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Ordenan el cierre de casa tutelada para personas con discapacidad por supuestos maltratos

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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de El Campello (Alicante) por supuestos maltratos a los usuarios, tras la denuncia presentada por personal del centro, según ha informado este lunes el Gobierno valenciano en un comunicado.

Se trata de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, gestionada por Educatea Hogar y con concierto con la Generalitat, señala la nota de prensa.

El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha explicado que se ha tomado la decisión del cierre tras la denuncia presentada la semana pasada por el personal del centro ante la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y en la que manifestaban que, supuestamente, la coordinadora de la vivienda tutelada maltrata, tanto físicamente como psicológicamente, a algunas personas usuarias.

Según ha detallado Argüeso, ante la gravedad de la denuncia, el servicio de inspección de la Conselleria se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Antecedentes de irregularidades

El secretario autonómico ha señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En el año 2021, y como consecuencia de una denuncia presentada ante la inspección de la dirección territorial de Alicante por parte de personal de ese centro, se observaron una serie de irregularidades administrativas de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía, desde donde se ordenó a la Guardia Civil que procediera a visitar la vivienda para comprobar los hechos.

Tras esta visita, se detuvo a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda. Asimismo, el órgano jurisdiccional decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro, que estaba entre los tres detenidos, por la que se le prohibía acercarse a la vivienda.

A pesar de la gravedad de estos hechos, ha manifestado el secretario autonómico, el ejecutivo del Botànic permitió que la vivienda tutelada continuara funcionando, “desoyendo a la inspección que denunciaba graves infracciones que originaban que los usuarios del centro no recibirán la atención de calidad necesaria”.

Frente a esta decisión, ha asegurado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables”.

La orden del cierre inmediato del centro por encontrarse en condiciones infrahumanas y la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía los supuestos delitos cometidos ya se ha trasladado a la asociación de padres y madres de las personas usuarias de la vivienda, con quienes Emilio Argüeso mantiene contacto permanente desde la semana pasada para comunicarles el proceso que se está siguiendo y mostrarles todo el apoyo de la Conselleria.

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34 detenidos por poseer y distribuir pornografía infantil, con agresiones incluso a bebés

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Madrid, 25 jun (EFE).- La Policía Nacional, en dos operaciones distintas llevadas a cabo en toda España, ha detenido a 34 personas acusadas de poseer y distribuir en internet material de explotación sexual infantil en el que, en ocasiones, aparecían agresiones sexuales a bebés de pocos meses de edad.

Entre los arrestados se encuentran un hombre del municipio de Alcoy (Alicante) acusado de un delito de «grooming» -que coaccionaba a chicas menores para que le enviaran contenido sexual protagonizado por ellas- y dos chicos de entre 14 y 17 años.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, la operaciones Cometa y Galanto -llevadas a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia- arrancaron con información remitida por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) estadounidense en la que se alertaba de la distribución de pornografía infantil en territorio nacional.

La primera operación arrancó en junio de 2022, cuando los agentes analizaron la información recibida e identificaron a 19 personas supuestamente relacionadas con los hechos.

Llevaron a cabo varios registros en distintos puntos del país, en los que arrestaron a los sospechosos e intervinieron cuatro ordenadores portátiles, 22 teléfonos móviles, 62 DVD, discos duros y tarjetas de memoria.

Entre los detenidos se encuentra un hombre del municipio alicantino de Alcoy, acusado de un delito de «grooming»; interactuaba con menores a las que engañaba y coaccionaba para que le enviaran imágenes y vídeos de marcado contenido sexual, contenido que fue localizado e intervenido por los agentes.

En este operativo fueron arrestados también dos chicos menores de edad, de entre 14 y 17 años.

La segunda operación, realizada en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense (HSI, por sus siglas en inglés), partió de las denuncias presentadas por la empresa matriz de una conocida red social contra varios de sus usuarios, que habían distribuido pornografía infantil desde sus perfiles.

De todas las denuncias analizadas los agentes pudieron localizar y arrestar a quince personas en las provincias de Barcelona (4), Madrid (3), Las Palmas (2), Baleares (1), Guipúzcoa (1), Lugo (1), Vizcaya (1), Alicante (1) y Zaragoza (1).

En los registros intervinieron dieciséis móviles, doce discos duros, cinco portátiles, tabletas electrónicas y tarjetas de memoria en las que los detenidos almacenaban contenido de explotación sexual infantil.

Los investigadores califican el material de «especialmente degradante y vejatorio»; en alguno de los archivos se mostraban graves agresiones sexuales a bebés de pocos meses de edad.

En un comunicado, la Policía recuerda a los usuarios de cualquier red social la importancia de no compartir o almacenar este tipo de contenidos de menores de edad, dado que se trata de un delito. Para denunciar estos hechos el Cuerpo cuenta con el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.

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