del llamado ‘caso Koldo’.

Antecedentes del caso mascarillas

El caso mascarillas investiga supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19 en España. Los imputados, entre ellos Ábalos y su asesor Koldo, están acusados de posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación pública, relacionados con compras millonarias de mascarillas que no habrían seguido los cauces legales.

El proceso judicial ha sido altamente mediático, ya que involucra a altos cargos del Gobierno español y transcurre en un contexto de gran sensibilidad social por la gestión de recursos sanitarios durante la emergencia sanitaria.

Motivos para mantener la prisión provisional

El Tribunal Supremo justifica la decisión de mantener a Ábalos y Koldo en prisión debido a:

  • Alto riesgo de fuga, considerando la proximidad del juicio y la gravedad de los delitos que se investigan.

  • La necesidad de garantizar la comparecencia de los acusados durante todo el proceso judicial.

  • La protección de la integridad de la investigación, evitando cualquier posible interferencia o destrucción de pruebas.

Próximos pasos en el proceso judicial

Con la resolución del Supremo, se mantiene la prisión preventiva sin fianza para ambos acusados hasta que se celebre el juicio, que se espera que comience en los próximos meses. La Sala de lo Penal ha indicado que evaluará nuevamente la situación solo si cambian de forma significativa las circunstancias procesales o personales de los imputados.

Mientras tanto, las defensas han adelantado que continuarán explorando vías legales para solicitar la libertad provisional, aunque el alto riesgo de fuga se mantiene como principal obstáculo.

 

José Luis Ábalos amenaza con destapar a Begoña Gómez y Ángel Víctor Torres tras entrar en prisión

 

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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