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Archivan la causa por el incendio de la residencia de Moncada donde fallecieron 9 ancianos

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incendio residencia de ancianos Moncada
Miembros del retén sacan un cadáver de la residencia de ancianos de Moncada (Valencia). EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 30 may (EFE).- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Moncada ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el incendio que causó la muerte a nueve ancianos en una residencia geriátrica de esta localidad en enero de 2022, tras descartar la comisión de delitos de homicidio imprudente por omisión.

La magistrada concluye que de las diligencias practicadas no se desprende “infracción objetiva del deber de cuidado con relevancia penal como norma esencial (imprudencia grave o menos grave) para garantizar la seguridad de los residentes”, según consta en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, establece que la empresa que gestiona la residencia “cumplía con sus obligaciones de mantenimiento de las instalaciones” y efectuaba a través de una empresa externa revisiones periódicas del sistema eléctrico y de detección de incendios.

De esos análisis se derivaban informes trimestrales de los que se desprende un correcto funcionamiento. Igualmente, el propio personal del centro efectuaba controles para realizar pequeñas reparaciones o sustituciones de los elementos existentes en las habitaciones.

El fuego se inició a última hora de la noche del 18 de enero de 2022 en una de esas habitaciones y provocó la muerte, por intoxicación por monóxido de carbono derivada de la inhalación de humo y gases, de nueve residentes, tres hombres y seis mujeres.

Las llamas, tal y como constataron los especialistas en incendios de la Guardia Civil en un informe técnico, se originaron en una regleta eléctrica ubicada detrás del cabezal de una cama y que estaba conectada al cuadro eléctrico situado tras una mesita de noche.

Según los investigadores, esa regleta registró una fusión a causa del deterioro en el aislamiento de un tramo del cable, deterioro que podría proceder de un aplastamiento puntual por la mesilla de noche o la propia cama, durante las labores de limpieza o mantenimiento en un momento indeterminado.

La magistrada sostiene que el incendio no se podía prever porque no hay indicios de que ese estado de deterioro del cable “estuviera a la vista” ni que fuera detectable “con una diligencia exigible para poder entender injustificable la omisión y atribuir las consecuencias lesivas”.

En esta línea -argumenta, tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo- “no todo incumplimiento puede reputarse penalmente sancionable puesto que no puede exigirse un comportamiento con diligencia absoluta que excluya todos los riesgos, sino que debe tratarse de un incumplimiento que sea injustificable y con entidad, grave o menos grave, de manera que el resultado fuera probable, y por ende, previsible”.

Además, este delito debe imputarse a una persona física determinada y no puede atribuirse a una persona jurídica, y durante la instrucción de la causa “no se han evidenciado indicios de criminalidad contra persona determinada”, precisa la titular del juzgado.

Respecto a la evacuación de los internos, señala que no se puede atribuir a las empleadas que estaban trabajando esa noche -una enfermera, dos auxiliares de enfermería y una limpiadora- ninguna contribución “al incremento de la esfera de peligro”, ya que se ajustaron al plan de autoprotección previsto.

“Por consiguiente, se concluye que no se supera el juicio de tipicidad en cuanto que la infracción objetiva del deber de cuidado según las circunstancias del presente caso no deriva de un grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo con relevancia penal que permita atribuir el resultado lesivo en relación causal”, resume la instructora.

La magistrada recuerda asimismo en su resolución que el sobreseimiento provisional de las actuaciones “no deja indefensa a la parte que se considere perjudicada en sus derechos y expectativas legítimas”, pues puede acudir a la vía civil, de cuyas acciones hace expresa reserva el auto.

 

INCENDIO EN EL ALA DE GRANDES DEPENDIENTES

El incendio comenzó en una habitación del primer piso del ala donde viven los residentes con más grado de dependencia y cuando llegó la primera de las nueve dotaciones de bomberos que acudieron estaba «totalmente desarrollado, con mucha gente pidiendo auxilio».

