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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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La familia de Álex, el menor asesinado en Sueca, pide ayuda económica para afrontar el proceso judicial

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La familia de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes judiciales derivados del proceso penal y garantizar que el caso llegue hasta el final.

La iniciativa, titulada “Justicia para Álex”, ha sido impulsada por el padre del menor y ha logrado recaudar más de 2.800 euros en apenas cuatro días, gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos del país.

Una comunidad volcada con la familia

Desde que se produjo el crimen, Sueca permanece conmocionada. Las muestras de apoyo no han cesado: concentraciones silenciosas, mensajes de condolencia y homenajes espontáneos reflejan el impacto que ha tenido la muerte del menor en el municipio.

Con esta campaña solidaria, los padres de Álex buscan contar con los recursos necesarios para afrontar el procedimiento judicial, pero también mantener viva la memoria de su hijo y evitar que el caso caiga en el olvido.

El acusado, en prisión provisional sin fianza

Según la investigación, Álex acudió a casa de un amigo para pasar la tarde. Presuntamente, el padre del menor lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. El hombre fue detenido horas después por la Guardia Civil y reconoció los hechos ante los agentes.

El juez encargado del caso decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la prisión de Picassent, el detenido ha optado por no declarar y remitirse a sus manifestaciones previas.

Apoyo social y búsqueda de justicia

La familia insiste en que la recaudación no responde solo a una necesidad económica, sino también a un deseo de justicia y acompañamiento. El respaldo ciudadano se ha convertido en un pilar fundamental en un momento de enorme dolor.

El caso de Álex ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una herida colectiva, con un municipio entero unido en el recuerdo del menor y en el apoyo a sus padres durante un proceso largo y complejo.


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