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Comunicado oficial del Partido Popular

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El Partido Popular respeta la decisión personal tomada en la tarde de hoy, por Esperanza Aguirre, de dimitir de su cargo de portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid y dejar su acta de concejal.

El Partido Popular valora y reconoce la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre, desarrollada en distintas Administraciones así como en el partido, y considera que ha sido una persona relevante para esta organización.

Por su parte el Partido Popular de la Comunidad de Madrid también ha emitido otro comunicado:

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid respeta y agradece la decisión adoptada por Esperanza Aguirre de renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Nuestra organización comparte las razones expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido.

Queremos recordar a la sociedad madrileña que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid emprendió una nueva etapa bajo la Gestora constituida en febrero de 2016, tras la decisión que Esperanza Aguirre tomó entonces de abandonar la Presidencia del partido.

Esta nueva etapa, ratificada por la militancia en el XVI Congreso regional celebrado en marzo de 2017, está marcada por una política beligerante con la corrupción que es irrenunciable, y está basada en la más absoluta transparencia, y tolerancia cero frente a cualquier posible indicio de la misma.

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones madrileñas, así como por ofrecerles un proyecto político atractivo, transparente y moderno para la ciudad de Madrid y para el conjunto de la región.

salacadula

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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