Fuentes del Consorcio provincial de bomberos han explicado que una dotación se centró en las labores de extinción y el resto en rescatar a unas 25 personas de las habitaciones del ala afectada y del piso superior, así como en desalojar de forma preventiva toda la residencia.

El hecho de que en esa ala estuvieran las personas con mayor dependencia dificultó la evacuación, ya que muchos no se podían mover y tuvieron que ser trasladados incluso en su propia cama, si bien distintas fuentes han coincidido en que el resultado del siniestro hubiera sido peor si no se hubiera movilizado con rapidez a numerosos medios.

SEIS MUERTOS Y 10 HOSPITALIZADOS

El primer balance del incendio dejó cinco ancianos fallecidos, entre ellos los dos que estaban en la habitación donde comenzó.

Fueron tres hombres de entre 67 y 76 años, y dos mujeres de 78 y 95 años, a los que se sumó una sexta víctima que murió en el hospital al que fue trasladada.

 

Once agentes heridos en el incendio de Moncada durante el rescate y extinción

Siete policías, tres miembros de Protección Civil y un guardia civil que participaron en el la extinción del incendio de la residencia de la tercera edad de Moncada (Valencia) y en el rescate de los internos fueron atendidos por los servicios sanitarios.

 

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Sucesos

Un exfisioterapeuta del Levante UD se enfrenta a 3 años por un delito de estafa

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Exfisioterapeuta Levante UD delito estafa
Vista general de la Ciudad de la Justicia de València. EFE/Ana Escobar/Archivo

València, 23 nov (EFE).- La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia tiene previsto juzgar este jueves a dos fisioterapeutas -dueños de una clínica y uno de ellos exfisioterapeuta del Levante UD- y al administrativo de una mutua por un delito de estafa por el que la Fiscalía reclama penas de prisión de 3 años para cada uno.

Están acusados de haber ideado un fraude mediante el cual presentaban a la mutua facturas de sesiones de fisioterapia a jugadores del club de fútbol que nunca se había solicitado oficialmente ni realizado, todo ello para obtener el cobro de hasta 101.000 euros por parte de la mutua.

Los hechos sucedieron entre enero de 2014 y julio de 2019, cuando según la acusación pública, los encausado emitieron 68 facturas que correspondían a 513 supuestas sesiones de terapias que nunca se llegaron a realizar.

El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los encausados una pena de prisión de 3 años por un delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa.

Narcotráfico

Otro de los asuntos destacados de la semana será en el que se vea el lunes en la Sección Segunda, cuando se ha programado el juicio a 13 personas, miembros de un mismo clan familiar, acusados de formar parte de una organización especializada en la venta de drogas en el barrio del Calvario de Alginet.

La Fiscalía expone que, tras las investigaciones iniciadas en mayo de 2018, se determinó que el principal responsable del clan se servía del resto de miembros de la familia para vender las sustancias desde las distintas viviendas familiares para vender, almacenar, cultivar, almacenar o guardar los beneficios del tráfico.

Los acusados se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los cinco y los seis años de prisión por dos delitos contra la salud pública y uno de pertenencia a grupo criminal.

Transfobia

El jueves en la Sección Primera el fiscal pedirá provisionalmente un año y tres meses de prisión por un delito de odio para un hombre que ejercía como vigilante en una discoteca de València y está acusado de dirigirse a una mujer con notoria agresividad verbal con expresiones como “vete de aquí, travesti, que tienes voz de hombre”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de octubre de 2023 cuando el procesado se dirigió a un grupo de personas, en el que se encontraba la víctima, para que abandonaran las escaleras de acceso al establecimiento.

La Fiscalía mantiene que en ese momento, el vigilante humilló a la víctima, la llamó “puta”, le dijo que le iba a pegar por ser un hombre y que esa discoteca no era para personas como ella.

Al margen de estos asuntos, se verán cinco juicios por delitos sexuales, todos ellos cometidos sobre menores de edad.

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