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Investigan a la conductora que huyó tras un accidente que dejó un motorista grave en Cheste

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Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico regulan la fluidez en los desplazamientos y controlan el tránsito. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 17 ene (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Guardia Civil de Valencia investiga a la conductora de un vehículo fugado de un siniestro vial, que chocó contra una moto en la CV-50 a la altura de la localidad de Cheste y después huyó del lugar sin auxiliar al motorista herido.

Según han explicado desde el instituto armado, el suceso tuvo lugar el 18 de noviembre de 2022 en la carretera CV-50, en las inmediaciones de la localidad de Cheste.

En el siniestro estaban implicados una motocicleta, cuyo conductor resultó herido grave, y un turismo, que abandonó el lugar del siniestro sin identificarse ni facilitar auxilio a la víctima.

El conductor de la motocicleta, dada la gravedad de sus heridas, tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia al Hospital de Llíria.

El equipo de Atestados del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia investigó el accidente y el pasado viernes, 13 de enero, pudo identificar a la conductora del coche fugado.

Se trata de una mujer de 48 años a la que se investiga por los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente, penados con hasta cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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