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Competencia reconoce que algunas eléctricas han inflado ilegalmente hasta un 30% las facturas de la luz

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(OP).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe según el cual «existen una serie de comercializadoras cuyos términos de potencia y/o de facturación presentan diferencias significativas frente al valor que deberían haber facturado al consumidor».

De las eléctricas que han inflado ilegalmente el precio de la energía, la CNMC señala que, salvo algunas excepciones, «no ha existido esa comunicación transparente a sus clientes informando sobre la actualización de precios realizada y han indicado incorrectamente que esta se ha realizado para recoger la variación de los componentes regulados».

«Estas modificaciones», prosigue el informe, «van más allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes regulados, dando la posibilidad al consumidor de rescisión del contrato sin penalización. A este respecto, se recuerda que esta comunicación debe ser transparente y comprensible al cliente, mediante un escrito específico que permita al comercializador tener una garantía de que el consumidor es conocedor de este cambio». En este sentido, «deberían evitarse comunicaciones dentro de la propia factura, teniendo en cuenta la relevancia de estos cambios», añade.

La Comisión ha indicado que está solicitando a las eléctricas «que realicen las regularizaciones necesarias en los contratos de sus consumidores de forma que incluyan los precios correctos y, además, les informen de manera transparente».

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Competencia que aclare qué eléctricas han inflado ilegalmente el precio de la energía a los usuarios aprovechando la adaptación de las facturas a los nuevos tramos horarios.

 

La asociación ha dirigido un escrito a la Comisión en el que la advierte de que no puede demorar la difusión de estos datos para que los usuarios puedan reclamar la devolución del dinero cobrado de más al no habérseles informado del incremento tarifario con suficiente antelación y transparencia.

FACUA considera intolerable la falta de transparencia de Competencia, que oculta los nombres de las compañías eléctricas que han incurrido en esta ilegalidad, hecho que dificulta la reclamación por parte de los afectados de las cuantías cobradas de más en sus recibos y por tanto, la devolución del dinero.

En este sentido, FACUA ha instado a la Comisión a publicar los nombres de las comercializadoras que han aplicado subidas sin la debida información previa y ha reclamado al ministro de Consumo Alberto Garzón que actúe al respecto y exija a la CNMC que publique los datos de las eléctricas, así como que inste a las autoridades autonómicas de consumo a que apliquen sanciones a las empresas implicadas por las irregularidades cometidas.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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