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El Consell realizará todas las acciones posibles para exigir al Gobierno la liquidación de 2016

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Cuentas remuneradas

(EUROPA PRESS)-La Generalitat Valenciana realizará todas las actuaciones «que en la relación entre dos gobiernos se puedan» dar para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso «inmediato» en las cuentas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de 2016. «Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo, todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero», ha dicho la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha asegurado: «Tienen que pagarnos y punto».

Así se ha pronunciado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que ha aprobado este viernes el acuerdo para reclamar esta cantidad de dinero que el Estado tiene «retenido» durante dos años, un tiempo en el que «han estado jugando con los intereses».

Preguntada sobre qué actuaciones concretas se contempla poner en marcha, Oltra ha indicado que «todas», precisando que «normalmente» comienzan por el intercambio epistolar y acaban con «reuniones, llamadas telefónicas o presiones». «Cualquier gestión encaminada a que nos paguen esos 1.500 millones de euros que son nuestros ya», ha reiterado.

Ha subrayado que se trata de un dinero que corresponde a los valencianos una vez liquidado el ejercicio 2016 y la justificación del importe a recibir «ya está hecha», comparándolo con la declaración de la renta que realizan los ciudadanos. Cuando sale a devolver, ha proseguido, se paga al ciudadano, y lo mismo «a lo grande» ocurre con las comunidades. «No se espere a julio, páguemelos ya», ha reiterado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, «decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas», señala la Generalitat.

El ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una «minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos» de la Generalitat.

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio 2018, con una minoración de 353 millones, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 «no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017» que los fijó en los citados 1.568 millones.

«Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana –señala el acuerdo– que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe».

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

Mónica Oltra ha pueso como ejemplo de la «arbitrariedad» del Gobierno en la entrega de liquidaciones de ejercicios anteriores y de desembolso del FLA que en 2015 –«año electoral», ha recordado– llegaron a la Comunitat 2.646 millones en el primer semestre (2.146 por el FLA extraordinario y 500 por la liquidación), en 2016 llegaron en ese mismo periodo 1.363 millones por el FLA extraordinario y 581 de liquidación, lo que supone un total de 1.944 millones, y en 2017 «494 millones solo por la liquidación».

Atendiendo a esa evolución, ha agregado, y «si atendemos a la amenaza de Montoro, las previsiones serían de 0 euros antes de julio, eso son datos objetivos, no una opinión o juicio de valor», ha concluido.

FINANCIACIÓN Y PARO

Por otra parte, preguntada sobre la propuesta del PSOE de que la reforma del modelo de financiación tenga en cuenta la tasa de paro de las comunidades, Oltra ha recordado que el Consell ya ha defendido que se tuvieran en cuenta en esa reforma del modelo indicadores como la tasa AROPE que mide el empobrecimiento de la población, lo que en cierta manera también va ligado a la tasa de paro.

Según ha indicado, combinando este tipo de indicadores con la renta per cápita se puede «aproximar más a la realidad» de un territorio y tener en cuenta las desigualdades internas: «Todos los criterios que vayan a buscar un sistema de mayor equidad y más redistributivo me parece bien», ha aseverado.

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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