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Ordenan el cierre de casa tutelada para personas con discapacidad por supuestos maltratos

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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de El Campello (Alicante) por supuestos maltratos a los usuarios, tras la denuncia presentada por personal del centro, según ha informado este lunes el Gobierno valenciano en un comunicado.

Se trata de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, gestionada por Educatea Hogar y con concierto con la Generalitat, señala la nota de prensa.

El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha explicado que se ha tomado la decisión del cierre tras la denuncia presentada la semana pasada por el personal del centro ante la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y en la que manifestaban que, supuestamente, la coordinadora de la vivienda tutelada maltrata, tanto físicamente como psicológicamente, a algunas personas usuarias.

Según ha detallado Argüeso, ante la gravedad de la denuncia, el servicio de inspección de la Conselleria se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Antecedentes de irregularidades

El secretario autonómico ha señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En el año 2021, y como consecuencia de una denuncia presentada ante la inspección de la dirección territorial de Alicante por parte de personal de ese centro, se observaron una serie de irregularidades administrativas de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía, desde donde se ordenó a la Guardia Civil que procediera a visitar la vivienda para comprobar los hechos.

Tras esta visita, se detuvo a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda. Asimismo, el órgano jurisdiccional decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro, que estaba entre los tres detenidos, por la que se le prohibía acercarse a la vivienda.

A pesar de la gravedad de estos hechos, ha manifestado el secretario autonómico, el ejecutivo del Botànic permitió que la vivienda tutelada continuara funcionando, “desoyendo a la inspección que denunciaba graves infracciones que originaban que los usuarios del centro no recibirán la atención de calidad necesaria”.

Frente a esta decisión, ha asegurado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables”.

La orden del cierre inmediato del centro por encontrarse en condiciones infrahumanas y la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía los supuestos delitos cometidos ya se ha trasladado a la asociación de padres y madres de las personas usuarias de la vivienda, con quienes Emilio Argüeso mantiene contacto permanente desde la semana pasada para comunicarles el proceso que se está siguiendo y mostrarles todo el apoyo de la Conselleria.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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