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Los indicios que acercan a Ábalos a la imputación por su rol «principal» en el caso Koldo

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Caso Koldo Ábalos
El exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos. EFE/ Mariscal/Archivo

Sigue desde Official Press toda la actualidad del Caso ‘Koldo’ que ha salpicado al exministo Ábalos:

Ocho meses después de que se destapara el «caso Koldo», el exministro José Luis Ábalos podría ser imputado en el Tribunal Supremo. El juez considera que el exministro valenciano jugó un «papel principal» en una presunta trama de enriquecimiento a través de la venta de mascarillas, involucrando a su exasesor y otras figuras clave.

Los inicios del escándalo: la detención de Koldo García

El caso comenzó en febrero con la detención de Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, lo que desencadenó una investigación que ha ido recolectando pruebas que apuntan al exministro. Ante la vinculación de Ábalos con la trama, el PSOE lo suspendió de militancia y fue relegado al grupo Mixto del Congreso, aunque su condición de diputado lo mantiene aforado, lo que otorga al Tribunal Supremo la competencia para investigarlo.

MADRID, 22/10/2024.- El ex ministro José Luis Ábalos (i) durante el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

El papel central de Ábalos en la trama

El juez Ismael Moreno, apoyado por las conclusiones de la Fiscalía y la Guardia Civil, ha solicitado que el Supremo investigue a Ábalos por varios delitos, entre ellos, pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Según los investigadores, Ábalos habría desempeñado un papel clave en el entramado dirigido por el empresario Víctor de Aldama, quien habría utilizado sus conexiones con el exministro para obtener contratos lucrativos con la Administración.

La relación con el rescate de Air Europa

Uno de los puntos de la investigación es el rescate de la aerolínea Air Europa, donde el juez destaca la participación de Ábalos en las reuniones que habrían favorecido este acuerdo. Aunque la Fiscalía no considera que su papel fuera determinante, la resolución señala que encuentros entre Ábalos y altos cargos del Gobierno, como la exministra de Economía Nadia Calviño y el presidente Pedro Sánchez, podrían haber influido en el proceso.

Presuntas «contraprestaciones»: uso de propiedades

El juez también investiga la posible compensación recibida por Ábalos, vinculada a la trama. Se señala que habría disfrutado temporalmente de un chalé en Cádiz, adquirido por De Aldama, así como de un piso en Madrid cuyo alquiler habría sido pagado por un socio del empresario. Estas propiedades habrían sido una recompensa por su «mediación» en los negocios con la Administración.

El rol de Ábalos en los contratos de mascarillas

Otro elemento clave del caso es la adjudicación de contratos para la venta de mascarillas, en la que la empresa Soluciones de Gestión habría sido favorecida por su relación con Koldo García y Ábalos. La Fiscalía y la Guardia Civil creen que todas las gestiones de García en el Ministerio contaban con el respaldo del exministro, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias.

Conclusión: una situación delicada para Ábalos

El futuro de José Luis Ábalos se complica a medida que avanzan las investigaciones, y el Tribunal Supremo podría proceder a imputarlo en los próximos meses. Su presunta participación en esta trama y las pruebas recabadas por el juez y los investigadores podrían ser clave en su proceso judicial, que ya ha tenido un impacto significativo en su carrera política.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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