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Competencia reconoce que algunas eléctricas han inflado ilegalmente hasta un 30% las facturas de la luz

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(OP).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe según el cual «existen una serie de comercializadoras cuyos términos de potencia y/o de facturación presentan diferencias significativas frente al valor que deberían haber facturado al consumidor».

De las eléctricas que han inflado ilegalmente el precio de la energía, la CNMC señala que, salvo algunas excepciones, «no ha existido esa comunicación transparente a sus clientes informando sobre la actualización de precios realizada y han indicado incorrectamente que esta se ha realizado para recoger la variación de los componentes regulados».

«Estas modificaciones», prosigue el informe, «van más allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes regulados, dando la posibilidad al consumidor de rescisión del contrato sin penalización. A este respecto, se recuerda que esta comunicación debe ser transparente y comprensible al cliente, mediante un escrito específico que permita al comercializador tener una garantía de que el consumidor es conocedor de este cambio». En este sentido, «deberían evitarse comunicaciones dentro de la propia factura, teniendo en cuenta la relevancia de estos cambios», añade.

La Comisión ha indicado que está solicitando a las eléctricas «que realicen las regularizaciones necesarias en los contratos de sus consumidores de forma que incluyan los precios correctos y, además, les informen de manera transparente».

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Competencia que aclare qué eléctricas han inflado ilegalmente el precio de la energía a los usuarios aprovechando la adaptación de las facturas a los nuevos tramos horarios.

 

La asociación ha dirigido un escrito a la Comisión en el que la advierte de que no puede demorar la difusión de estos datos para que los usuarios puedan reclamar la devolución del dinero cobrado de más al no habérseles informado del incremento tarifario con suficiente antelación y transparencia.

FACUA considera intolerable la falta de transparencia de Competencia, que oculta los nombres de las compañías eléctricas que han incurrido en esta ilegalidad, hecho que dificulta la reclamación por parte de los afectados de las cuantías cobradas de más en sus recibos y por tanto, la devolución del dinero.

En este sentido, FACUA ha instado a la Comisión a publicar los nombres de las comercializadoras que han aplicado subidas sin la debida información previa y ha reclamado al ministro de Consumo Alberto Garzón que actúe al respecto y exija a la CNMC que publique los datos de las eléctricas, así como que inste a las autoridades autonómicas de consumo a que apliquen sanciones a las empresas implicadas por las irregularidades cometidas.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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