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Simulador de Hacienda: ¿A pagar o a devolver en la Declaración de la Renta 2024-2025?

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Declaración de la Renta 2025

Simulador de Hacienda: ¿A pagar o a devolver en la Declaración de la Renta 2024-2025?

La Agencia Tributaria ha lanzado una herramienta clave para la campaña de la renta 2024-2025: el simulador Renta WEB Open. Este sistema permite a los contribuyentes conocer de antemano si su declaración del IRPF resultará a pagar o a devolver, facilitando la planificación financiera antes del inicio de la campaña, que se desarrollará del 2 de abril al 30 de junio de 2025, con el límite para domiciliaciones el 25 de junio.

¿Cómo funciona Renta WEB Open?

Renta WEB Open es un simulador sin necesidad de identificación ni acceso a datos fiscales, permitiendo a los usuarios introducir manualmente su información para obtener un cálculo estimado. A diferencia del sistema oficial de presentación, este simulador no permite el envío definitivo de la declaración, pero sí genera un documento en PDF con la vista previa del resultado.

Pasos para usar el simulador de la Renta

  1. Acceder a la plataforma Renta WEB Open desde la web de la Agencia Tributaria.
  2. Iniciar una nueva simulación o cargar un archivo previamente guardado.
  3. Introducir los datos personales y económicos.
  4. Consultar el resumen detallado con el resultado de la declaración.
  5. Simular tanto una declaración individual como conjunta.

Beneficios y características del simulador

  • Búsqueda por número de casilla.
  • Validación de errores en los datos introducidos.
  • Opción de guardar el progreso en un archivo descargable.
  • Posibilidad de revisar y modificar la simulación en cualquier momento antes de la presentación oficial.

Novedades en la Declaración de la Renta 2025

Los contribuyentes deben tener en cuenta las nuevas casillas que se incorporarán en la declaración de la Renta 2025 para evitar sanciones. Además, los expertos explican que ciertos gastos, como el gimnasio, pueden ser deducidos en algunos casos, con un máximo de hasta 300 euros.

Esta iniciativa de la Agencia Tributaria facilita la evaluación de diferentes escenarios fiscales antes de la presentación oficial. Para acceder al simulador, se puede visitar la web de la Agencia Tributaria, donde la herramienta está disponible sin necesidad de registro previo.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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