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Así nos afectará la nueva ola de covid en China según los expertos

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Un hombre se hace un test de covid en un puesto dispuesto para ello en una calle de Shanghai, China, en una imagen de este martes. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Madrid, 4 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- Expertos en inmunología e epidemiología, como el profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València Óscar Zurriaga, no ven motivos de alarma en el brote de covid registrado en China, pero sí «preocupación y vigilancia» y consideran que el momento más complicado no es el actual, ni siquiera el 8 de enero cuando el país reabra sus fronteras, sino a finales de mes, con el año nuevo chino.

En declaraciones a la agencia EFE tanto el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, como el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, coinciden en que, a día de hoy, los controles en el acceso de viajeros procedentes de China tienen una «efectividad relativa» y el surgimiento de una nueva variante que escape a las vacunas adaptadas «no se puede predecir, es absolutamente aleatorio».

Zurriaga recuerda que la efectividad «relativa» de estas medidas ya se vio en ocasiones anteriores con la variante ómicron y el cierre de vuelos procedentes de Sudáfrica, «que no impidió que se transmitiera a todo el mundo».

Opina este experto que «la mejor medida» es asegurarse de que la población está correctamente vacunada con las dosis que le corresponden, además de ayudar a las autoridades chinas a controlar la transmisión y exigirles más información para saber qué virus en concreto circula en el país.

Para López Hoyos, las medidas de control de acceso de pasajeros procedentes de China son buenas, pero estima que deberían hacerse de manera «global y coordinada a nivel de la Unión Europea», porque se puede dar la circunstancia de que una persona haya viajado de China a otro continente y luego llegue a España. «Para entonces ya hemos perdido su rastro», admite.

MEDIDAS COORDINADAS CON LA UE ANTES DEL AÑO NUEVO CHINO

El presidente de la SEI y jefe del servicio de Inmunología del hospital universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, Marcos López Hoyos, afirma que el pasaporte de vacunación no evita que la gente pueda infectarse, «hay que hacer la PCR o el test de antígenos».

Para este experto, el problema que hay en China es que al tener tanto nivel de incidencia el virus puede mutar y en una población tan grande «hay miedo a que surja una nueva variante que escape a las vacunas adaptadas».

En opinión de López Hoyos, este no es un escenario muy probable y para eso están los controles epidemiológicos y la secuenciación, pero no se puede obviar que «ese riesgo existe».

Subraya que una cosa que España ha aprendido con la pandemia es que todas las medidas, control de vuelos y viajes marítimos, se han de adoptar de manera global y teniendo en cuenta a ciudadanos que hayan estado en China «al menos en las últimas dos semanas».

EL PROBLEMA ES QUE MUCHA GENTE NO SE PUSO LA DOSIS DE REFUERZO

El presidente de la SEE y profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València, Óscar Zurriaga, cree que no se deben adoptar medidas de manera indiscriminada y asegura que en este momento en España no hay un problema de salud pública derivado de la situación en China.

Señala este experto que el problema que tiene España es que mucha población no se ha puesto la dosis de refuerzo y aunque la situación vacunal es buena, la dosis de recuerdo no está llegando a todo el mundo «y la población vulnerable sigue siéndolo».

No cree Zurriaga que haya que insistir con las mascarillas salvo si se trata de un espacio multitudinario o hay poca ventilación, pero subraya que para frenar la infección una sola medida no es suficiente. «Se trata de un conjunto de ellas que se deben de aplicar en función de la situación que se da en cada momento», destaca.

Zurriaga insiste en que «lo de China es un recordatorio» por lo que no se puede bajar la guardia. «Nadie ha declarado que la pandemia ha terminado» concluye.

Begoña Fernández

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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