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Igualdad estudia denunciar a la alcaldesa de Valencia por sus palabras sobre la bandera LGTBI

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Catalá bandera LGTBI orgullo Valencia

Catalá: «València no pone la bandera del Orgullo pero tampoco del Alzhéimer, ELA o cáncer»

En una reciente declaración, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha generado polémica al explicar la posición del Ayuntamiento respecto a la bandera del Orgullo.

Catalá afirmó que el consistorio no iza la bandera del Orgullo en el balcón municipal, de manera similar a cómo no se hace con otras banderas de días conmemorativos como los dedicados al Alzheimer, la ELA y el cáncer.

En sus palabras, Catalá describió la bandera del Orgullo como «una conquista social», enfatizando que no debería ser apropiada por ninguna facción política. Argumentó que intentar «patrimonializarla» sería un error, destacando que la libertad para amar y votar son derechos que deben ser respetados independientemente de las inclinaciones políticas.

La polémica de Catalá con la bandera LGTBI del orgullo Valencia

Las declaraciones de la alcaldesa no pasaron desapercibidas. Nuria Llopis, concejala socialista, criticó duramente sus palabras, comparándolas con posturas homófobas del pasado.

Llopis subrayó que la identidad sexual no es una enfermedad y lamentó que se equiparara la bandera del Orgullo con causas relacionadas con la salud.

Decisiones administrativas y reacciones políticas

Catalá también mencionó una decisión anterior del Ayuntamiento de València para implementar banderas electrónicas en lugar de las tradicionales de plástico, utilizadas en eventos como los días del Alzheimer, ELA y cáncer.

Esta medida fue interpretada por algunos como una excusa para evitar el debate sobre la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el ámbito público.

Conclusión y reflexión final

En respuesta a las críticas, Catalá afirmó respetar la libertad de los partidos de la oposición para mostrar sus símbolos en sus propios espacios, desestimando la controversia como un intento de obtener protagonismo sin fundamentos sólidos.

La discusión continúa en València sobre el rol del gobierno local en la representación de diferentes identidades y causas en la ciudad.

Igualdad estudia denunciar a la alcaldesa de Valencia por sus palabras sobre la bandera LGTBI

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este jueves, en la víspera del Día del Orgullo LGTBI, que su cartera estudia emprender «acciones penales» contra la alcaldesa de València, María José Catalá, por sus palabras sobre la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento,

Catalá declaró: «(El Ayuntamiento de València) no pone banderas en el balcón, pero no solo por el Día del Orgullo, tampoco las pone por el día de la ELA, ni el día del alzhéimer, ni el día del cáncer».

Ante este episodio, Redondo ha asegurado, en una entrevista en RAC1, que estas son unas declaraciones «desafortunadas» que «denotan una falta de conocimiento y un problema que no se ha resuelto en el PP» y que «pueden ser constitutivas de delito de odio».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. EFE/Archivo

«Esta situación no es aislada. Estamos viendo declaraciones de otros responsables del PP en una dirección muy similar. No entienden, respetan y comparten una sociedad diversa donde los derechos de todos tienen que ser reconocidos y respetados», ha aseverado la titular de Igualdad en referencia a los populares.

«¿Qué pasa, que estas personas tienen más derechos que yo?»

Catalá hizo estas declaraciones el mismo día que el presidente de Vox en la provincia de Badajoz, Javier Bravo, dijera: «¿Qué pasa, que estas personas tienen más derechos que yo?», ante el hecho de que Extremadura contará con el número 028 de ayuda a las personas LGTBI.

«Estas declaraciones responden a ideologías trasnochadas, retrógradas y que no representan a la diversidad y riqueza de la sociedad española, sino a un grupo muy reducido», ha concluido Redondo.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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