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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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