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Competencia reconoce que algunas eléctricas han inflado ilegalmente hasta un 30% las facturas de la luz

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(OP).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe según el cual «existen una serie de comercializadoras cuyos términos de potencia y/o de facturación presentan diferencias significativas frente al valor que deberían haber facturado al consumidor».

De las eléctricas que han inflado ilegalmente el precio de la energía, la CNMC señala que, salvo algunas excepciones, «no ha existido esa comunicación transparente a sus clientes informando sobre la actualización de precios realizada y han indicado incorrectamente que esta se ha realizado para recoger la variación de los componentes regulados».

«Estas modificaciones», prosigue el informe, «van más allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes regulados, dando la posibilidad al consumidor de rescisión del contrato sin penalización. A este respecto, se recuerda que esta comunicación debe ser transparente y comprensible al cliente, mediante un escrito específico que permita al comercializador tener una garantía de que el consumidor es conocedor de este cambio». En este sentido, «deberían evitarse comunicaciones dentro de la propia factura, teniendo en cuenta la relevancia de estos cambios», añade.

La Comisión ha indicado que está solicitando a las eléctricas «que realicen las regularizaciones necesarias en los contratos de sus consumidores de forma que incluyan los precios correctos y, además, les informen de manera transparente».

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Competencia que aclare qué eléctricas han inflado ilegalmente el precio de la energía a los usuarios aprovechando la adaptación de las facturas a los nuevos tramos horarios.

 

La asociación ha dirigido un escrito a la Comisión en el que la advierte de que no puede demorar la difusión de estos datos para que los usuarios puedan reclamar la devolución del dinero cobrado de más al no habérseles informado del incremento tarifario con suficiente antelación y transparencia.

FACUA considera intolerable la falta de transparencia de Competencia, que oculta los nombres de las compañías eléctricas que han incurrido en esta ilegalidad, hecho que dificulta la reclamación por parte de los afectados de las cuantías cobradas de más en sus recibos y por tanto, la devolución del dinero.

En este sentido, FACUA ha instado a la Comisión a publicar los nombres de las comercializadoras que han aplicado subidas sin la debida información previa y ha reclamado al ministro de Consumo Alberto Garzón que actúe al respecto y exija a la CNMC que publique los datos de las eléctricas, así como que inste a las autoridades autonómicas de consumo a que apliquen sanciones a las empresas implicadas por las irregularidades cometidas.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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