El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.

Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.

Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.

Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.

El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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