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Ordenan el cierre de casa tutelada para personas con discapacidad por supuestos maltratos

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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de El Campello (Alicante) por supuestos maltratos a los usuarios, tras la denuncia presentada por personal del centro, según ha informado este lunes el Gobierno valenciano en un comunicado.

Se trata de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, gestionada por Educatea Hogar y con concierto con la Generalitat, señala la nota de prensa.

El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha explicado que se ha tomado la decisión del cierre tras la denuncia presentada la semana pasada por el personal del centro ante la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y en la que manifestaban que, supuestamente, la coordinadora de la vivienda tutelada maltrata, tanto físicamente como psicológicamente, a algunas personas usuarias.

Según ha detallado Argüeso, ante la gravedad de la denuncia, el servicio de inspección de la Conselleria se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Antecedentes de irregularidades

El secretario autonómico ha señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En el año 2021, y como consecuencia de una denuncia presentada ante la inspección de la dirección territorial de Alicante por parte de personal de ese centro, se observaron una serie de irregularidades administrativas de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía, desde donde se ordenó a la Guardia Civil que procediera a visitar la vivienda para comprobar los hechos.

Tras esta visita, se detuvo a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda. Asimismo, el órgano jurisdiccional decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro, que estaba entre los tres detenidos, por la que se le prohibía acercarse a la vivienda.

A pesar de la gravedad de estos hechos, ha manifestado el secretario autonómico, el ejecutivo del Botànic permitió que la vivienda tutelada continuara funcionando, “desoyendo a la inspección que denunciaba graves infracciones que originaban que los usuarios del centro no recibirán la atención de calidad necesaria”.

Frente a esta decisión, ha asegurado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables”.

La orden del cierre inmediato del centro por encontrarse en condiciones infrahumanas y la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía los supuestos delitos cometidos ya se ha trasladado a la asociación de padres y madres de las personas usuarias de la vivienda, con quienes Emilio Argüeso mantiene contacto permanente desde la semana pasada para comunicarles el proceso que se está siguiendo y mostrarles todo el apoyo de la Conselleria.

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17 años y 9 meses de cárcel para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre en Valencia

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Un furgón y un coche patrulla de la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, por participar en el secuestro y tortura de un hombre en noviembre de 2021. El condenado, que hace años cambió su identidad, deberá cumplir la pena por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia considera acreditada su participación en unos hechos en los que la víctima fue retenida durante varias horas, golpeada y amenazada para exigirle el pago de 200.000 euros.

Junto a Mauricio Anglés han sido condenados otros cinco hombres, con penas similares. El tribunal considera que las pruebas aportadas durante el juicio fueron «plurales, objetivas e idóneas» para desvirtuar la presunción de inocencia.

El secuestro se produjo en Valencia en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, después de varios días de seguimientos a la víctima y de preparativos.

Según recoge la sentencia, los condenados se coordinaron con otras personas no identificadas para capturar al hombre y reclamarle una importante cantidad de dinero.

Los implicados prepararon dos furgonetas y esperaron a la víctima en el Camí Canyada de Roquet. Cuando pasó por la zona, bloquearon su vehículo colocando una furgoneta delante y otra detrás.

Varias personas con ropa oscura, pasamontañas y guantes bajaron de los vehículos y le apuntaron con armas de fuego para obligarle a salir de su coche.

Uno de los integrantes rompió una de las ventanillas y sacó a la víctima por la fuerza. A continuación, varios de los asaltantes comenzaron a golpearle por todo el cuerpo.

Lo trasladaron a una nave de Catarroja

Los agresores introdujeron al hombre en una de las furgonetas, donde lo esposaron, y se desplazaron hasta Catarroja, a una nave que en la investigación aparece identificada como una «cuadra».

La víctima permaneció durante horas dentro del vehículo, herida y engrilletada. Los condenados le quitaron la ropa y sus pertenencias y comenzaron a exigirle 200.000 euros a cambio de su libertad.

Ante la respuesta de la víctima, que aseguraba no disponer de esa cantidad, los secuestradores fueron reduciendo progresivamente el dinero que reclamaban.

Golpes, amenazas y torturas para exigirle dinero

Durante las horas que permaneció retenido, la víctima fue sometida a una violencia extrema.

Según la sentencia, los agresores le golpearon de forma continuada y utilizaron cadenas para azotarle. También le amenazaron con hacer daño a su mujer y a su hijo, al que sabían que llevaba a un colegio privado.

Los secuestradores llegaron a amenazarle con cortarle un dedo. Con unas tenazas le provocaron un corte en un dedo y otro en una oreja, además de clavarle una navaja en uno de los muslos.

La víctima insistía en que no tenía los 200.000 euros reclamados, aunque explicó que podía entregarles 2.000 euros en efectivo que tenía en su domicilio.

Los agresores continuaron golpeándole y amenazándole hasta provocarle un estado de semiinconsciencia. Según recoge la resolución judicial, fue quemado con brasas y le arrojaron un líquido sobre el cuerpo para comprobar si reaccionaba.

Los secuestradores abandonaron a la víctima en Paiporta

Finalmente, los condenados llegaron a la conclusión de que no conseguirían obtener el dinero que buscaban.

La víctima fue liberada y trasladada en la furgoneta hasta Paiporta, donde fue abandonada alrededor de las 22.00 horas.

Los móviles y las cámaras fueron claves para identificar a los acusados

La Audiencia Provincial de Valencia ha destacado el peso de las pruebas tecnológicas utilizadas durante la investigación.

Entre ellas se encuentran los datos obtenidos de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los investigadores pudieron relacionar los teléfonos atribuidos a los acusados con los movimientos realizados durante los días previos y el día del secuestro.

La sentencia también destaca el histórico de geolocalización de una de las furgonetas utilizadas y las imágenes de diferentes cámaras de seguridad.

La defensa de Mauricio Anglés negó su participación

Durante el juicio, Mauricio Anglés negó los hechos y sostuvo que la tarde del secuestro había estado en una bolera y posteriormente en una discoteca.

El tribunal, sin embargo, considera que el conjunto de las pruebas practicadas permite acreditar la participación de los condenados.

La Audiencia también señala que los acusados mantenían algún tipo de relación entre ellos y con determinados vehículos que fueron utilizados para realizar seguimientos a la víctima.

La sentencia añade que varios de los condenados también tuvieron relación con una cuadra que reunía características compatibles con el lugar utilizado durante el secuestro, tanto por su ubicación como por sus accesos.

17 años y 9 meses de prisión

Mauricio Anglés ha sido condenado finalmente a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

El condenado es uno de los hermanos de Antonio Anglés, señalado como uno de los principales sospechosos por el triple crimen de Alcàsser y desaparecido desde 1993.

La condena dictada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia corresponde a unos hechos ocurridos casi tres décadas después del caso Alcàsser y está relacionada exclusivamente con el secuestro cometido en noviembre de 2021.

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