La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de El Campello (Alicante) por supuestos maltratos a los usuarios, tras la denuncia presentada por personal del centro, según ha informado este lunes el Gobierno valenciano en un comunicado.

Se trata de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, gestionada por Educatea Hogar y con concierto con la Generalitat, señala la nota de prensa.

El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha explicado que se ha tomado la decisión del cierre tras la denuncia presentada la semana pasada por el personal del centro ante la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y en la que manifestaban que, supuestamente, la coordinadora de la vivienda tutelada maltrata, tanto físicamente como psicológicamente, a algunas personas usuarias.

Según ha detallado Argüeso, ante la gravedad de la denuncia, el servicio de inspección de la Conselleria se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Antecedentes de irregularidades

El secretario autonómico ha señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En el año 2021, y como consecuencia de una denuncia presentada ante la inspección de la dirección territorial de Alicante por parte de personal de ese centro, se observaron una serie de irregularidades administrativas de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía, desde donde se ordenó a la Guardia Civil que procediera a visitar la vivienda para comprobar los hechos.

Tras esta visita, se detuvo a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda. Asimismo, el órgano jurisdiccional decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro, que estaba entre los tres detenidos, por la que se le prohibía acercarse a la vivienda.

A pesar de la gravedad de estos hechos, ha manifestado el secretario autonómico, el ejecutivo del Botànic permitió que la vivienda tutelada continuara funcionando, “desoyendo a la inspección que denunciaba graves infracciones que originaban que los usuarios del centro no recibirán la atención de calidad necesaria”.

Frente a esta decisión, ha asegurado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables”.

La orden del cierre inmediato del centro por encontrarse en condiciones infrahumanas y la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía los supuestos delitos cometidos ya se ha trasladado a la asociación de padres y madres de las personas usuarias de la vivienda, con quienes Emilio Argüeso mantiene contacto permanente desde la semana pasada para comunicarles el proceso que se está siguiendo y mostrarles todo el apoyo de la Conselleria.

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