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Compromís inicia una campaña de presión por la gratuidad de la AP-7 y pide a Ábalos que «diga claro qué hará» con ella

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – Compromís ha puesto en marcha una campaña para reivindicar la gratuidad de la AP-7 y presionar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos», para que «diga claro qué hará» con el vial tras terminar su concesión. La coalición ha asegurado que será «insistente» porque no quiere «ninguna sorpresa» tras el vencimiento de la concesión y ha advertido que los votos de Compromís en el Congreso «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

Así lo han manifestado este lunes la coportavoz de Compromís Águeda Micó; el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, y la diputada nacional Marta Sorlí, en una rueda de prensa para presentar la campaña que ha emprendido la formación para que el Ejecutivo central se comprometa de forma «clara» a no implantar peajes en la sombra, euroviñetas u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la AP-7 después de que termine el plazo concesional de la vía, en enero de 2019.

También han pedido que se construyan las conexiones que ha propuesto la Generalitat entre esta vía y determinados municipios, además de otros cinco enlaces que la coalición reclama tras un estudio que ha elaborado: en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón).

Mulet ha instado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a que «diga claro qué va a hacer con la AP-7». «Sabemos lo que quiere la Generalitat, no Madrid», ha indicado, antes de lamentar que la explotación privada de este vial ha sido una «vieja constante» durante legislaturas del PP y PSOE, porque «siempre» se ha renovado la concesión con alguna «excusa». «No queremos más sorpresas y agravios», ha subrayado.

Según ha explicado, a tres preguntas registradas por Compromís en el Senado al respecto, las respuestas recibidas han sido «ambiguas» y se limitan a contestar que no se prorrogará el plazo concesional, se revertirá a la Administración General del Estado y se suprimirá el peaje, sin comprometerse de forma explícita a que no haya ningún tipo de gestión privada como peajes en la sombra, euroviñetas, blandos u otras alternativas que impliquen el cobro por el uso de la vía.

Del mismo modo, ha recriminado que el Ejecutivo, cuestionado sobre «garantizar el acceso desde los municipios a la AP-7», señale que «analizará la medida una vez se finalice en plazo concesional». Para Mulet, se trata de un «problema serio» que no se debe «postergar».

MOCIÓN APROBADA EN EL SENADO
Mulet ha explicado que Compromís presentó antes de verano una moción en el Senado que contó con el voto favorable de todas las fuerzas excepto los socialistas, en la que se pedía que no se prorrogase la concesión «bajo ningún concepto»; que se dijera «claro que no habría ningún tipo de explotación privada»; se exigiera que la empresa entregase la autopista en condiciones «óptimas», algo que «no se está cumpliendo» porque hay zonas en «estado lamentable»; que se garantice como mínimo el «rescate» de los puntos negros y que se redacten «urgentemente» los enlaces de la vía con los pueblos que aún no cuentan con ellos.

Compromís está «muy preocupado» por la «postura» del PSOE, que es «parecida a la del PP» y «deja la puerta abierta a la gestión privada», no de peajes pero sí mediante otras modalidades que son «injustas» y «agravian a los valencianos». «No sabemos cómo más presionar», ha señalado, antes de indicar que instar a Ábalos a «que siga claro qué va a hacer con la AP-7».

CAMPAÑA «CONTUNDENTE» EN LOS MUNICIPIOS
El senador ha remarcado que «hace falta una campaña contundente y seria para dejar claro al PSOE» que Compromís «no transigirá». En este sentido, Àgueda Micó ha detallado que la coalición trasladará la moción que presentó Mulet a las tres diputaciones y a todos los ayuntamientos en los que está presente, para que la «ciudadanía vea su compromiso con la gratuidad y las conexiones» de la vía.

Además, organizará ruedas de prensa con los alcaldes de las comarcas «más afectadas»: La Safor, Marina Alta, Baix Maestrat y Plana Alta. Del mismo modo, se celebrarán «actos explicativos» para los ciudadanos.

Igualmente, ha puesto el foco en la visita del secretario de estado de Infraestructuras, Pedro Saura, el próximo miércoles para reunirse con a consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador. Compromís exigirá «que se moje y diga qué solución aportará» para la AP-7.

También se ha referido a la reunión del jefe del Consell, Ximo Puig, con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. «Reclamamos que tenga la actitud de un presidente de todos y no de un miembro del comité del PSOE», ha enfatizado Micó.

CONEXIONES CON LOS MUNICIPIOS
La diputada Marta Sorlí ha insistido en que Compromís apoyó la moción de censura para «revertir los chanchullos del PP» y que, para la formación, «uno de los temas fundamentales» en este sentido es la liberalización de la AP-7, que debe ser «gratuita» y, a la vez, «útil para los pueblos».

Bajo esta premisa, ha urgido al Gobierno central a que «se comprometa» a construir las conexiones con los pueblos que la Generalitat ha presentado. No obstante, ha dicho que el Consell «se ha quedado corto» y que Compromís, tras un estudio de las necesidades de los pueblos, añade a esta lista cinco enlaces más en en Calp, Gata de Gorgos (Alicante), Tavernes de la Valldigna (Valencia), Almenara y Alcalà de Xivert (Castellón). Son propuestas complementarias, «razonables» y «asumibles», ha remarcado.

EL PSOE «DEBE TENER VALENTÍA»
«Ahora, más que nunca, tenemos que tomar medidas» y Ábalos «se debe comprometer a estas conexiones», ha subrayado, antes de incidir en que el PSOE «debe tener valentía, que no es una de sus máximas fortalezas».

En la misma línea, Águeda Micó ha indicado que Compromís apoyó al Gobierno de Sánchez para «deshacerse del Gobierno de la corrupción y ser parte del cambio», pero «no es gratuito», ya que sus votos «se circunscriben a la capacidad de negociación del Gobierno estatal».

A su juicio, la formación se encuentra ante un «momento histórico» por el papel que puede jugar un «proyecto estrictamente valencianista», que además tiene en frente a un «Gobierno con el que se puede hablar». «Presionaremos al Gobierno de Madrid para tener lo que nos toca», ha concluido.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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