València, 30 may (EFE).- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Moncada ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el incendio que causó la muerte a nueve ancianos en una residencia geriátrica de esta localidad en enero de 2022, tras descartar la comisión de delitos de homicidio imprudente por omisión.
La magistrada concluye que de las diligencias practicadas no se desprende “infracción objetiva del deber de cuidado con relevancia penal como norma esencial (imprudencia grave o menos grave) para garantizar la seguridad de los residentes”, según consta en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, establece que la empresa que gestiona la residencia “cumplía con sus obligaciones de mantenimiento de las instalaciones” y efectuaba a través de una empresa externa revisiones periódicas del sistema eléctrico y de detección de incendios.
De esos análisis se derivaban informes trimestrales de los que se desprende un correcto funcionamiento. Igualmente, el propio personal del centro efectuaba controles para realizar pequeñas reparaciones o sustituciones de los elementos existentes en las habitaciones.
El fuego se inició a última hora de la noche del 18 de enero de 2022 en una de esas habitaciones y provocó la muerte, por intoxicación por monóxido de carbono derivada de la inhalación de humo y gases, de nueve residentes, tres hombres y seis mujeres.
Las llamas, tal y como constataron los especialistas en incendios de la Guardia Civil en un informe técnico, se originaron en una regleta eléctrica ubicada detrás del cabezal de una cama y que estaba conectada al cuadro eléctrico situado tras una mesita de noche.
Según los investigadores, esa regleta registró una fusión a causa del deterioro en el aislamiento de un tramo del cable, deterioro que podría proceder de un aplastamiento puntual por la mesilla de noche o la propia cama, durante las labores de limpieza o mantenimiento en un momento indeterminado.
La magistrada sostiene que el incendio no se podía prever porque no hay indicios de que ese estado de deterioro del cable “estuviera a la vista” ni que fuera detectable “con una diligencia exigible para poder entender injustificable la omisión y atribuir las consecuencias lesivas”.
En esta línea -argumenta, tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo- “no todo incumplimiento puede reputarse penalmente sancionable puesto que no puede exigirse un comportamiento con diligencia absoluta que excluya todos los riesgos, sino que debe tratarse de un incumplimiento que sea injustificable y con entidad, grave o menos grave, de manera que el resultado fuera probable, y por ende, previsible”.
Además, este delito debe imputarse a una persona física determinada y no puede atribuirse a una persona jurídica, y durante la instrucción de la causa “no se han evidenciado indicios de criminalidad contra persona determinada”, precisa la titular del juzgado.
Respecto a la evacuación de los internos, señala que no se puede atribuir a las empleadas que estaban trabajando esa noche -una enfermera, dos auxiliares de enfermería y una limpiadora- ninguna contribución “al incremento de la esfera de peligro”, ya que se ajustaron al plan de autoprotección previsto.
“Por consiguiente, se concluye que no se supera el juicio de tipicidad en cuanto que la infracción objetiva del deber de cuidado según las circunstancias del presente caso no deriva de un grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo con relevancia penal que permita atribuir el resultado lesivo en relación causal”, resume la instructora.
La magistrada recuerda asimismo en su resolución que el sobreseimiento provisional de las actuaciones “no deja indefensa a la parte que se considere perjudicada en sus derechos y expectativas legítimas”, pues puede acudir a la vía civil, de cuyas acciones hace expresa reserva el auto.
INCENDIO EN EL ALA DE GRANDES DEPENDIENTES
El incendio comenzó en una habitación del primer piso del ala donde viven los residentes con más grado de dependencia y cuando llegó la primera de las nueve dotaciones de bomberos que acudieron estaba «totalmente desarrollado, con mucha gente pidiendo auxilio».
Fuentes del Consorcio provincial de bomberos han explicado que una dotación se centró en las labores de extinción y el resto en rescatar a unas 25 personas de las habitaciones del ala afectada y del piso superior, así como en desalojar de forma preventiva toda la residencia.
El hecho de que en esa ala estuvieran las personas con mayor dependencia dificultó la evacuación, ya que muchos no se podían mover y tuvieron que ser trasladados incluso en su propia cama, si bien distintas fuentes han coincidido en que el resultado del siniestro hubiera sido peor si no se hubiera movilizado con rapidez a numerosos medios.
SEIS MUERTOS Y 10 HOSPITALIZADOS
El primer balance del incendio dejó cinco ancianos fallecidos, entre ellos los dos que estaban en la habitación donde comenzó.
Fueron tres hombres de entre 67 y 76 años, y dos mujeres de 78 y 95 años, a los que se sumó una sexta víctima que murió en el hospital al que fue trasladada.
EFE/Juan Carlos Cárdenas
EFE/Juan Carlos Cárdenas
EFE/Juan Carlos Cárdenas
Once agentes heridos en el incendio de Moncada durante el rescate y extinción
Siete policías, tres miembros de Protección Civil y un guardia civil que participaron en el la extinción del incendio de la residencia de la tercera edad de Moncada (Valencia) y en el rescate de los internos fueron atendidos por los servicios sanitarios.
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Las autoridades valencianas analizan el caso de un menor con graves secuelas psicológicas que habría sido víctima de una nueva manada. Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, durante un viaje a Málaga de un grupo de alumnos de 2º de la ESO de un colegio concertado de Valencia.
Así lo recogen fuentes como ‘Las Provincias’. El menor, que ahora tiene 16 años, entró durante unos días en estado catatónico y, según el informe del psiquiatra que le trató, sufrió «un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa».
Pero, dos años después de la presunta violación grupal, como destaca la fuente citada, la Fiscalía de Menores de Valencia solo ha acusado a uno de los cinco supuestos agresores sexuales, ya que dos miembros de la manada eran inimputables en el momento de los hechos (tenían 13 años) y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar y, hasta ahora, no se ha podido acreditar que participasen en la agresión sexual.
Investigación en curso a la manada de un colegio de Valencia
Hay que destacar que otro menor fue investigado por acosar y amenazar a la víctima para que no contase nada. Y no se ha descartado que hubiera un sexto adolescente implicado, aunque todavía no se ha podido identificarle porque los acusados apenas han aportado datos en los interrogatorios.
El menor ya habría sufrido episodios de burla y acoso durante el curso antes de la agresión sexual. Incluso recibía llamadas en oculto. Todo culminó en un hotel de Benalmádena, en Málaga, durante unas jornadas deportivas organizadas por una fundación. El 28 de marzo de 2023, el joven fue rodeado presuntamente por los cinco adolescentes y le obligaron a entrar al cuarto de baño. Allí, se masturbaron delante de él y le dijeron «hazte una paja, o morirás» antes de agredirle sexualmente.
«Que sufra, quiero ver cómo sufre»
La víctima fue forzada mientras el cabecilla decía «que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre«, según recoge la reconstrucción de la Fiscalía de Menores. Además, la manada continuó acosando al menor cuando volvieron a Valencia. La víctima guardó silencio por las amenazas y por temor de que su hermano pequeño sufriera alguna represalia.
Dos meses después de la agresión sexual, el menor se desplomó y tuvo que ser atendido por familiares y servicios sanitarios. Posteriormente le diagnosticaron las graves secuelas.
La Fiscalía de Menores, a pesar de haber investigado a siete posibles implicados, solo acusa a uno de ellos y pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. Una petición complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual. La víctima y sus dos hermanos tuvieron que abandonar el colegio después de que trascendiera la violación grupal.
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