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Ordenan el cierre de casa tutelada para personas con discapacidad por supuestos maltratos

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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ordenado el cierre inmediato de una vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual de El Campello (Alicante) por supuestos maltratos a los usuarios, tras la denuncia presentada por personal del centro, según ha informado este lunes el Gobierno valenciano en un comunicado.

Se trata de una vivienda tutelada con siete personas con discapacidad intelectual asistida con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, gestionada por Educatea Hogar y con concierto con la Generalitat, señala la nota de prensa.

El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha explicado que se ha tomado la decisión del cierre tras la denuncia presentada la semana pasada por el personal del centro ante la dirección territorial de la Conselleria en Alicante y en la que manifestaban que, supuestamente, la coordinadora de la vivienda tutelada maltrata, tanto físicamente como psicológicamente, a algunas personas usuarias.

Según ha detallado Argüeso, ante la gravedad de la denuncia, el servicio de inspección de la Conselleria se personó al día siguiente en la vivienda y detectó las malas condiciones de habitabilidad, además de comprobar, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el maltrato recibido por un usuario.

Antecedentes de irregularidades

El secretario autonómico ha señalado que no es la primera vez que esta vivienda tutelada es denunciada por irregularidades en su funcionamiento y en el trato dispensado a las personas usuarias.

En el año 2021, y como consecuencia de una denuncia presentada ante la inspección de la dirección territorial de Alicante por parte de personal de ese centro, se observaron una serie de irregularidades administrativas de tal magnitud que fueron remitidas a la Fiscalía, desde donde se ordenó a la Guardia Civil que procediera a visitar la vivienda para comprobar los hechos.

Tras esta visita, se detuvo a tres empleados por presuntos maltratos a usuarios de la vivienda. Asimismo, el órgano jurisdiccional decretó una orden de alejamiento al propio coordinador del centro, que estaba entre los tres detenidos, por la que se le prohibía acercarse a la vivienda.

A pesar de la gravedad de estos hechos, ha manifestado el secretario autonómico, el ejecutivo del Botànic permitió que la vivienda tutelada continuara funcionando, “desoyendo a la inspección que denunciaba graves infracciones que originaban que los usuarios del centro no recibirán la atención de calidad necesaria”.

Frente a esta decisión, ha asegurado, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda “no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables”.

La orden del cierre inmediato del centro por encontrarse en condiciones infrahumanas y la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía los supuestos delitos cometidos ya se ha trasladado a la asociación de padres y madres de las personas usuarias de la vivienda, con quienes Emilio Argüeso mantiene contacto permanente desde la semana pasada para comunicarles el proceso que se está siguiendo y mostrarles todo el apoyo de la Conselleria.

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Investigan a un párroco y una cuidadora por la muerte de un anciano en Cullera en 2023

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Investigación Judicial en Sueca: La Muerte de un Nonagenario y el Presunto Desvío de su Patrimonio

Contexto de la Investigación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca, en la provincia de Valencia, ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de un hombre de más de noventa años en la localidad de Cullera durante el verano pasado. Además de investigar las causas de su muerte, se está examinando un posible desvío de su patrimonio hacia su cuidadora y un párroco.

Comparecencia de los Investigados

Estas dos personas, la cuidadora y el párroco, comparecieron ante la jueza este jueves. Se les está investigando por presuntos delitos de homicidio y extorsión. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ambos se presentaron ante la titular del juzgado para responder a las acusaciones.

Medidas Cautelares

Retirada del Pasaporte y Restricciones de Viaje

La jueza ha impuesto a los investigados varias medidas cautelares. Entre ellas, destaca la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional. Estas restricciones buscan evitar que los investigados eludan la acción de la justicia.

Comparecencias Judiciales Quincenales

Además, ambos deberán presentarse en la sede judicial cada 15 días. Esta medida pretende asegurar que los investigados permanezcan localizables y cooperativos durante el proceso de investigación.

Origen de la Investigación

Denuncia del Sobrino del Fallecido

La causa judicial se inició a finales de 2023, unos meses después de que el sobrino del fallecido presentara una denuncia ante la Guardia Civil. Este familiar descubrió que la cuidadora de su tío había sido designada como heredera universal de su patrimonio, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de dicha herencia.

Avances en la Investigación

Declaraciones de Testigos

El juzgado continuará con la práctica de diligencias de investigación. Entre las próximas acciones, se incluyen la toma de declaraciones a testigos que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Esta fase es crucial para reunir pruebas y testimonios que permitan a la justicia determinar la verdad sobre la muerte del nonagenario y el supuesto desvío de su patrimonio.

Conclusiones y Próximos Pasos

La investigación sigue su curso, y la justicia busca aclarar todos los aspectos relacionados con este caso. La jueza y las autoridades judiciales están comprometidas en asegurar que se haga justicia tanto para el fallecido como para los implicados. La resolución de este caso sentará un precedente importante en la lucha contra el abuso y la explotación de personas mayores vulnerables.

 

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